Los últimos presupuestos de Arrecife reflejan que la plantilla está compuesta por 450 personas, incluidas las 18 que formaban los órganos de gobierno y los 12 cargos de confianza. Serían, por tanto, 420, y de estos, más de la mitad, 223, son personal laboral y el resto funcionarios, incluyendo los 86 agentes de la Policía Local.

Desde hace años, la plantilla del Ayuntamiento está en entredicho. No hay mandato sin polémica entre el grupo de gobierno y alguno o todos los departamentos. Tanto el gobierno como la oposición reconocen desde hace años, en público o en privado que, tal y como está la plantilla, en ocasiones es más un problema que una solución.

La última concejal de Recursos Humanos, María Jesús Tovar, que dejó  su acta para ser consejera en el Cabildo cuando podía haber accedido a la alcaldía, confiaba hace dos años en poder aprobar al menos un catálogo de puestos de trabajo para poder llevar a cabo la necesaria promoción interna y admitía que iba ser muy difícil aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que es el objetivo de todos los grupos de gobierno y que no ha logrado ninguno. La RPT, como el catálogo, sigue sin aprobarse y sería la herramienta que facilitaría el aprovechamiento de esos recursos humanos.

Tovar reconocía que hay 85 plazas vacantes en el Ayuntamiento de Arrecife, pero el problema no parece solo cuantitativo. Si se compara a Arrecife con otras localidades similares en número de habitantes, no hay una gran diferencia. Los municipios españoles que se encuentran entre los 63.000 y los 66.000 habitantes, como Ponferrada, Ferrol, Collado Villalba o Viladecans, tienen entre 400 y 500 trabajadores. Solo está muy por encima, con la misma población, La Línea de la Concepción, con más de 700.

Así que, si no es el número, puede ser el tipo o la distribución. Arrecife adolece de técnicos en muchas áreas. Es una queja constante de la mayoría de las concejalías. Hay departamentos en el organigrama que solo tienen un técnico o que comparten un solo técnico entre dos departamentos. Si exceptuamos a los agentes de Policía, de los menos de cien funcionarios, 59 son técnicos: tres habilitados nacionales, técnicos superiores generales y técnicos medios generales.

También hay 32 técnicos de otro tipo, en el personal laboral, como técnicos de Urbanismo, arquitectos, de Medio Ambiente, etc. Además hay 18 administrativos y 19 auxiliares de gestión. Ahora se ha cubierto la plaza de Secretaría, pero no hay interventor con plaza ni jefe de Recursos Humanos. Tampoco hay vicesecretario ni viceinterventor.

Entre el personal laboral hay otros 30 técnicos medios o auxiliares y el personal de oficios y operarios se eleva a 187. Varias fuentes consultadas coinciden en que la falta de técnicos lastra el trabajo en el Ayuntamiento. Una sentencia de 2020 habla de la famosa falta de una RPT, que fue anulada hace 15 años y no se ha sustituido. Señalaba ese fallo que hace falta para la “ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades de los servicios”, además de para la promoción interna y para la ampliación de la plantilla.

La Oficina Técnica no puede tramitar las infracciones urbanísticas

Pero es que el Ayuntamiento ni siquiera tiene un catálogo. Tan solo tiene la plantilla recogida en el presupuesto, pero ese documento no determina las características esenciales del puesto ni los requisitos para su ocupación.

Cuando se hizo pública esa sentencia, el concejal Alfredo Mendoza decía que aprobar la RPT era un trabajo duro y tedioso “porque el área de Recursos Humanos no estaba muy bien dotada de personal y ahora se ha conseguido dotarla de técnicos y administrativos”.

