Antes que las viviendas en mal estado, lo que tendrán que reconstruir las autoridades en Valterra y Titerroy es la confianza. Cinco años y medio después de que Tito García, un albañil de 38 años, perdiese la vida al desplomarse el techo de su vivienda en la calle Timbayba, el Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado el plan para derribar y volver a construir 20 viviendas en Titerroy y otras tantas en Valterra. Las nuevas casas tienen que estar listas, en principio, en el año 2016, que es cuando finaliza el Plan estatal de renovación urbana. En ambos barrios, los vecinos afectados todavía no han sido informados de los detalles.

“Hemos pasado mucho tiempo en la incertidumbre”. Lo dice Francisco Hernández, que vive en el número 36 de la calle Timbayba, casi al lado de donde se produjo la tragedia. En esa casa nació y, cuenta, se crió con otros diez hermanos. Uno de ellos ocupa la planta baja y él, con su mujer y su hija, la planta alta. “Lo  que deberían hacer es mirar casa por casa y reparar, no tienen por qué estar tirándolo todo, sería más económico”, opina.

Los técnicos sostienen que es preferible la “renovación” de unos inmuebles, construidos hace más de medio siglo, “que se encuentran en avanzado estado de deterioro generalizado”, por lo que “no se considera viable la rehabilitación de las viviendas”. En Titerroy se derribarán las doce viviendas que están entre las calles Timbayba, José Pereyra y Tingafa, y otras ocho entre las calles Tinamala, José Pereyra y Manuel José Álvarez. La reposición de esas viviendas asciende a 2,2 millones de euros.

A los vecinos de Titerroy les surgen dudas. Por ejemplo, cómo serán las nuevas casas, cuál será su edificabilidad, y si se respetará lo construido. “Aquí vivimos dos familias, a ver cómo lo plantean”. En Valterra, donde también son necesarios 2,1 millones, se derribará la manzana que está entre las calles Adolfo Topham, El Malacabado y Gobernador García Hernández. Hay algunas viviendas que están vacías y unas cuantas en las que sus dueños han acometido reformas.

Francisco Hernández, vecino de la calle Timbayba.

Esteban García vive desde hace “más de cincuenta años” en el número 32 de la calle Adolfo Topham. “No sabía nada” del proyecto de reposición de las casas y pone como condición que no tenga “que pagar nada”. Toña Tavío reside en el número 28 con su marido y su suegra, que tiene 93 años, y defiende la iniciativa: “Me gustaría que tiraran las casas y las hicieran de nuevo, porque no se puede vivir así: con la lluvia se mojó todo”, se queja. La única petición es que el tiempo que duren las obras puedan vivir en otra casa próxima, para no mover a la anciana “de su entorno”. Esa será tarea de la oficina de gestión, que se encargará de “todos los trámites con los propietarios, así como de la dirección y ejecución de la obra, que tiene una duración prevista de 14 meses”.

Las nuevas 40 viviendas tendrán que estar terminadas en 2016 y requerirán de una inversión de más de cuatro millones

En Valterra hay quien tiene más objeciones que confianza en el proyecto. Catalina Moya lleva “más de 40 años” viviendo en el número 20. En la casa, que comparte con un hermano, residen seis personas. “Mi marido cobra 426 euros y mi hermano, que es el dueño, está en el paro”, señala. “No nos molesta que nos arreglen la casa, pero dónde meto todo lo que tenemos aquí dentro”, añade Catalina, quien concluye: “Si tengo que pagar por la nueva, ni yo ni la mitad de la gente de por aquí podría”.

El Cabildo no ha firmado el convenio para la reposición de las viviendas pero sí se ha “comprometido” a “colaborar con las familias” que por su “delicada situación” económica “no puedan aportar la cantidad que les corresponde”, el 7,3 por ciento de la inversión, o lo que es lo mismo, unos 7.800 euros por vivienda. El Ministerio de Fomento pone un 34 por ciento, el Gobierno de Canarias un 30 por ciento y el Ayuntamiento un 28,4 por ciento.

Catalina Moya, vecina de una de las casas afectadas por la reposición en Valterra.

La relevancia del cartel

El Ministerio de Fomento ha querido dejar claro, entre las cláusulas del acuerdo con el Gobierno canario y el Ayuntamiento, un aspecto ‘fundamental’, como es a su juicio “la inclusión de forma visible” en los “carteles exteriores” de la leyenda “Gobierno de España”, con el importe de la subvención y una “tipografía y tamaño igual a los empleados para referirse a la participación de la comunidad autónoma”. Y si hay “placas conmemorativas”, éstas “deberán incluir la referencia a la financiación” estatal. Lo mismo si hay publicidad en los medios de comunicación.