“Cuando se espera lo inevitable, sucede lo imprevisto”. La afirmación corresponde a John Maynard Keynes, acaso el economista más influyente del siglo XX, constructor de toda una teoría económica que lleva su apellido y santo patrón de la socialdemocracia desde el ecuador del siglo pasado hasta el presente. La reflexión viene a cuento en el actual contexto de la política española, aunque es pronto para afirmarlo. En cualquier caso, la colosal tragedia acaecida en la Comunidad Valenciana tiene todos los ingredientes para producir un reinicio de la legislatura estatal, con consecuencias imprevisibles, aunque sí con algunas tendencias previsibles. Desde luego es tal la magnitud del desastre material y el saldo en vidas perdidas que levantará ríos de tinta mediática y política. Y alguno de ellos corre claro riesgo de desbordarse como los cauces de los ríos levantinos. ¿Y eso tendrá consecuencias para Canarias? Claro que las tendrá.

Qué tramposa es la política, no por culpa (en exclusiva) de sus principales actores, sino porque convive con un elemento tan caprichoso como la incertidumbre. Las portadas de antes de ayer se han quedado viejas de golpe y la atención se ha apartado por completo de Koldo, Begoña, el novio de Ayuso, Errejón y el fiscal general, que acaparaban titulares en los viejos tiempos (viejos, o sea, hace un par de días) de la realidad precocinada. Porque cuando la realidad en estado puro se abre paso, la otra, la diseñada en los gabinetes que se ganan la vida a través de eslóganes, queda por completo en evidencia. De repente nos hemos dado cuenta de lo obvio, de que la política y la gestión pública va de afrontar situaciones que uno no espera ni ha planificado, o de abordar problemas reales (como la vivienda) que no dictan sentencia a través de titulares favorables ni mensajes ingeniosos en las redes sociales. Porque cuando arrecia la lluvia y sorprende a un territorio densamente poblado, como es el caso de la Comunidad Valenciana, entonces es cuando la tarea pública cobra todo su sentido y rompe por completo con la política prefabricada. También es cuando los ciudadanos ponen su mirada en asuntos reales, porque les afectan o incluso, como en este caso, ponen sus vidas en juego. El asunto adquiere un dramatismo que el otro libreto, el falso, debe ser arrojado a la basura.

Tiempo habrá para analizar qué falló, qué decisiones fueron obviadas o tardíamente comunicadas, si bien las primeras impresiones son inquietantes y lo son sobre todo para la Administración competente, en este caso el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Cuando un aviso explícito de la entidad responsable del análisis meteorológico llega a las ocho de la mañana y la advertencia de prudencia de las autoridades responsables de protección civil es lanzada doce horas más tarde, entonces hay muchas preguntas que hacer, y son preguntas inexorables, a las que no se puede responder mirando para otro lado salvo que pensemos que el Estado compuesto sirve para que los presidentes autonómicos se atribuyan los éxitos y endosen a la Administración central todo lo que salga mal, sobre todo las tragedias. Si eso es el autogobierno, que vuelva el centralismo, por favor, siempre que haya adultos en la habitación donde se toman las decisiones relevantes, y no niños asustados por el coste político de todo lo que pasa. La democracia, eso lo dejó escrito Max Weber, es sentido de la responsabilidad. El que no lo entienda, no sirve para la política, sea presidente del Gobierno central, de un Ejecutivo autonómico, de un cabildo cualquiera o alcalde del más pequeño de los ayuntamientos. La política es una tarea dura, ¿qué esperaban?

Tiempo habrá para analizar qué falló, qué decisiones fueron obviadas o tardíamente comunicadas

Hay algunas tendencias que se van a abrir paso en los próximos días y semanas. El primero, un cambio drástico de las prioridades políticas. Más allá de la tragedia, que ya será materia para una batalla sin cuartel a medida que se deshagan las complicidades propias de los momentos de duelo (el que espere otra cosa es un ingenuo, que tome como ejemplo lo que pasó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid), los daños materiales son incalculables y dejarán heridas de enorme relevancia. Lo suficiente como para producir un nuevo planteamiento en las prioridades de gasto a escala estatal durante los próximos años. ¿Cuál podría ser la fórmula para afrontar esta situación sobrevenida? Pues un nuevo Presupuesto estatal, elaborado con la rúbrica de la solidaridad con los conciudadanos de la Comunidad Valenciana y de carácter expansivo, a ser posible bendecido por Europa en nombre de la recuperación económica y hasta anímica de las zonas devastadas. Esto supone a la fuerza una inyección muy potente de recursos públicos, que harán palidecer los esfuerzos realizados en, por ejemplo, el volcán de La Palma (que no han sido pocos, si han sido distribuidos acertadamente es otro debate). Una operación de rescate semejante necesitará un marco presupuestario renovado, no valdrán las prórrogas para salir del paso.

