El juicio del caso Montecarlo por la pieza de Tunera tenía que haber empezado el último día de enero. No arrancó por la huelga de los letrados de administración de justicia y este martes tampoco ha comenzado. Las partes dan por hecho que la suspensión provocará que se demore varios meses, hasta que se fijen nuevas fechas.

El último calendario del caso Montecarlo, después de que se aplazará la primera sesión el 31 de enero, especificaba que la primera jornada sería este martes Arrecife, con la cuestiones previas y la declaración de testigos. El miércoles se celebraría la segunda sesión en Gran Canaria con las pruebas periciales.

El juicio regresaría a Lanzarote el jueves para nuevas testificales, al igual que el viernes. Y ya en Gran Canaria se celebrarían cinco jornadas de forma consecutiva: del lunes al viernes de la próxima semana.

Sin embargo, este nuevo retraso en el inicio de las sesiones del caso Montecarlo lo más probable es que obligue a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas a configurar un nuevo calendario de sesiones, al tratarse de un juicio complejo con multitud de testificales y periciales.

Este martes, según indicaron las fuentes consultadas, los magistrados de la Audiencia ni se llegaron a desplazar a Lanzarote para celebrar la vista, fijada para las 9.30 horas. Por los Juzgados de Arrecife se puede ver a algún testigo citado, así como al empresario Eduardo Ferrer, propietario de la productora Tunera.

Última pieza

Esta es la quinta y última pieza del caso, relacionada con la empresa Tunera. Además del propietario de la empresa, también están acusados otras siete personas, entre exconcejales y trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife. En la causa se investigó si se pagó por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de las irregularidades en la contratación o justificación de esos servicios.

La Fiscalía señaló como conclusión que “el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife” a la empresa asciende, “sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima” de 3,2 millones de euros, de los cuales “al menos” 121.000 euros obedecen según el Ministerio Fiscal “a pagos por servicios no prestados”.

El fiscal solicita seis años para el exinterventor Carlos Sáenz, lo mismo que para el dueño de la empresa, y cuatro años y medio para los exconcejales Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur, igual que para los trabajadores Miguel Ángel Leal y José Nieves. También están acusados los trabajadores Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort.

El exalcalde José Montelongo también se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión, por pagos cuando era concejal de Hacienda. A los exconcejales Víctor Sanginés e Isabel Martinón se le pide otros tres años de cárcel.