No es que Pablo Escobar quede como un angelito de la caridad, pero dos importantes entidades de control colombianas, Fiscalía y Procuraduría, espoleadas, contaminadas e infiltradas por la derecha corrupta, que todavía se resiste a aceptar la derrota que le propinó en 2022 la coalición Colombia Humana liderada por Gustavo Petro Urrego, el primer presidente de izquierda de la República con más de 11 millones de votos, juegan, y van muy en serio, a ser los  gánsteres contemporáneos, una agrupación mafiosa organizada para perseguir y asestar un golpe de Estado al presidente con la mayor votación popular en la historia del país y archivar procesos judiciales que comprometen a peces gordos, políticos y narcotraficantes, y sus estrechas relaciones.

Un siglo largo de corrupción y mamanza son muchos años y están demostrando no solo que les duele dejar esa teta lucrativa que tanto exprimieron, sino que tienen pánico a ser juzgados y pagar con cárcel sus delitos. Matar o torturar a opositores políticos o líderes que abanderan protestas sociales, ganar elecciones financiando campañas con dineros de los narcos, comprar votos, participar del negocio del tráfico de drogas o saquear las administraciones públicas utilizando toda clase de triquiñuelas no puede seguir saliendo gratis.

Sus nervios se multiplican porque ahora la ciudadanía puede comparar. Hay avances palpables en educación, como la gratuidad de los estudios en universidades públicas; en economía, el Fondo Monetario Internacional, uno de los pulpos dominantes del mundo, da un aprobado a Colombia en el crecimiento de su economía con espaldarazo a las reformas del Gobierno nacional, crece la inversión extranjera, que supone confianza, y la inflación se mantiene a la baja durante los últimos diez meses; el Gobierno aborda además internamente y a nivel global los problemas derivados del cambio climático; hay atención a las comunidades indígenas y otros sectores vulnerables; tenemos certeza, y así lo manifiestan campesinos y campesinas, de la entrega de tierras a trabajadores del sector primario que se habían quedado sin suelo fértil para el cultivo; llegan infraestructuras públicas a lugares olvidados; y está abierta una investigación al desfalco de la sanidad porque los salvadores de la patria consintieron su privatización hace 25 años, dejando en estado de indefensión a pacientes y médicos  al hilo de los intereses que siguen teniendo en el negocio.  Estas acciones traducen bienestar y ayudan a destapar ollas podridas.

Con sus errores y líneas de trabajo claramente mejorables, el gobierno de Petro no tiene ni punta de comparación con los del pasado, empezando por el inmediatamente anterior, el de Iván Duque, muñeco de trapo de Álvaro Uribe Vélez, alias El Matarife, que asimismo pasó por la Casa de Nariño con el sello promotor del paramilitarismo y los crímenes de Estado. 

Dicho abiertamente por líderes políticos de la derecha corrupta, el objetivo es no dejar a Petro terminar su mandato de cuatro años, y para ello, no tienen escrúpulos en desplegar todas las artimañas institucionales posibles para ejecutar su  golpe ‘blando’, muy a pesar de que la Constitución colombiana mantiene cerrada la puerta a la reelección de la figura del presidente.

El nuevo capo visible es el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, pero detrás funciona la maquinaria de El Matarife.  Barbosa se atrevió a allanar la sede de uno de los sindicatos más fuertes, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), que congrega al profesorado del país, en busca de supuestas pruebas que pudieran señalar al presidente e incriminar al partido que lo avala por presunta financiación ilegal de su campaña. Barbosa fue designado fiscal general por el expresidente Duque, fueron compañeritos de aula, y hoy por hoy la Corte Suprema de Justicia continúa boicoteando la elección de la nueva fiscal general de la terna propuesta por el presidente Petro, como lo indica el Artículo 249 de la Constitución. Francisco Barbosa suena ya como candidato a las próximas elecciones presidenciales por la derecha corrupta.

El pueblo colombiano salió a la calle el pasado jueves 8 de febrero a desafiar a la mafia exigiendo  respeto al orden constitucional. La movilización, producto de la indignación, responde además al llamamiento del presidente que no tuvo reparo hace una semana  en advertir al país y al mundo, a través de la red social X, de los movimientos de fuerzas desestabilizadoras: “la Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó. Como hicieron físicamente con la UP (Unión Patriótica, partido exterminado en el pasado a punta de bala), ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general”.

Ante la manipulación de las entidades de control, las pruebas falsas y testigos comprados, más de un centenar de organizaciones sociales han firmado una carta pidiendo la atención de la comunidad internacional a la degradación política y democrática impulsada por la derecha: “hoy, las Altas cortes de Justicia: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral han estado expidiendo fallos en contra de la ciudadanía, de decretos que expide el gobierno para impedir restablecer los derechos de nuestras comunidades que han sido abandonadas por más de 200 años”.

Y hay señalamientos muy graves que no sorprenden a quienes conocemos y hemos vivido la realidad del país: “la Fiscalía, las Altas cortes y los organismos de control, no cumplieron con su misión, sino que se dejaron permear por una red de narcotráfico y corrupción. Los últimos informes muestran que en Colombia hay un 94 por ciento de impunidad, además de documentar que estos organismos se transformaron en agentes de persecución política”.

Las organizaciones sociales solicitan a gobiernos internacionales, Departamento de Estado Americano, Parlamento Europeo y demás países, suspender las visas de los funcionarios y promotores del intento de golpe de Estado y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias en el exterior  hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros.

La mayoría de los partidos políticos de España y los grandes medios de comunicación españoles prolongan un extraño silencio o un perfil muy bajo sobre estos hechos, y no será por falta de corresponsales, porque cuando interesa dedican minutos y páginas a Latinoamérica. No podemos obviar que algunos medios colombianos son socios estratégicos y empresariales de medios españoles y que  los primeros están claramente casados con el golpe ‘blando’, reciben millones en financiación, incluso hay políticos propietarios de medios y su misión  principal es tergiversar  y desinformar todos los días. Así está la vaina, y como colombiano, me siento en el deber de divulgarlo con convicción desde esta humilde tribuna.