Nueva denuncia en Fiscalía por la urbanización de La Bufona. En concreto, se solicita al Ministerio Fiscal que investigue “la posible comisión de un delito de malversación de fondos públicos” por estar prestando y costeando el Ayuntamiento de Arrecife los servicios públicos sin estar entregada la urbanización.

La interposición de nuevas acciones legales se produce después de que la Concejalía de Urbanismo que dirige Samuel Martín haya notificado que no le consta que exista el “documento de recepción de las obras de urbanización del plan parcial La Bufona”.

“Hasta que no se concluya definitiva y completamente las obras de urbanización, la Administración no puede proceder a recepcionar la urbanización, y vienen obligados los promotores y los propietarios de las viviendas de La Bufona a conservar la urbanización y a costear los servicios urbanísticos”, se destaca en la denuncia.

Además, en la denuncia se subraya que en el caso de que el Ayuntamiento “se esté encargando de costear a través de fondos públicos” los servicios como el “coste eléctrico de alumbrado de farolas, mantenimiento de calzadas, aceras, parques y zonas verdes” o “alcantarillado”, sin que se haya realizado la recepción de la urbanización tras certificar que se ha ejecutado conforme a la legalidad, “podríamos encontrarnos ante un posible caso de malversación de fondos públicos”.

El concejal de Urbanismo indicó a finales de marzo, tras recabar información de la Oficina Técnica municipal, que “no consta” en el Ayuntamiento el documento que tendría que acreditar “el traspaso de las cesiones de suelo que resultaron obligatorias” tras la aprobación del planeamiento de La Bufona en 1981, “si bien en esta urbanización sí existen viales y zonas verdes”, apostilla.

Lo que sí ha aparecido en los archivos de la Oficina Técnica del Ayuntamiento es un expediente, del año 2004, para recuperar las cesiones obligatorias que los promotores tenían que haber efectuado a la institución municipal. Así, el Ayuntamiento nunca recibió el 10 por ciento del “aprovechamiento lucrativo” de la urbanización, aunque llegó a iniciar acciones para cuantificarlo económicamente y exigírselo a los promotores.

En su informe, la Concejalía de Urbanismo aclara que la cesión del aprovechamiento urbanístico de La Bufona que le correspondía al Ayuntamiento “no pudo culminarse dado que, por sentencia judicial, se determinó que no correspondía la reclamación de esta cesión por haber anulado el plan parcial”.

Expediente abierto en Fiscalía

El denunciante del ‘caso La Bufona’, Gonzalo Murillo, ha solicitado a la Fiscalía que investigue si hay malversación de fondos públicos por ocuparse el Ayuntamiento de una urbanización que no ha sido recepcionada y que se sume al expediente abierto por el Ministerio Fiscal, el pasado mes de marzo, para dilucidar si hubo más responsables penales de las irregularidades urbanísticas detectadas en La Bufona a la vista de las acusaciones vertidas en el juicio que derivó en la condena del promotor, Federico Echevarría, y del constructor, Antonio Caro.

Cabe destacar que el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife acordó en marzo que se ejecute la sentencia de demolición de las obras que se llevaron a cabo en suelo rústico de protección de jable, lo que implicaría la demolición parcial de viviendas al norte de la urbanización de La Bufona. El Juzgado estableció un plazo de seis meses para la ejecución de la sentencia.