Con motivo de la aparición de pintadas realizadas en los muros del Castillo de San Gabriel, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Abigail González, ha denunciado públicamente los daños a un monumento expresamente protegido por la legislación española. Asimismo, en un alarde de sensibilidad, ha puesto de manifiesto el coste de las tareas de limpieza que afectará al bolsillo de la ciudadanía del municipio.

Compartiendo con la edil el nivel de incivismo de algunas personas, se me ocurre poner en evidencia determinadas cuestiones nada despreciables sobre el asunto. Si bien los bienes de cualquier comunidad son susceptibles de ser atacados por desaprensivos que no respetan los valores culturales o naturales, pues son utilizados como soporte para sus mensajes, no cabe duda de que  la labor municipal no resulta ejemplarizante, y me explico. Cuando es la propia administración local la que utiliza las fachadas de los inmuebles para mensajes, reconocimientos, o muestras artísticas, no se está percatando de que ha abierto un procedimiento peligroso del que no ha calculado los riesgos de contagio. Son varios los municipios que se han apuntado a la tendencia de tunear fachadas de edificios. Lo apreciamos en Tías, en San Bartolomé, o en Arrecife y la responsabilidad puede ser municipal o compartida con el propio Cabildo de Lanzarote, quienes parecen no encontrar un medio más adecuado para trasladar mensajes a la población. En la era de la comunicación, retroceden al neolítico, a algo similar a pintar en las paredes de las cuevas. La ciudadanía interpreta que si sus representantes públicos lo hacen, es lícito apropiarse de la fórmula. Es cierto que puede existir una notable diferencia entre determinados valores estéticos de unos y las machangadas de otros, pero ese no es el tema. Lo que debe preocupar es la utilización de determinados soportes para muralizar sin atender a ninguna otra consideración.

El mensaje del Ayuntamiento, a ojos de un tercero que hace una declaración de  amor a su parienta en una pared, propicia que considere que su pintada es tan importante y tan lícita como las pintadas del ayuntamiento. La reflexión,  por tanto, no pasa por demandar educar y concienciar a la población, que también, sino porque en las administraciones públicas haya menos pueblo y más instrucción. Porque lo que están mostrando en los ayuntamientos es que el espacio público es el marco para sus caprichos, que tienen derecho a cualquier ocurrencia amparados por la legitimidad de los votos.

Cuando la concejala comparte su preocupación porque tendremos que pagar entre todos los tres mil euros que cuesta la limpieza, echo de menos que no muestre idéntico interés en nuestro bolsillo cuando cientos de miles de euros son gastados en todo tipo de fiestas por parte de un equipo de gobierno que se ha convertido en promotor musical. Ante el dispendio del alcalde, los tres mil de la concejala son calderilla. Realmente, lo de Abigail González es una mera impostura, porque, de preocuparle la administración municipal y que su gestión no resulte gravosa a la ciudadanía, ya se habría revirado  contra los escandalosos gastos de Jonathan de León, eso sí,  de hacerlo, dejaría de ser concejala automáticamente y no creo que quiera prescindir del puesto ni del sueldo. Ni que su marido lo consienta.

Por supuesto, traslado mi repulsa por las acciones de los vándalos sobre los monumentos históricos y sobre cualquier bien, pero también pongo evidencia la torpeza de las administraciones apuntadas a brutas.