La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el acuerdo extrajudicial que alcanzaron el Ayuntamiento de Yaiza y el Hotel Papagayo Arena para intentar legalizar el hotel. Con ese acuerdo, ambas partes daban por ejecutada la sentencia del año 2007 que a su vez anulaba las licencias de construcción del polémico hotel, levantado junto a la playa de Las Coloradas.

El TSJC estima los recursos del Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique, que habían recurrido las licencias originales, concedidas por el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.

La Sala ha emitido dos resoluciones por las que, por una parte, anula ese acuerdo alcanzado entre las dos partes infractoras (quien concedió la licencia ilegal y quien la obtuvo), y por otra, no archiva el incidente de ejecución de sentencia.

El tribunal señala que la sentencia que anula la licencia de construcción del Papagayo Arena no ha sido ejecutada y que se habrá ejecutado cuando se tramite un expediente de legalización y el hotel consiga una licencia válida.  

Ese procedimiento ya se siguió, después de que se aprobara un nuevo Plan General de Ordenación en 2014, por parte de este hotel y de todos cuyas licencia se anuló por la Justicia. Unos hoteles obtuvieron licencia y otros, como el Pagayo Arena, no la lograron.

El TSJC indica que la ejecución de la sentencia no imponía necesariamente la demolición de lo construido al amparo de la licencia de obras anulada, “siempre que la edificación pueda ser legalizada siguiendo el procedimiento legalmente establecido”. No obstante, ahora añade: “Y en caso de que dicha licencia no pueda ser obtenida, la edificación estará huérfana de licencia y por tanto, abocada a su demolición”.

Ante la imposibilidad de legalización, el Ayuntamiento de Yaiza y el hotel llegaron a un acuerdo extrajudicial, que fue homologado después, y que ahora se anula por vulneración de la tutela judicial efectiva tanto al Cabildo como a la FCM, porque no fueron emplazados al procedimiento, pese a que fueron las dos entidades que impugnaron los permisos de obra.

Apunta el TSJC que “incluso llegando ambas partes a un acuerdo (Hotel y Ayuntamiento) con respecto a cómo legalizar la construcción, ello no excluye el deber de ejecutar la sentencia en sus propios términos, es decir, mediante la obtención de la correspondiente licencia urbanística que legalice lo ilegalmente construido, y sujeta a control jurisdiccional para evitar lo que se llaman inejecuciones indirectas”.

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Partes interesadas

El TSJC reconoce que tanto el Cabildo como la FCM son partes interesadas en el procedimiento  y que debían haber sido emplazadas, en contra del criterio del hotel y del Ayuntamiento, y ordena retrotraer las actuaciones seguidas ante el Juzgado “al estado inmediatamente anterior al momento en que tanto al Cabildo como la Fundación César Manrique debieron ser emplazados”.

El Hotel Papagayo Arena sostiene que la Corporación insular no es parte interesada porque “no es posible entender que el Cabildo ostente un interés legítimo omnímodo que implique que deba ser emplazado en todo procedimiento que verse sobre urbanismo”, y el Ayuntamiento no reconocía como parte a la FCM.

Ilegalizable

El Cabildo considera que las obras del Papagayo Arena resultan “incompatibles” con la ordenación territorial y urbanística y que solo cabe la demolición. Por su parte, según el acuerdo entre el Hotel y el Ayuntamiento, el Consistorio se ha mostrado ahora dispuesto a cambiar el planeamiento municipal para su legalización.

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No obstante, hace cinco años, el Ayuntamiento de Yaiza notificó a la propiedad del Hotel Papagayo Arena una resolución de su Junta de Gobierno por la que rechazaba el proyecto de legalización del establecimiento hotelero, presentado un año antes. El motivo principal para informar de forma desfavorable era que ese proyecto incumplía el Plan General de Ordenación.

Informe 'Legalidad Urbanística' del Cabildo.

Pasillo verde ocupado

El Papagayo Arena había obtenido licencia en el año 2000, que fue anulada por los tribunales. El principal escollo para su legalización es que se construyó uniendo dos parcelas entre las que había un pasillo verde de seis metros de ancho, una zona de paso hacia la costa.

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La propiedad del establecimiento presentó en 2016 un proyecto redactado por el mismo arquitecto que diseñó el hotel, Ángel García Puertas, que proponía un paso alternativo y que obtuvo informe favorable de Costas, aunque su postura no era preceptiva, y de hecho el equipo redactor del PGO rechazó esa solución, que consistía en un acuerdo con el hotel colindante, Dream Gran Castillo, para garantizar el paso al litoral desde dos rotondas.