En Lanzarote hay varios miles de casas que se comercializan, o aspiran a ello, como villas turísticas o de alquiler vacacional. El Gobierno de Canarias aprobó el pasado 22 de mayo el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales. Un Decreto muy esperado. “Parecía que todo iba bien hasta que se metió a última hora un artículo que lo cambia todo y no arregla nada”, dice Eileen Izquierdo, abogada que representa los intereses de varios propietarios y que ha recurrido el Plan General de Yaiza por su regulación de las villas.

Ese artículo que se incluyó por las presiones de las asociaciones hoteleras dice que se permite el alquiler vacacional siempre y cuando no lo prohíba expresamente la comunidad de propietarios y si la casa no está en zona turística, urbanización turística o mixta.

Para entender esa definición hay que acudir al artículo 2 de la Ley de renovación y modernización turística, que no aclara nada. La definición que da de lo que es cada cosa es tan ambigua que, en una jornada celebrada la semana pasada en el Cabildo sobre esta ley, nadie se puso de acuerdo sobre su alcance. De manera estricta, solo se permitiría la regularización de las casas que estén en el campo y en los pueblos, pero no entrarían el 95 por ciento de las casas que están en Puerto del Carmen, Costa Teguise o Playa Blanca.

La nueva normativa no aclara si las casas en las zonas turísticas se pueden acoger

Hay muchas casas que están en un callejón sin salida: no pueden ser villas turísticas ni de alquiler vacacional (aunque nadie sabe cuál es la diferencia) ni tampoco residenciales. Por ejemplo, una casa en Playa Blanca que tenga cien metros cuadrados y esté cerca del mar en un plan parcial turístico no podría alquilarse como villa porque no tiene 120 metros (o 650 de parcela o es adosada), como exige el nuevo Plan General y tampoco podría alquilarse al estar a menos de 200 metros de la costa. La solución sería que el propietario la usara como residencia, pero tampoco puede ser porque está en suelo turístico. En esa situación hay cientos de casas.

La ambigüedad es tal que no se sabe si cuando se habla de zona turística se refiere a las tres que hay en Lanzarote: Playa Blanca, Costa Teguise y Puerto del Carmen, a todo un plan parcial o a cada promoción dentro de ese plan.

En el anulado y ya nuevo plan parcial Playa Blanca, a los propietarios les han enviado una circular que se refiere así al Decreto: “Las interpretaciones del texto y la repercusión mediática, han dado lugar a informaciones controvertidas y confusas”, les dicen a los propietarios los requisitos para que sus viviendas se destinen a alquiler vacacional y aseguran que todas las casas son aptas porque están en suelo residencial, aunque se olvidan de que el nuevo plan es mixto porque incorpora una parcela hotelera.

Los tribunales siguen dando la razón a los propietarios contra el criterio de los cabildos

El Cabildo de Lanzarote pide, para que las casas se regularicen, una declaración responsable, pero también otros documentos como la cédula de habitabilidad, datos fiscales o alta en el IAE, pero según Izquierdo esto no hace falta porque los tribunales están dando la razón a los propietarios y aseguran que no hace falta autorización previa, sino solamente la declaración responsable.

En los últimos meses, esta abogada ha ganado seis casos en cuatro Juzgados distintos, que ya tienen el mismo criterio. Aun así, los cabildos, tanto el de Lanzarote como el de Fuerteventura, se resisten a entregar el libro de inspección a las casas para que funcionen con normalidad.