El Tribunal Supremo ha validado el Plan Especial del Puerto de Arrecife (PEPA), que se aprobó en 2006 por el Ayuntamiento capitalino y que impugnó en los tribunales Alternativa Ciudadana al considerar, entre otras razones, que no se había efectuado una evaluación ambiental adecuada del planeamiento.

El recurso de Alternativa fue acogido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló en 2010 el Plan Especial del Puerto de Arrecife. Con posterioridad, en 2011, el Tribunal Supremo enmendó al TSJC y consideró que no cabía anular el planeamiento portuario por la ausencia de evaluación ambiental estratégica.

El procedimiento volvió al Tribunal Superior de Justicia, que en 2014 rechazó la batería de motivos expuestos por Alternativa Ciudadana contra el Plan Especial, aunque la sentencia contó con un voto discrepante en el tribunal, que daba la razón a la formación política.

Ahora, el Tribunal Supremo zanja el procedimiento con una sentencia en la que desestima los argumentos expuestos por Alternativa Ciudadana, especialmente por plantear el recurso de casación, que tiene unos motivos tasados, como si fuera una alegación a la sentencia del TSJC y no ceñirse a las supuestas infracciones de la normativa estatal vulnerada.

El Plan Especial del Puerto de Arrecife que se aprobó en julio de 2006 por el pleno municipal, que entonces presidía María Isabel Déniz, incluía la construcción de un puente que atravesaba la bahía de Naos y un desarrollo urbanístico mayor al que finalmente se ha acometido en la zona de servicio del puerto.

El recurso de Alternativa Ciudadana tuvo incidencia en el diseño que se hizo del muelle deportivo. La Autoridad Portuaria, tras la primera sentencia favorable a Alternativa, cambió las condiciones del concurso y se renunció a más rellenos tanto en el dique de Naos, donde está el muelle, como en las inmediaciones de la Escuela de Pesca, donde se contemplaba un área comercial y un hotel.

Condena en costas a Alternativa

Alternativa Ciudadana ha sido condenada por el Tribunal Supremo a hacer frente a las costas del procedimiento judicial: 4.000 euros más impuestos para el Ayuntamiento de Arrecife y otro tanto para la Autoridad Portuaria de Las Palmas, las otras partes en el proceso.