“La obtención de dinero para la estructura financiera del PIL siempre estuvo marcada en un objetivo definido como político en sí mismo y definido como directriz básica y estratégica por su líder histórico, Dimas Martin, verdadero jefe del PIL y director de la trama”. Así describe el fiscal del caso Unión, Javier Rodenas, el cobro de comisiones ilegales por parte de miembros del partido de Dimas Martín en el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009.

La Fiscalía hace esta afirmación en un escrito de alegaciones ante la solicitud de la defensa de Martin del sobreseimiento del caso. El fiscal señala, en esta última fase de la instrucción ya casi acabada, de nuevo a Dimas como el cerebro de esta trama, mientras que el resto de imputados de su partido tenían “una total subordinación, consultando con el cada paso que dan y atendiendo con prontitud todas sus órdenes que son ejecutivas en sí mismas”.

Todo esto lo hacía Dimas pese a cumplir condena e inhabilitación y su nivel de control sobre todos los cargos públicos del PIL iba “más allá de una mera dirección política”. Dimas tomaba “decisiones concretas y precisas sobre asuntos de índole administrativo que deberían ser competencia exclusiva de los concejales” y lo hacía valiéndose “de su evidente relación personal y superior jerarquía, por nadie discutida”.

El fiscal explica la trama aunque advierte que se trata de un “relato nimio” para oponerse al sobreseimiento pero que no relata de forma pormenorizada todas las pruebas. El PIL pedía esas comisiones, según el fiscal, para obtener los recursos económicos que había exigido la campaña electoral de 2007, ya que no pudo ser satisfecha con el pago de la cuota de sus militantes.

El control del político de Guatiza era sobre tipo de asuntos: redacción de planes generales, contratación de trabajadores, adjudicación de concursos, librar o bloquear órdenes de pago, adjudicación de obra pública a empresarios afines o el conocimiento de la licitación de obra pública. En síntesis, se trataba de cobrar por adjudicar obras para destinar el dinero al partido y a su lucro personal.

Dimas Martín, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo “fabricaron la esencia de la corrupción”, según el fiscal Javier Ródenas

Por debajo de Dimas en la trama estaría Matías Curbelo, que había sido el administrador de campaña y se encargaba de hacer llegar los fondos el partido, además de manejar una contabilidad paralela y de no declarar las donaciones de particulares y empresarios. Además de Curbelo estaban los concejales de Arrecife Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, que se encargarían de exigir las comisiones de entre el 3 y el 10 por ciento, de fraccionar los contratos para evitar concursos, abonar los gastos del partido y enviar a Dimas la información que necesitara. Dimas Martín se comunicaba con los tres primeros por carta, mientras el primero de ellos estaba cumpliendo condena y después, cuando obtuvo el tercer grado en febrero de 2007 “en un interminable flujo de contacto telefónico” y en reuniones en hoteles y restaurantes. Entre los cuatro “fabricaron la esencia de la corrupción”, según el escrito del fiscal.

Entre las pruebas con que cuenta el fiscal para llevar a cabo estas acusaciones, están las confesiones de cinco empresarios: Jesús Manuel Martín Brito, Antonio Gómez, Manuel Reina Fabre y José Antonio e Isaac Castellano. A estas confesiones hay que sumar la comisión interceptada en La Tavernetta de 95.000 euros más una gran cantidad de documentación, así como la declaración de Matías Curbelo confesándolo todo y entregando un CD con la contabilidad paralela, las periciales del Ayuntamiento de Arrecife reconociendo el fraccionamiento irregular de contratos, el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias y la confesión más los documentos incautados en el registro de la vivienda de José Miguel Rodríguez.

La instrucción de todas las piezas de Unión, a punto de terminar

La instrucción de todas las piezas del caso Unión está a punto de terminar. En dos de las piezas hay sentencia: el caso de Batllori y la casa de Carlos Morales, una más, la de Lleó, está esperando que se fije la fecha para que sea juzgada por un Jurado popular; y hay otras tres cuya instrucción ha terminado y también esperan fecha para la vista oral: la del Teatro insular, la casa de Los Rostros y la de las facturas de Proselan.

Quedan otras tres piezas, y dos de ellas, las dos principales, sobre las comisiones ilegales del PIL y el caso Jable, están muy avanzadas. Tan sólo falta que se dicte el auto para que pasen a procedimiento abreviado y se presenten los escritos de calificación. La investigación ya ha terminado y se han llevado a cabo todas las diligencias.

Es muy posible que antes del verano el caso ya salga del Juzgado número 5 de Arrecife, con lo que terminará la labor de Silvia Muñoz en Unión. Tan sólo queda una pieza más, que se instruye en el Juzgado número 4 de Arrecife y que depende del fiscal anticorrupción Luis del Río en la que se investiga el patrimonio de Dimas Martín y si lo ocultó para evitar el pago de una multa de más de cinco millones que debe afrontar por la sentencia del Complejo agroindustrial. En esta pieza apenas se ha avanzado.