Tras las elecciones del 28 de mayo, Jéssica de León se veía de vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, una institución que conoce “perfectamente” y que considera su “casa”. Sin embargo, el PP quedó en la oposición en todas las instituciones de la Isla y a la candidata popular al Cabildo majorero la tentaron con un puesto de gran responsabilidad: la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. “Al principio dije que no, luego que no sabía y al final acepté”.

-Hay datos que apuntan a que se ha recuperado el turismo, incluso con cifras que superan a periodos pre-Covid, pero existen ciertas voces de alarma. ¿Cuál es la situación que se ha encontrado su equipo, a escala global e insular?

-A escala global, en Canarias estamos creciendo un cinco por ciento. Hay una isla que está creciendo por encima de las demás: Tenerife. Por detrás están Lanzarote y Fuerteventura, y finalmente Gran Canaria, alejada aún de las cifras pre-Covid. A finales de año, esperamos que se pueda batir récord en la llegada de turistas, del orden de los 16 millones de visitantes. Y, lo más importante, superar la cifra de los 12.000 millones de euros de recaudación. Estas son las previsiones, pero es cierto que están sucediendo otras cosas. Hay países emisores que han anunciado recesión técnica, como Reino Unido y Alemania, que son los principales mercados de las Islas. En Fuerteventura, por primera vez, el mercado británico tiene más plazas reservadas que el alemán, que se está contrayendo en el ritmo de reservas. Esto nos tiene que encender las alarmas, porque está pasando también en el resto de islas.

-¿Qué impronta le gustaría dejar en la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias?

-Resulta clave actualizar el marco legislativo. La Ley del Turismo va para 30 años, la normativa sobre la vivienda vacacional, de 2015, se anuló en parte por los tribunales dos años después y otra parte ni siquiera se ha estado cumpliendo. También hay carencias en la legislación que regula los alojamientos turísticos. Debemos revisar la legislación turística y crear un nuevo marco legal adaptado a las necesidades actuales. Si antes se incentivaba la renovación ahora hay que premiar también la sostenibilidad. Esta nueva etapa en el Gobierno de Canarias debe servir para ordenar el litoral y una actividad, la de la acampada, que permita a los ayuntamientos tener un marco de referencia al que acogerse. Además, en materia de inversión no puede ir siempre la iniciativa privada por delante con respecto a la pública. La calidad global del destino necesita que vayan de la mano.

“Hay quien dice que Lanzarote está saturada y luego quiere rutas con EEUU”

-Desde que asumió el cargo de consejera de Turismo de Canarias dejó claro que no iba a obviar el reto de regular la vivienda vacacional. Se estima que en Lanzarote hay más de 6.200 y unas 30.000 plazas, y en Fuerteventura el último estudio apuntaba a unas 5.000 viviendas vacacionales, que suman alrededor de 20.000 plazas, aunque probablemente las cifras reales sean superiores. ¿Cómo abordará el Gobierno la situación de la vivienda vacacional? ¿Dónde pondrán los límites?

-Aquí entran en conflicto varias cuestiones. Contamos en el equipo con un experto en la materia, para que podamos regular con seguridad jurídica y que no pase lo mismo que con el decreto del alquiler vacacional de 2015. Lo primero que vamos a hacer es una consulta pública, que saldrá a finales de septiembre, para que todas las instituciones y colectivos sociales digan hasta dónde quieren que se regule. Pero no vamos a quedarnos solo en la vivienda vacacional, vamos a abarcar también el uso alojativo en su conjunto, en sus diferentes modalidades. En Lanzarote y Fuerteventura el foco está en la vivienda vacacional, pero en Gran Canaria lo está en el piso de alquiler turístico. Queremos elaborar una ley sobre el uso turístico asociado a viviendas. Desde el Gobierno planteamos liderar esta iniciativa, pero sin obviar que la ordenación del suelo compete a los ayuntamientos y que, en materia de vivienda, hay competencias municipales y autonómicas. De forma paralela a la regulación de este tipo de alojamiento turístico, para abordar el fenómeno en su totalidad, hay que incrementar la oferta pública de vivienda y facilitar la construcción por parte de la iniciativa privada. Y hay que incentivar que el propietario pueda poner su vivienda en el mercado residencial. No creo que el alquiler de viviendas vacacionales sea un problema en sí mismo, pero debe contar con una regulación y unos estándares de calidad. La realidad es que, según cifras del ISTAC, hay mayor número de pasajeros, pero menos pernoctaciones en los establecimientos alojativos, porque se hospedan en un mercado que no está regulado.

-En el debate sobre el alquiler vacacional hay quienes culpan a esta modalidad de que no haya vivienda en alquiler de larga duración para residentes y trabajadores, pero también existen pequeños propietarios que completan sus ingresos con esta fórmula turística y no comprenden que se vaya a intervenir en lo que pueden hacer o no con su propiedad.