Esto es justo lo que hará Pedro Sánchez, plantear un Presupuesto de salvación territorial en el que haya sitio para más concesiones (porque habrá margen para ello), y acto seguido plantear a los grupos del Congreso su disposición real para hablar del asunto. La política es también la gestión de las situaciones sobrevenidas, y como dicen los psicólogos la mejor forma de predecir el comportamiento futuro de un individuo cualquiera es observar su comportamiento pasado. Sánchez será lo que se quiera, pero agilidad política no le falta. La posición del Partido Popular en este asunto puede ser muy incómoda, en la medida que afecta directamente a la reputación de uno de sus jóvenes valores, el presidente Mazón, que se verá perseguido por una pregunta insoslayable: ¿por qué no decretó la prohibición de salir a la calle con la que estaba cayendo? Por qué, por qué, y así hasta el infinito. Sus primeras explicaciones son ciertamente inverosímiles, pero estamos en los primeros momentos de este debate, porque antes hay que atender la emergencia y transmitir imagen de unidad, asunto en el que de nuevo ha quedado en evidencia Alberto Núñez Feijóo. Por desagradable que parezca, habrá lecturas políticas de la tragedia, pero es una torpeza mayúscula querer cobrarse la pieza ya en las primeras horas. El alegato de Feijóo puede ser fuego amigo para Mazón, que es, en este caso, el dirigente político más expuesto.

Guardia Civil y los servicios funerarios tras retirar los restos mortales de una persona. Foto: EFE/Manuel Bruque.

¿Cuál podría ser la fórmula para afrontar esta situación sobrevenida? Un Presupuesto expansivo

¿Habrá consecuencias colaterales de lo ocurrido? Es inevitable. Y en Canarias haríamos mal en establecer comparaciones. La erupción volcánica en La Palma fue un acontecimiento terriblemente destructivo, pero lento en su desarrollo y por tanto benigno desde el punto de vista del riesgo para la vida de las personas. Nada que ver por tanto con lo ocurrido en la provincia de Valencia. La Palma sufrió una catástrofe, Valencia llora una tragedia (además de una catástrofe). Es el momento en el que Canarias, que reclama solidaridad cuando toca, y hace bien, puede elevar también su voz para decir: aquí estamos, arrimamos el hombro y decimos: Valencia, ¿qué necesitas? El Gobierno autonómico lo ha hecho desde primera hora. Impecable.

Los asuntos de la agenda política, y digo de cualquier agenda política, cambian en su prelación de acuerdo con la evolución del tiempo y los acontecimientos. En Canarias hay un asunto que ha dominado el panorama durante los últimos meses, durante casi un año incluso. Se trata, obviamente, de la crisis migratoria y su derivada, la acogida de los menores foráneos llegados a las Islas por mar a bordo de pateras y cayucos. Durante meses hemos acariciado, quizá con más esperanza que visos de realidad, la posibilidad de obtener una respuesta conjunta de los poderes del Estado, tanto el estatal como los autonómicos, a través de una reforma de la Ley de Extranjería que haga posible la tutela corresponsable de los menores inmigrantes por los gobiernos autonómicos, por ser competentes en materia de protección del menor. Se trata, sin duda, de un marco legal diseñado para la atención a la infancia autóctona, y en modo alguno fue pensado para contemplar y asumir el estallido de la crisis migratoria en toda su dimensión. Sea como fuere hasta la fecha ha sido imposible reformar las normas y es Canarias la que aborda en solitario esta situación sobrevenida, sostenida en el tiempo y que supera las capacidades objetivas de la Comunidad Autónoma. Se trata, sin embargo, de un asunto gestionable desde una perspectiva conjunta, de Estado, con la implicación sincera, y hasta el momento ausente de las restantes autonomías. Y así nos hemos movido hasta la fecha.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Foto: EFE/Fernando Calvo/Moncloa.

Es el momento en el que Canarias puede elevar su voz para decir: Valencia, ¿qué necesitas?

¿Será posible mantener el impulso político en defensa de la acogida compartida tras la DANA de octubre de 2024? Pues va a estar muy complicado. La Comunidad Valenciana queda eximida de toda responsabilidad en la materia por razones evidentes, porque cualquier planteamiento en tal sentido sería tomado directamente como una falta de respeto. Otras comunidades autónomas dañadas por el accidente meteorológico (Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña...) podrían hacer otro tanto apelando a los desperfectos sufridos y la necesidad de volcar todo su esfuerzo administrativo en la atención de las nuevas prioridades surgidas. Y, por el elemental principio del castillo de naipes, la desafección de unos cuantos amenaza con provocar una desbandada generalizada. Si ya el entusiasmo por auxiliar a las Islas era mínimo entre los homólogos de Fernando Clavijo, imaginen ahora, cuando otro asunto ocupa la atención y afecta además a la población autóctona. La agenda canaria ha perdido muchas bazas de golpe y habrá que adaptarse a ello, lo cual no significa perder razones ni asumir este hecho como una derrota.

¿Será posible mantener el impulso político en defensa de la acogida compartida de inmigrantes?

Este es un relato quizá demasiado pesimista sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses. No ha pretendido serlo. Pero los acontecimientos plantean escenarios inquietantes. Ojalá ocurra lo contrario, que encontremos estadistas debajo de los escombros, que el periodismo de barricada deje paso a una reflexión colectiva y más madura sobre el significado de la palabra España y sus obligaciones, que tienen mucho que ver con el civismo y muy poco con las banderas en las correas de los relojes. La catástrofe en forma de lluvia torrencial nos pone a prueba a todos. Solo cabe desear, pero quizá no esperar, que tras la tormenta meteorológica no acontezca el tornado político.