Hace cinco años hubo una sentencia favorable a unos 40 trabajadores del Consistorio que pedían que se les reconociera una categoría superior a la que aparece en su contrato porque, de hecho, ya hacían esas labores. El Ayuntamiento podía reconocer esa categoría o no reconocerla y que los trabajadores realizaran solo los trabajos que les exigía su categoría. Se optó en algunos casos por la segunda decisión y eso provocó, por ejemplo, que en Cultura se dejaran de convocar las subvenciones para asociaciones o que no se pudieran arreglar algunas farolas por falta de técnico. Esa situación se sigue arrastrando y sigue habiendo carencias de este tipo.

En la Oficina Técnica Municipal no hay un técnico específico que tramite las infracciones urbanísticas. Eso hace que haya denuncias de la Policía Local por ruidos, infracciones y otras, que caigan en saco roto, en las que caduca la sanción. En 2018, por ejemplo, se dejó caducar una sanción a una discoteca por instalar una carpa sin licencia porque no se tramitó a tiempo dicha sanción.

En los últimos años, también se archivó el expediente de imposición de penalidades incoado a Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos, que podría haber supuesto unos ingresos de más de medio millón de euros.

Para algunas actividades, si el técnico no gira la visita, se acaba concediendo licencia por silencio administrativo sin comprobar las instalaciones. Incluso hay denuncias de la Policía Local que revelan deficiencias técnicas que pueden afectar a la seguridad de las personas que no van seguidas de esa inspección. Según una resolución reciente del Defensor del Pueblo Andaluz, la falta de medios personales no exime del deber de tramitar las denuncias sobre ruido del Ayuntamiento.

En Hacienda también hay carencias. Fuentes del Ayuntamiento apuntan a la falta en este departamento de más técnicos jurídicos y de economistas, además de interventor habilitado o un viceinterventor. Las carencias hacen que se retrasen pagos a proveedores, por ejemplo.

También se quiere afianzar la unidad de proyectos, pero no está dotada con el personal necesario. Solo hay un técnico que comparte con la unidad de subvenciones. El departamento de Recursos Humanos tampoco está dotado de los especialistas necesarios. En Comercio tampoco hay técnico específico y se comparte con Turismo. Hay licencias solicitadas para los mercadillos que no se han contestado. En el área de Movilidad solo hay un técnico. Hay personas que piden un vado y que se les empieza a cobrar y no lo obtienen físicamente hasta más de un año después.

Hay denuncias por ruidos, infracciones y otros motivos que caen en saco roto

El técnico de Actividades Clasificadas está compartido con Deportes. No tiene tiempo para ejercer las comprobaciones oportunas. Algunas actividades se pueden abrir con una declaración responsable, pero después no se inspecciona si esa declaración se corresponde con la legalidad.

Otras fuentes apuntan a que hay negocios abiertos al público para grandes aforos a los que no se les ha inspeccionado nunca si cumplen o no, como gimnasios o discotecas. Por supuesto, ni hablar de tramitar el Plan General de Ordenación Urbana, sea o no supletorio, con medios propios, ante la falta de los equipos multidisciplinares que se necesitan.

El crematorio de animales, que fue cerrado y ya se ha vuelto a abrir, se denunció por parte de la Policía Local cuatro años antes. Las denuncias de vertidos salen adelante si las tramita el Seprona mientras que las de residuos las lleva el Gobierno de Canarias. Las multas de tráfico y otras infracciones están externalizadas, y además las cobra la Red Tributaria de Lanzarote. En Sanidad, el técnico tiene una baja de larga duración. Entre otras cosas, eso provocó una polémica por el cierre del cementerio durante algunas jornadas.

El departamento de Contratación, por otra parte, solo tiene tres técnicos para todos los contratos, mayores y menores, sin tiempo para trabajar en profundidad en grandes contratos. “Sale el trabajo del día a día pero es difícil preparar los contratos más grandes”, señalan las fuentes consultadas por Diario de Lanzarote. Las bajas prolongadas, las vacaciones y otras eventualidades derivan los trámites en otros técnicos de otros departamentos que tienen que acumular el trabajo que ya tienen.