El grupo socialista del Cabildo de Lanzarote considera que la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Canarias (CC-PSOE) apuesta por un modelo contrario al del desarrollo sostenible. En unas alegaciones firmadas por el portavoz del Cabildo y secretario de Organización, José Juan Cruz, los socialistas hacen ocho alegaciones a esa Ley.

En la primera de ellas, solicitan que se amplíe el plazo de participación y debate y consideran que es necesario que haya un proceso de concertación social e institucional. También consideran que la desconcentración de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en los ayuntamientos supone un cambio sustancial y por ello es necesario un debate sobre los controles de legalidad.

"La apuesta por la municipalización -señalan- en la tramitación y aprobación del planeamiento puede generar contradicciones que, lejos de agilizar, redunde en un mayor obstáculo en el desarrollo equilibrado del suelo (...) que puede suponer, en la práctica, contrariamente al fin que parece estar detrás de tal apuesta de la ley, en una huida de la inversión", ya que el control de legalidad se deja en su totalidad en manos de los tribunales.

El PSOE considera que la Ley apuesta por un modelo contrario al del desarrollo sostenible, que para ellos es un objetivo irrenunciable y afirman que en época de crisis tampoco se debe primar el crecimiento: "Los valores de desarrollo sostenible deben ser objeto de una protección amplia por su vinculación con el interés general y constituir uno de los rasgos diferenciadores de nuestra isla y comunidad. Nos parece contraproducente hacer depender estos valores del ciclo económico en el que nos encontremos, flexibilizándolos en momentos de contracción económica y fortaleciéndolos cuando soplen vientos expansivos para la economía de las islas", señalan.

Otra de las preocupaciones del PSOE es la asunción por parte de cabildos y ayuntamientos de nuevas competencias pero sin que se amplíen los recursos humanos y materiales, ya que no se recoge "previsión presupuestaria ni ficha financiera alguna con la que acometer las inversiones necesarias derivadas de la aplicación futura de dicha Ley".

Por ello, en sus alegaciones, que forman parte del expediente de tramitación de la Ley del Suelo, piden que se incluya una memoria económica que aclare el esfuerzo presupuestario que exigirá la correcta aplicación de la futura Ley del Suelo sin comprometer la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales.

“Sin visión insular”

Los socialistas también creen que el hecho de otorgar a los ayuntamientos el papel protagonista en la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico puede redundar en un detrimento del equilibrio insular territorial. Por otra parte, señalan su preocupación por el desarrollo urbanístico del suelo rústico y la "flexibilización" de sus usos bajo la pretensión de incrementar la rentabilidad del sector primario. "Este conjunto de cuestiones y la liberalización señalada – aseguran- plantea una evidente preocupación por la importancia vital del paisaje v del suelo rústico para la isla, lo que, al menos, lleva a solicitar una mayor reflexión y debate".

Finalmente, señalan que "el descafeinamiento del modelo de ordenación territorial que debe marcar el devenir de la isla, de forma coherente y equilibrada, con una pérdida de competencias que se traduce en última instancia en la falta de control del suelo rústico, vital para la Isla, en la que parece deslumbrarse un mosaico territorial fragmentado, sin esa visión insular que se considera vital para seguir apostando por el modelo de desarrollo sostenible que ha imperado desde la aprobación del Plan Insular de Ordenación de 1991".