El nuevo Plan General supletorio que tramita el Gobierno de Canarias para Arrecife podría servir para dar cobertura legal a las obras ilegalizables y con orden de derribo en la urbanización de La Bufona. Así lo pone de manifiesto el denunciante de este caso y propietario de terrenos ocupados por la promotora Brisa Inversiones, Gonzalo Murillo, en las alegaciones que ha presentado al planeamiento.

Murillo señala que tanto en los expedientes administrativos de derribo de la Agencia de protección del medio urbano y natural de 14 de las casas de La  Bufona como en otros informes realizados ad hoc para la Fiscalía, se deja claro que en los terrenos contiguos al plan parcial, que le pertenecen, se ha hecho un proceso irregular de parcelación administrativa.

En el nuevo Plan, con respecto a la unidad de actuación 1 de La Bufona Superior, se mantiene la delimitación aprobada en 1981 por el Gobierno de Canarias pero sin embargo se modifica tanto el coeficiente de edificabilidad bruta como la densidad, la superficie máxima edificable y el aprovechamiento.

Por estos dos motivos, considera que “es más que patente la voluntad desviada de esa Administración, que intenta a través del PGO Supletorio dar cobertura legal a las obras ilegales ejecutadas dentro del plan parcial La Bufona, queriendo salvar de una sola vez saltándose todos los procedimientos establecidos”. Además dice que el aumento de la densidad de ocupación y de población que se prevé para el plan parcial hará que se incumplan todas las previsiones de reservas y estándares de ordenación.

Tampoco se resuelve, según las alegaciones, otro de los problemas de la urbanización, como es el nudo de acceso. Hay que recordar que el Tribunal Supremo anuló la modificación del plan parcial, que sirvió de base para construir todas las viviendas, porque no se habían ejecutado los accesos y porque el informe del Servicio de carreteras era negativo.

A día de hoy se sigue entrando por la urbanización de El Cable, y los terrenos que debía haber expropiado el Gobierno de Canarias los vendieron los promotores a una cadena de supermercados que este año ha presentado un proyecto para hacer un centro comercial que le han denegado.

Es más, un informe técnico reciente recuerda que la Consejería debiera hacer algo para recuperar ese suelo que es suyo. Según las alegaciones de Murillo, “se sigue omitiendo la obligación de resolver ese nudo de entrada”, lo que podría determinar que el Plan Supletorio de Arrecife fuera nulo.

Alega que el Plan tampoco resuelve el nudo de acceso a la urbanización y que eso podría determinar que fuera anulado

Hay que recordar que en septiembre de 2008 un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24 y las viviendas tienen más superficie de la autorizada. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200.

El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico. Entre los propietarios se encuentran el ex fiscal coordinador de Arrecife., Miguel Pallarés y la presidenta insular del PP, Astrid Pérez.

Según la Apmun, “las obras carecen de amparo administrativo alguno” y son “indudable y manifiestamente ilegalizables”, al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. Los propietarios han recurrido ante los tribunales la orden de demolición.