El Juzgado citó el pasado 24 de febrero a Javier Betancort, condenado por el desfalco de 300.000 euros en el Ayuntamiento de Arrecife en el caso Montecarlo, para que ingresara en prisión. Betancort ha solicitado un indulto total y ha pedido que se suspenda el cumplimiento de la pena.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha venido rechazando, desde octubre del año pasado, los diversos recursos interpuesto contra la decisión de denegar la suspensión de la condena. Betancort reconoció la malversación en el Ayuntamiento capitalino y fue condenado a un año y medio de prisión.

En concreto, Betancort fue condenado por la Audiencia en julio pasado por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso ideal con falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

En la citación del pasado 24 de febrero, se comunicó a Betancort que debía comparecer en el Juzgado, en donde se le comunicó el mandamiento de ingreso en prisión y se le dio un plazo de un día para presentarse de forma voluntaria en la cárcel de Tahíche.

La petición de indulto se tramita ante el Gobierno central, al tratarse de una decisión del Consejo de Ministros.

Desfalco en San Bartolomé y Arrecife

Javier Betancort ha sido condenado por la rama del caso Montecarlo en el Ayuntamiento de San Bartolomé, en donde reconoció haber participado en una trama que desfalcó 460.000 euros del Ayuntamiento.

La condena establecía la devolución de forma solidaria de la cantidad malversada. A Javier Betancort se le responsabilizó de la malversación de 210.000 euros. Los otros condenados fueron el interventor Carlos Sáenz, el empresario José Vicente Montesinos, el extesorero Luis Manuel Rodríguez y el exalcalde Miguel Martín.

En la pieza del caso Montecarlo relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife por la que fue condenado, la malversación confesada asciende a 310.544 euros. Sáenz y Montesinos tienen que devolver de forma solidaria hasta ese importe, mientras que Betancort hasta 287.175 euros.

Compromiso de 100 euros

Javier Betancort, economista, fue concejal de Hacienda en San Bartolomé y, después, trabajó para Montesinos, más tarde fue gerente del Consejo regulador del vino y de ahí pasó a ser gerente de Lancelot Medios.

En su último escrito, su defensa alega su “insolvencia”, además de carecer de bienes inmuebles en propiedad, y se compromete a abonar 100 euros al mes para ir pagando el desfalco al Ayuntamiento de Arrecife, “con un gran sacrificio personal y familiar”.

"Arrepentimiento"

En la solicitud de indulto, dice que cuando cometió los delitos tenía 32 años y que "desde su detención mostró su arrepentimiento" y dio su "conformidad" tanto al escrito de acusación de la Fiscalía como de la acusación particular. Alega sus "circunstancias personales" y "familiares" para justificar el indulto, además del "reconocimiento de sus jefes y compañeros" y decir que se trata de "una persona apreciada". También lamenta que desde que se inició la investigación pasaron casi nueve años en celebrarse el juicio.

El cumplimiento de la pena de prisión, añade, "supondría una desvinculación laboral y familiar de graves consecuencias" y, "teniendo en cuenta las circunstancias actuales sería muy difícil conseguir un trabajo a su salida de prisión".

"Por tanto, la integración social, laboral y familiar que ha recuperado en estos años, se vería en serio peligro", agrega, al tiempo que asegura que ha sabido "superar el error cometido" y "las consecuencias sociales de los delitos". Dice que "ha luchado por demostrar a la sociedad de Lanzarote y a su familia que podía llevar una vida como trabajador digno y ejemplar".