“No sólo el Ayuntamiento de Yaiza, ningún ayuntamiento, me atrevería a decir, está preparado para asumir las responsabilidades” urbanísticas que le asigna a las corporaciones municipales la nueva Ley del Suelo, admite la alcaldesa sureña, Gladys Acuña, una de las últimas voces críticas con la normativa que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Canarias para que comience a tramitarse.

Con la nueva Ley se refuerzan las competencias municipales y cada ayuntamiento tendrá capacidad “plena” para aprobar su propio planeamiento urbanístico y autorizar intervenciones en suelo rústico, que hasta ahora tenía que conceder el Cabildo mediante calificaciones territoriales. El Ayuntamiento de Yaiza, destaca la alcaldesa, carece de los funcionarios necesarios.

La principal objeción que se ha hecho a la nueva Ley del Suelo es la “desaparición” de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que ejercía un “control de legalidad” de planes urbanísticos y de proyectos. Acuña considera que “no se debería suprimir” la Cotmac sino hacerla “más ágil”. Es un órgano, subraya, que “tiene una visión global de Canarias y, si los ayuntamientos actuamos por nuestra cuenta, podemos cometer errores o incluso ir en contra de la ordenación general del Archipiélago”.

Acuña defiende el “control de legalidad” y la “visión global” que tiene la Cotmac, que los críticos denuncian que se vacía de competencias

El Gobierno de Fernando Clavijo (CC) y Patricia Hernández (PSOE) justifica la nueva ley por la “maraña normativa” que diagnostica en Canarias, considera que el planeamiento debe ser flexible para atraer a inversores y “que se genere actividad económica”, y apela a los “más de 240.000 parados” que tienen las Islas, como hizo el presidente en una visita reciente a Lanzarote.

El experto urbanista Faustino García Márquez advierte de la cantidad de “instrumentos excepcionales” que tiene la ley “para autorizar proyectos no contemplados en el planeamiento insular o municipal”, tanto “de iniciativa pública como privada” y que se pueden autorizar de forma “arbitraria”.

García Márquez participa de la plataforma ‘Canarias no es un solar’, que en Lanzarote abandera la Fundación César Manrique y a la que se han sumado numerosas organizaciones sindicales, ecologistas o formaciones políticas. El director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, censura que la ley “concibe el suelo como mercancía”, con una “visión desarrollista” sin “límites al crecimiento”.