Dicen que rectificar es de sabios. Frase que es certera siempre y cuando la intencionalidad sea para hacer el bien. Pero esto no es, me temo, lo que el Gobierno de Canarias pretende hacer con el anuncio que de que va paralizar el Decreto 113/2015 sobre el alquiler de vivienda vacacional.

Si pese a que el anterior Gobierno canario, por cierto del mismo color que el actual, mantuvo interminables reuniones con agentes sociales, políticos y con los representantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), pese a las promesas y compromisos y mandatos del Parlamento, dejó a 53.000 familias tiradas, muchas de ellas abocadas a la ruina, ¿quién nos asegura hoy que el nuevo Ejecutivo no lo va a hacer igual?

He de lamentar que al analizar la Proposición no de Ley (PNL) que llevó CC y PSOE al último pleno del Parlamento de Canarias y leer atentamente su contenido, llegue a la conclusión de que CC y el PSOE vuelven a  reiterar  esa conducta  de decir públicamente lo contrario a lo que ejecutan después desde el Gobierno. Y lo digo porque he de advertir que en la PNL no se desprende intención alguna de modificación del Decreto.

En el texto de la PNL, CC y PSOE solicitan por un lado la paralización del Decreto y por otra la paralización en materia sancionadora. Estamos de acuerdo en la paralización del Decreto en lo que respecta a la materia sancionadora. Pero realmente  ¿qué significa paralizar el Decreto?, ¿quizás derogarlo?

El concepto jurídico de paralización significa detener el acto  jurídico, de manera que si éste no se ha producido, no nazca y, si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se paralicen sus consecuencias. Y me pregunto ¿van a paralizar la "legalidad" de las viviendas que se encuentren fuera de las zonas turísticas? o ¿a partir de la paralización, estas viviendas van a volver a la situación de alegalidad?, ¿será acaso que lo que plantean es la derogación tacita del Decreto?

Como verán solo me asaltan dudas jurídicas y es mi obligación como parlamentaria regional compartirlas y advertir de sus consecuencias.

Lo que han recogido CC y PSOE en su PNL es cuanto menos tan inexacto y ambiguo que el Grupo Parlamentario Popular al que represento desconoce el alcance jurídico de la medida que plantean; y lo peor, esta paralización puede derivar en situaciones de inseguridad jurídica.

También nos hablan de la revisión y reelaboración del Decreto en coordinación con los agentes e instituciones implicada. Esto ¿qué significa?, ¿volver a iniciar reuniones  para dilatar el máximo tiempo posible la entrada en vigor de un Decreto que regule de manera eficaz la vivienda vacacional y así seguir beneficiando a unos pocos?

Mucho nos tememos que esto es una encerrona con una sola intención: que la regulación del alquiler vacacional duerma el sueño de los justos.

No se dan cuenta o no quieren ver que lo sensato sería la modificación inmediata del Decreto 113/2015 conforme al dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo sensato sería que las viviendas vacacionales sean reguladas por su condición de “viviendas” y que no se liguen a suelos o planes urbanísticos; lo más lógico es que se proceda a la inclusión del Bed & Breakfast como una modalidad más de alojamiento turístico, tal y como se comprometieron todos los grupos parlamentarios de la anterior legislatura y el actual Presidente del Gobierno cuando era candidato. Lo más acorde es que se elimine del Decreto la habitualidad del arrendador en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario.

No vamos a participar del gran circo que quiere crear el Ejecutivo regional y los grupos que lo apoyan en la Cámara con este tema; para nada, no queremos ser partícipes de la paralización de la modificación del Decreto.

Vamos a seguir dando la batalla por la cordura y sobre todo por la legalidad instando al Gobierno canario a  la modificación, con carácter inmediato,  del Decreto con el fin de hacerlo compatible con el dictamen emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Porque no vamos a permitir que, de la noche a la mañana, estas 53.000 familias pasen a la más absoluta ilegalidad como consecuencia de la imposición de un Decretazo.