El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene abiertas unas diligencias informativas desde el mes de febrero tras recibir varias denuncias por la actuación del magistrado Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de instrucción 4 de Arrecife, durante la intervención de la Guardia Civil en una casa en la que se alojaba el propio juez, ante una infracción de la normativa vigente entonces para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus.

En aquel momento, Lanzarote se encontraba en nivel cuatro de alerta epidemiológica por la pandemia de Covid y el encuentro, en una villa, presuntamente contravenía las restricciones establecidas.

El promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial aún mantiene esas diligencias en fase informativa, según confirmaron fuentes del CGPJ a Diario de Lanzarote, y podría decidir su archivo o proponer una sanción.

Después de las primeras denuncias, llegaron otras que se acumularon a las anteriores diligencias por otra intervención del magistrado, en este caso a finales de marzo en el aeropuerto de Lanzarote, supuestamente por no querer abandonar la terminal sin ser viajero.

En ambos casos, lo que se investiga es si el magistrado se pudo valer de su condición de juez para extralimitarse en su trato a las fuerzas de seguridad o para conseguir un trato diferenciado, añadieron las fuentes.

Por otra parte, esta semana se conocía que dos guardias civiles que intervinieron en la fiesta donde estaba el juez en el mes de febrero han sido expedientados por la divulgación de los vídeos del operativo y se enfrentan a una sanción grave tras la queja planteada por el propio magistrado.

Los vídeos del operativo fueron divulgados por los medios de comunicación, el juez elevó una queja a la Guardia Civil y el instructor del procedimiento ha concluido que los dos funcionarios pudieron haber cometido una infracción grave, castigada con penas que van desde los cuatro días de sanción a la pérdida de destino. Además, el instructor propuso desmantelar el Grupo de Intervención Rápida (GIR) que actuó en aquella intervención.

Por aquella intervención, la Guardia Civil tramitó una denuncia por cada uno de los intervinientes en la fiesta por incumplimiento de las medidas excepcionales adoptadas por la pandemia.

Diario de Lanzarote accedió a varios vídeos de la intervención. En uno de ellos se escucha a un agente decir a alguien de la villa: “No te escondas que ya te vimos”. Y, posteriormente, dice otro: “Todos a la puerta”, dirigiéndose a las personas que había en la casa. Otro agente dice: “Hay un juez y todo, ¿no? Tócate los huevos”.

En otro vídeo se ve al magistrado, sin mascarilla, solicitando a los agentes que se identifiquen. “Yo quiero el de usted, ese es uno, háganme el favor”, dice el juez. En los vídeos se aprecia también la presencia de Fernando Becerra, que fue condenado en el caso Unión. El empresario, que reconoció los hechos, ofreció un soborno al socialista Carlos Espino, en nombre de Luis Lleó, para desbloquear la construcción de la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca.

Tras la identificación de las personas que estaban en la villa, los agentes escucharon decir a uno de los integrantes de la fiesta: “Ahora ponemos la música a más volumen”, y también escucharon al juez decir: “Pero por cojones me dijeron quiénes eran”, en referencia los agentes.