La jefa de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana Quintana, ha solicitado a la juez que instruye el caso Stratvs, Silvia Muñoz, que se inhiba de la causa y la remita a reparto para que la instruya un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

Quintana ejerce la representación legal de dos trabajadores del Gobierno de Canarias imputados en el caso, Armando Villavicencio y Juan César Muñoz Sosa, técnico jurídico de planeamiento del Gobierno de Canarias y Director General de Urbanismo entre 1996 y 1999, respectivamente.

Anteriormente, la defensa de otro ex trabajador del Gobierno, Faustino García Márquez, ya había pedido que se separase una pieza de la instrucción principal que afectara sólo a los implicados en el primer permiso otorgado la bodega, para construir en suelo rústico, entre los que están todos los funcionarios regionales que habrían intervenido en el expediente de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno.

Quintana sostiene que el presunto delito de prevaricación habría sido cometido en Las Palmas, por ser el lugar donde se tramitó dicho expediente. Tanto la Fiscalía como la juez instructora han sostenido que hay una serie de delitos conexos entre las diferentes infracciones que se investigan sobre la bodega y que por eso no se pueden hacer varias piezas separadas.

La jueza denegó la separación por razones de eficacia, celeridad o simplicidad y porque la ruptura de la causa podría dar lugar a sentencias contradictorias, y el fiscal señaló que no sólo son delitos conexos sino concursos de delitos.

La letrada del Gobierno de Canarias representa a dos funcionarios que participaron en la tramitación de Stratvs

La abogada del Gobierno de Canarias sostiene que según el artículo 18 de la Ley de enjuiciamiento criminal, en el caso de delitos conexos tiene preferencia, para determinar el órgano que debe investigarlo, el primero que se hubiera podido cometer y por esta razón considera que se debe trasladar toda la causa a Las Palmas, ya que el primero de los delitos sería la concesión del Gobierno de Canarias.

Hay que recordar que en este caso ha habido varios desencuentros entre la juez instructora y el Gobierno de Canarias. En diciembre de 2013 la juez decidió investigar la aparición de un informe jurídico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aportado al Juzgado sin que nadie lo solicitara. El informe fue elaborado por la jefa de los Servicios Jurídicos de la Agencia con el asesoramiento de la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno.