El juicio del proceso penal por la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento de Yaiza a Residencial Costa Roja en el año 2006 ha quedado visto para sentencia en una sola sesión ante el Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife.

La Fiscalía y las dos acusaciones, ejercidas por el Cabildo de Lanzarote y por Carlos Espino, actual jefe de gabinete de la presidencia de la institución insular, han solicitado una pena de inhabilitación de algo más de tres años y una multa de 4.000 euros por prevaricación urbanística.

Los tres acusados, el exalcalde José Francisco Reyes, el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes y el exjefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, han pedido la absolución. La acusación representada por Espino, que pedía penas de cárcel, se ha adherido finalmente tanto a las conclusiones finales de la Fiscalía como a su petición de pena.

Por otra parte, la defensa de Reyes planteó antes del inicio de la vista un acuerdo de conformidad que no fue aceptado por Fiscalía. Reyes no admitió los hechos durante su declaración aunque su defensa, que no hizo ninguna pregunta durante la vista oral, argumentó al final de la vista que sí los había admitido y pidió una pena menor en caso de no ser absuelto, una multa de unos mil euros.

En el año 2006, el promotor Luis Lleó presentó un proyecto básico de obra para construir 45 edificios de dos plantas que contendrían más de mil viviendas y más de 200 locales comerciales en un suelo a la entrada de Playa Blanca calificado como de reserva urbana (urbanizable).

En poco más de tres meses, el Ayuntamiento concedió la licencia para el proyecto básico, primero, y después para el proyecto de ejecución. El Cabildo recurrió la licencia y consiguió que se dictara una orden de medidas cautelares que impidió que las obras comenzaran.

La licencia fue anulada después por la vía contencioso administrativa porque el suelo no era urbano ni estaba ordenado ni sectorizado. Para construir había que aprobar antes un instrumento de planeamiento.

Durante la declaración de Reyes, el exalcalde ha vuelto a insistir, como hizo en otros juicios anteriores, en que no entendía de urbanismo: “Yo de urbanismo ni entendía ni entiendo nada”. Alegó que se iba a firmar un convenio urbanístico que creía que era bueno para el municipio “y hacían falta viviendas, lo estamos viendo ahora”, dijo.

El Cabildo recurrió la licencia y consiguió que se dictara una orden de medidas cautelares que impidió que las obras comenzaran

Uno de los peritos que declaró calificó el proyecto como “el más grande que se hubiera hecho en Canarias”, ya que cabría la mitad de la población entonces censada en el municipio.

En cambio, el exalcalde dijo que no le prestó especial interés  a la promoción de Lleó y lo tomó como un proyecto cualquiera. “No recuerdo si leí el expediente  -contestó-, creo que vi los informes, en ese momento pensé que eso se podía hacer”. “No tuve dudas, me pareció normal, me imagino que los técnicos se dieron más prisa en tramitarlo”, aseguró. 

El exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, contó su proceder ante la avalancha de expedientes entre 700 y 800 al año, dijo- y dado que entonces no era licenciado en Derecho, estaba solo en su departamento y no había  ningún jurista en el Ayuntamiento aunque había un asesor (Felipe Fernández Camero) pero, según él, para otras cuestiones.

Por estos motivos, el exsecretario declaró que hacía informes tipo, que tenía varias plantillas y después los pasaba a la Oficina Técnica, y que si los informes de esta Oficina eran negativos, el de Secretaría sería negativo también.

El exsecretario defendió que su informe, en este caso, fue desfavorable aunque no lo pusiera de forma explícita. Dijo que no supo que era para mil viviendas. “No sé si el alcalde entendió los informes”, alegó. Señaló que con “esa plantilla” y los pocos medios que tenía, hizo constar que no se daban las condiciones para poder obtener la licencia.

Terrenos donde estaba previsto construir más de un millar de viviendas en Playa Blanca. Foto: DIARIO DE LANZAROTE.

El exjefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, alegó algo similar. Dijo que reflejó en su informe todos los impedimentos que tenía ese suelo para poder hacer el proyecto y explicó que, en el Ayuntamiento de Yaiza, primero se hacía el informe jurídico y después el técnico. Señaló que el informe del secretario era genérico, “de plantilla”, porque fiaba su conclusión a lo que dijera la Oficina Técnica.

Lorenzo alegó que tuvo muy claro desde el primer momento que el informe debía ser desfavorable porque el proyecto no contaba con instrumento de planeamiento, y que su informe era “claramente desfavorable”, aunque reconoció que no lo ponía de forma explícita pero que “cualquiera con un mínimo conocimiento urbanístico entiende que no es favorable”.

El fiscal, Carlos Fernández Seijo, le contestó que él, tras leer el informe, no lo entiende como desfavorable.

Peritos

El redactor del Plan General de Yaiza de 2014, Jorge Coderch, dijo que el entonces secretario, el concejal de Urbanismo y el exalcalde le instaron en aquellas fechas, cuando había sido contratado por Gesplan, a que incluyera ese suelo en el Plan General, y que si no lo incluía no se podría aprobar el Plan General y por tanto no podría cobrar sus honorarios. Ratificó que hacía falta un instrumento de ordenación para dar una licencia.

“Dudo que en Canarias se haya tratado un proyecto tan grande con esta ligereza”, resaltó el abogado Agustín Domingo Acosta

En la vista oral declararon dos peritos, Leopoldo Díaz, jefe de la Oficina del Plan Insular (hoy viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias) y el abogado Agustín Domingo Acosta, que representó al Cabildo en el contencioso sobre esta licencia.

Tanto Díaz como Acosta indicaron que los informes para la licencia son claros, que no hay pronunciamiento y que necesitaban informe del Cabildo previo a la licencia de obras que concedió Reyes. Díaz apuntó que se advirtió al Ayuntamiento de que lo acordado era ilegal, antes de la segunda licencia y que no recuerda contestación.

Acosta explicó que los informes incumplían toda la normativa aplicable, de procedimiento y de fondo.  Dijo que primero se debe hacer el informe técnico y después el jurídico, que debe aclarar las dudas que tenga el técnico. Además, los informes deben incluir una propuesta de resolución, que se otorgue o no se otorgue la licencia. Dijo que el informe jurídico no se puede considerar como tal y que el técnico era arbitrario. “Dudo que en Canarias se haya tratado un proyecto tan grande con esta ligereza”, resaltó.