Seis años y medio después de la primera vista oral del caso La Bufona, cuya sentencia fue anulada, se ha iniciado la segunda vista en el Juzgado de lo penal 3 de Arrecife. De nuevo se sientan en el banquillo como acusados el promotor y el constructor de la urbanización, Federico Echevarría y Antonio Caro. La Fiscalía pide para ellos penas de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia. En el primer juicio fueron condenados a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y al derribo de lo construido sin título habilitante, una parte de 14 casas construidas en suelo rústico de protección ecológica.

La acusación sostiene que ambos, socios de Brisa Inversiones, en la construcción de esas viviendas ocuparon suelo rústico de especial protección de jable que estaba fuera de los límites de la urbanización sin realizar las cesiones obligatorias y aumentando la edificabilidad y superficie máxima de las casas en contra de la normativa urbanística. El tercer socio era Francisco Carmona, trabajador municipal y encargado del catastro, ya fallecido.

El magistrado Francisco Javier Bretones desestimó todas las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas, excepto la posible prescripción de los delitos, que analizará en la sentencia. Las defensas de los acusados consideran que los hechos están prescritos. En abril de 2015, la Audiencia provincial de Las Palmas ya se manifestó sobre esta cuestión señalando que no habían prescrito.

El abogado de la familia Murillo, que ejerce la acusación particular, solicitó que se suspendiera la vista para llamar al procedimiento a los 52 propietarios de casas del plan parcial. La Fiscalía ha incluido en el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios, a 33 de esos propietarios, pero faltan 19. La acusación pide que se les llame para que no haya otra posible nulidad si les afecta el fallo, como en la primera sentencia.

La representación de uno de los propietarios aportó una noticia sobre el proyecto de nueva autovía por esa zona para intentar demostrar que el suelo ya no es rústico de protección de jable. Los abogados defensores de los propietarios alegan “inconcreción”por parte de la Fiscalía en su acusación porque no define qué elementos de las casa serían susceptibles de demolerse. Los propietarios que no pertenecen a las catorce casas al norte de la calle Chabusquillo alegan que sus propiedades están en suelo urbano.

Por su parte, la abogada Delia Fernández, que se representa a ella misma como propietaria y a su marido, el fiscal Miguel Pallarés, señaló que la Adaptación básica del Plan General de Arrecife de 2004, que es la que está en vigor, señala toda la zona como suelo urbano.

Obras posteriores, culpa de los propietarios

Durante su declaración, Federico Echevarría recordó los inicios de la construcción de la urbanización. Dijo que contactó con Carmona y que el plan parcial inicial ya estaba ejecutado en el año 1995. Se les ocurrió hacer una modificación del plan parcial para construir más casas y más pequeñas porque serían “más vendibles”. Dijo que “todo se hizo de acuerdo a la modificación puntual” aunque admitió que el límite por el norte de las casa de la calle Chabusquillo lo ampliaron, con un muro, fuera de la delimitación de la modificación pero dentro de los límites del plan parcial inicial y también fuera del suelo rústico.

Aseguró que en la modificación recogieron la realidad física del plan parcial, que “todo se hizo legalmente, con licencias y certificados de final de obra”, que los técnicos municipales giraron una visita y “dijeron que todo estaba bien”, que las obras terminaron a principios del año 2000 y que cuando llegó la orden de paralización ya estaban terminadas. Señaló que no se invadió suelo rústico y que el suelo no era propiedad de Murillo porque el PIO reflejaba la zona de protección a 450 metros del límite.

Todas las edificaciones posteriores a la entrega de las viviendas (pérgolas, piscinas, etc.) las realizaron los propietarios, señaló Echevarría, dentro de los límites del muro ejecutado por la constructora. Dijo que “lo edificado” está en los límites de la modificación del plan parcial y que había una diferencia de unos trece metros al norte entre el plan inicial y la modificación del plan y el muro se hizo con los límites del plan inicial. Señaló que los peritajes “no valen” porque están basados en el primer plan parcial, no en la modificación.

“Se construyeron más allá porque la propiedad llegaba hasta allí y no era suelo de protección. No sé si se vendió o se cedió a los propietarios”, dijo. El arquitecto señaló en dos ocasiones que no hicieron ninguna ilegalidad y que “en Lanzarote nunca se ha construido nada más legal que lo que hicimos nosotros”.

Antonio Caro se encargó de gestionar las licencias y el papeleo porque Echevarría no vivía en la isla y Carmona “no quería hacerlo porque trabajaba en el Ayuntamiento”. Declaró, por videoconferencia, que se ajustó al diseño que le dieron y afirmó que las casas más cercanas a Arrecife se hicieron antes de de la modificación y las otras después. Dijo que no le consta que se precintaran las obras.

Declaración de Murillo

Algunas defensas solicitaron que se anulara la declaración de Gonzalo Murillo, que lo hace en calidad de testigo, porque hace unos meses envió un correo electrónico dirigido al magistrado que juzga la causa. Dijo Murillo que lo hizo “para ayudar” al juez.  

Explicó el proceso de compra de los terrenos por parte de su padre, que ya había comprado suelo en esa zona en los años ochenta. Dijo que Carmona le instó a que los comprara. Eran tres fincas de suelo rústico pero había 4.000 metros cuadrados urbanos, incluidas zonas verdes y viales. “Se ha construido sobre ese suelo sin que yo vendiera las parcelas. Las propiedades de Brisa tiene como límite la calle Drago, “y la calle Chabusquillo está al norte de la calle Drago, por lo tanto no pueden ser propietarios de ese suelo”. Señaló que compró desde Gran Canaria, sin ver el estado de los terrenos, cuyas obras ya habían empezado o estaban a punto de hacerlo.   

Murillo dijo que su padre denunció ante el Seprona en Las Palmas y que se ordenó la paralización de las obras pero no se respetó. Respecto al muro al norte de la calle Chabusquillo, dijo que el fondo era de 22 metros y tiene cuarenta y las casas ocupan suelo rústico de su propiedad. Aseguró que hubo “alteraciones fraudulentas de los linderos de las fincas” de Brisa, tal y como se lo corroboró el Registrador de la propiedad.