A Isabel Arrocha ya no le queda confianza en el sistema de salud, pero le sobra voluntad para seguir luchando por lo que considera justo. El pasado mes de abril su hijo Saturnino (39 años) abandonó la Unidad de Rehabilitación Psicosocial Julio Santiago Obeso donde había ingresado en enero por mediación del área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, con un diagnóstico de “retraso mental leve, trastorno histriónico de la personalidad y politoxicología”.

“Ingresó por su propia voluntad pero se fue también por su propio pie a los tres meses, cuando le dio otro de esos arrebatos”, explica su madre, pensionista de 73 años y viuda desde hace quince. Destina todo su tiempo y dinero a cuidar de su hijo y velar por qué no le ocurra —o no desencadene— ninguna desgracia.

Ha aprendido a reconocer los signos que preceden un comportamiento violento (“episodios esquizoides con alucinaciones”, dice un informe): “Cuando empieza a cantar, tengan cuidado, que eso es que le va a dar”, informó a los trabajadores del último centro en el que estuvo ingresado. Así sucedió. Tres meses después del ingreso, una noche, recibió una llamada: “Su hijo ha abandonado el centro”.

“No le podían retener contra su voluntad”, explica. Ni el centro le puede tutelar, ni él tiene capacidad para hacerlo, dice su madre. Los tribunales han rechazado la solicitud de incapacitación que pidió su madre. “Es la única forma de que lo traten. Porque cuando él se marcha, abandona o vuelve a caer, se arrepiente. No es dueño de sí mismo”, dice Isabel, que sólo ha notado “mejoría” en su hijo el tiempo que estuvo en la unidad especializada.

Saturnino pasa las horas en la calle, no se asea, ni se procura alimento, ni puede trabajar (tiene una invalidez permanente del 67%) y puntualmente sufre episodios violentos. Isabel ha tenido que llamar a la policía hasta en cuatro ocasiones por miedo a que su hijo se autolesione o le agreda.

"Los médicos de la Unidad de Salud Mental no quieren ordenar su ingreso porque dicen que es cosa de la droga"

Uno de los últimos informes médicos (de agosto del año pasado) dictó que el caso de Saturnino “no requiere tratamiento en régimen de internamiento” y recomendaba continuar “de manera voluntaria con un programa individualizado de tratamiento en la unidad de Julio Santiago”.

Isabel tiene la sensación de que esta historia no tiene salida. Los médicos no ven necesario el internamiento de su hijo y su hijo no siempre tiene control sobre sus actos. “Él no quería ver su enfermedad, la escondía”, cuenta Isabel, que empezó a darse cuenta de que algo le sucedía a Saturnino cuando éste cumplió los 8 años. Notó un cambio brusco de comportamiento: “Empezó a destrozar cosas, a cortar con un cuchillo el filo de la ventana, a mover los roperos detrás de la puerta…”. Un día lo vio muy nervioso: “Me decía, ‘¿es que no lo ves?, que está detrás de mí, que me va a coger y me va a matar, ¡agárralo!’”, narra Isabel. “Yo no veía nada”.

Varios médicos privados le diagnosticaron esquizofrenia, “otro me dijo que lo que pasaba es que era un niño demasiado mimado”, dice Isabel. Empezó tomando una píldora diaria y hoy ingiere cerca de la veintena (Isabel enseña un pastillero rojo de plástico, con 49 compartimentos). “Siempre he luchado por mis hijos, pero mi marido estaba enfermo y Saturnino es el quinto de seis hermanos, ¿qué tiempo tenía yo para darle mimos?”, se pregunta Isabel, que sí admite que estaba muy unido a su padre, fallecido hace quince años.

En 2004, Saturnino participó en un programa de sustitución de opiáceos, en el programa de metadona del Centro de Atención al Drogodependiente (CAD). También ha estado en Proyecto Hombre y en la comunidad terapéutica de Zonzamas. Ha consumido todo tipo de sustancias (THC, anfetamina, cocaína, LSD y heroína).

En el centro "no le pueden retener contra su voluntad", pero Satunino "no es dueño de sí mismo", dice su madre

“Cualquier día se te mata. Es  lo que me dicen siempre, pero nunca me lo ponen por escrito”, dice esta vecina del barrio de Titerroy, que ha trasladado su cama junto a la puerta de entrada de la casa, para estar pendiente de las llegadas de su hijo. “Él se pone nervioso al hablar con los médicos, dice que no sabe para qué va, si siempre le dicen que todo es culpa de la droga y no le dan soluciones; él sólo no puede encontrarlas”, se lamenta.

Saturnino nació en 1978. Hoy cobra 365 euros de ayuda y 190 de prestación del Instituto Social de la Marina (su padre era marinero). Es su madre quien se encarga de la alimentación, de lavarle la ropa y vestirle. Todo lo paga con su pensión. Isabel trabajó como limpiadora en varios colegios de Arrecife y tiene secuelas (una hernia, artrosis y una dolencia en el pie por una operación que salió mal). También sufre crisis de ansiedad y dice que se encuentra “agotada”.

“Los médicos de la Unidad de Salud Mental no quieren ordenar su ingreso porque dicen que es cosa de la droga”, dice. No entiende cómo “pagando los impuestos que ha pagado toda la vida”, su hijo “no tiene derecho a ser atendido y tratado”. Ha escrito al diputado del común y se va a dirigir al presidente del Gobierno de Canarias. Dice que no dejará de pelear hasta que se muera, porque teme por la vida de su hijo cuando ella no esté.