El fiscal Ignacio Stampa ha solicitado dos años de prisión y 10 de inhabilitación para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario municipal y el jefe de la Oficina Técnica, por la concesión de dos licencias para la construcción de 66 villas en el plan parcial Playa Blanca, que fue declarado ilegal por la Justicia.

A José Francisco Reyes, para quien la Fiscalía ha pedido su ingreso en prisión por la condena de seis meses que el ex alcalde aceptó por la concesión ilegal de la vivienda del arquitecto Carlos Morales y Alexia de Grecia en Puerto Calero, el fiscal Stampa le considera responsable de un delito continuado de prevaricación urbanística.

La Fiscalía también considera responsables de sendos delitos continuados de prevaricación urbanística a Vicente Bartolomé Fuentes, ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, ya inhabilitado por otra causa, y al jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. El fiscal pide para ellos una  condena de dos años de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo o empleo público.

Además, el fiscal ha solicitado que se declare “la nulidad” de las licencias otorgadas en 2005 para la construcción de 56 viviendas, concedida a Juan Pablo Padilla en representación de Villas Blancas Lanzarote SL, y los permisos concedidos a Pedro de Armas, en representación de Marivista Lanzarote SL para otras 10 villas.

Los tres imputados actuaron “con plena conciencia” de que las autorizaciones de construcción “eran carentes de todo amparo legal”

El fiscal destaca que el secretario y el jefe de la Oficina Técnica emitieron sus informes “con la intención de dar apariencia de corrección” de las licencias, “constituyéndose premeditadamente en la cobertura para justificar” los permisos firmados por el entonces alcalde de Yaiza.

Los tres imputados actuaron “con plena conciencia” de que las autorizaciones de construcción “eran carentes de todo amparo legal y sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote”.

“Además”, añade Stampa en su escrito de acusación, “lo hicieron siendo plenamente conscientes de todos los obstáculos legales” que impedían el desarrollo del plan parcial Playa Blanca, “actuando por mero capricho y con grosero torcimiento” de la normativa.

“Sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote”

En ese sentido, el fiscal destaca que en 2003 los tres imputados ya habían actuado de forma “irregular” al autorizar el proyecto de urbanización del plan parcial Playa Blanca, a pesar de que estaba en vigor una suspensión de licencias dictada por el Cabildo, institución a la que no se pidió el obligatorio y “vinculante” informe de compatibilidad con el Plan Insular.

La Fiscalía subraya que el Ayuntamiento de Yaiza hizo caso omiso de las advertencias del Cabildo y de organismos políticos y sociales, continuando con la tramitación del plan parcial y autorizando entre 2004 y 2007 licencias para la edificación de unas 600 viviendas. El plan parcial fue anulado de manera firme por los tribunales en 2009 al considerar que estaba extinguido desde 2001 por la Ley de Medidas Urgentes.