-En cualquier caso, todos debemos entender que deben existir unos estándares de calidad regulados. No nos vale que cualquier vivienda libre entre en el mercado turístico, porque eso va en detrimento de la imagen del destino en su conjunto. Que se pueda operar es un derecho de la propiedad privada. Vamos a regular las condiciones que deben cumplir y que se puedan inspeccionar, al tiempo que debemos garantizar que esa inspección funcione. Nos encontramos con un servicio de inspección que no abarca todo lo que debería. Y hay que valorar también cuál es el uso del suelo. Las zonas que están clasificadas urbanísticamente para uso residencial necesitamos que efectivamente se destinen a uso residencial y no como está pasando ahora. Se da incluso la paradoja de que complejos turísticos primero pasaron a utilizarse para uso residencial y ahora sus unidades se dedican, de forma individualizada, al alquiler vacacional. En este debate esperamos que haya controversia, pero también confiamos en alcanzar una normativa adecuada y fijar estándares turísticos para todas las modalidades.

“Con la moratoria y la ecotasa hay mucha incoherencia y contradicción”

-Con el fenómeno de la vivienda vacacional hay otra situación rocambolesca: unas están inscritas en el registro de la comunidad autónoma y otras en el de cada cabildo. Hay expertos que cuestionan la laxitud del Gobierno a la hora de asignar un código de vivienda vacacional, en la práctica con apenas una declaración responsable del propietario...

-Efectivamente, hay una nebulosa y un doble registro. Hay propietarios que han registrado en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias para ver qué institución es la primera que responde. Son dos ventanillas que tienen la misma función. Eso ya lo cuestionábamos cuando estaba en el Cabildo de Fuerteventura, porque al final nunca sabíamos cuántas viviendas vacacionales había en el mercado. En el Gobierno nos hemos encontrado con un servicio de inspección que funciona con un régimen de dietas obsoleto, que si se tiene que hacer uso del automóvil propio se paga el combustible sobre la base de un acuerdo de hace 15 años, y especialmente con una plantilla corta, de una veintena de profesionales.

-En la pasada legislatura, en el Parlamento se creó una comisión de estudio del reto demográfico y, en gran medida, se vincula incremento poblacional a aumento del sector turístico. También salió a colación la posibilidad de establecer una ecotasa y, en Lanzarote, el anterior gobierno del Cabildo aprobó una declaración institucional para declarar a la Isla saturada turísticamente. Además, hay sectores que plantean retomar una moratoria turística. ¿Qué le parecen estas iniciativas como consejera de Turismo?

-Si le pongo una moratoria al sector privado y la pagan los ciudadanos, vía indemnizaciones que termina abonando la comunidad autónoma, como ha sucedido, considero que es poco rentable para lo que se persigue. Hay quienes piden una ecotasa, porque dicen que tiene carácter disuasorio, pero luego vas al Parlamento y escuchas que ha bajado el nivel turístico y, por tanto, el gasto. He escuchado a políticos hablar de abrir las 24 horas el Aeropuerto de Fuerteventura, pero luego quieren que vengan menos pasajeros. Hay muchos discursos incoherentes y contradictorios. Como apuntaba, un grupo político promociona que Lanzarote es una isla turísticamente saturada, pero luego cargos de ese mismo partido van a un mercado tan lejano como el americano a ver si abren una ruta aérea con Estados Unidos. Mire, no comparto esos discursos que alientan la turismofobia y los ataques a un sector que ha dado desarrollo social y económico a Canarias. Lo que hay que hacer es conseguir que genere más empleo y de más calidad. En eso es en lo que deberíamos centrar el trabajo las instituciones públicas, para que esa economía repercuta en la sostenibilidad de las Islas y en la calidad de vida de los residentes. La rentabilidad del turismo no debe ser solo económica, sino que debe existir una responsabilidad social corporativa que revierta en los espacios públicos y en el medio ambiente.

“Un incremento de las tasas de Aena perjudica al turista y al residente”

-Una de las reclamaciones que ha planteado la Consejería de Turismo es que no se incrementen las tasas aeroportuarias, después de que Aena haya anunciado encarecerlas un cuatro por ciento, unos diez euros más por plaza.

-Desde el Archipiélago exigimos al Gobierno que no se lleve a la práctica ese incremento de las tasas aeroportuarias, que se había acordado congelarlas. La justificación que se pretende dar es que son una adaptación al contexto inflacionista, pero eso supone repercutir la inflación en el consumidor final, pese a que sabemos que Aena ha tenido beneficios cuantiosos [901,5 millones de euros netos en el año 2022]. Si el Gobierno acordó congelar en 2021 las tasas aeroportuarias hasta 2027, deben seguir congeladas, no se pueden revisar los precios. Un incremento de las tasas perjudica al turista y nos hace perder competitividad frente a otros destinos, pero también al residente que tiene que desplazarse, en algunos casos obligatoriamente, y eso los canarios lo sabemos bien. Si a eso le sumamos que la Unión Europea quiere implantar un pago por los derechos de emisión de los aviones, lo que encarecería los vuelos entre países europeos y Canarias, no así paradójicamente con Egipto y Túnez, estas medidas nos están situando en una franca desventaja. Debemos exigir que se cumpla nuestro estatus de región ultraperiférica, máxime cuando España ostenta en la actualidad la presidencia de la Unión Europea.