La 'Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa ha solicitado a la Sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que se le considere como personada como acusación popular en las diligencias abiertas por tres delitos contra el juez Rafael Lis, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife.

El TSJC considera que "la prestación de fianza del actor popular se configura como una obligación ex lege y un requisito de procedibilidad de necesario cumplimiento para el ejercicio de la acción penal popular" y que, por tanto, la asociación debe ingresar 12.000 euros si quiere ejercitar esa acusación.

Jiménez de Asúa es una asociación creada recientemente en Gran Canaria sin ninguna otra actividad conocida que no sea la de personarse en los casos de corrupción de Lanzarote.

Además, ha intentado personarse en casi todas las piezas del caso Unión, incluido el presunto robo de autos que tramitaba el juez Lis, así como en los expedientes administrativos del proceso de regularización o derribo de los hoteles ilegales de Playa Blanca, en el contrato con el redactor del Plan General de Yaiza o en la pieza que investiga los pagos del Cabildo de Lanzarote al abogado Ignacio Calatayud, entre otros.

La asociación se querelló contra el primer instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, aunque la querella no prosperó

El juez Lis le permitió personarse como acusación, en el caso de la sustracción de autos de Unión. La asociación se ha presentado en la mayoría de las piezas cuando la instrucción casi había terminado. Su estrategia judicial, por otra parte, coincide plenamente con la de algunos de los principales acusados en el caso Unión.

Además se querellaron contra el primer instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, aunque la querella no prosperó. También han recusado a la actual juez instructora de Unión, Silvia Muñoz, pero no se les aceptó esa recusación y la Audiencia Provincial les impuso una multa de mil euros y les acusó de mala fe.

Así, la Audiencia Provincial señaló que su único fin era "el de tratar de apartar de la causa a la instructora para dilatar su tramitación". La Fiscalía dijo sobre su personación que "si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece".