El desalojo por orden judicial esta semana de casi cien personas que ocupaban 34 viviendas abandonadas y a medio construir como domicilio permanente sin autorización de sus legítimos propietarios en el sur de Lanzarote, deja otras lecturas aparte del problema nacional de la falta de vivienda de alquiler de larga duración por el traslado imparable de inmuebles al servicio del mercado vacacional, su falta de regulación y la escasa oferta del parque de vivienda pública protegida.  

El Colegio de Economistas de la Provincia de Las Palmas encargó el estudio ‘Población versus vivienda en Canarias. Un reto pendiente’, que desveló en diciembre pasado y que analiza distintas variables del mercado del Archipiélago, que en todo caso es muy distinto según qué isla sea y el aumento de su población y si el municipio objeto del estudio es o no turístico. Las conclusiones apuntan que además de construir viviendas, urge adoptar medidas para fomentar la rehabilitación de las existentes. En 2022 habían 29.987 viviendas nuevas sin vender en Canarias.

Según datos oficiales de la Comunidad Autónoma, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida alcanza las 25.269 familias, sin embargo, esta demanda contrasta con las apenas 60 viviendas de protección oficial construidas en los últimos cuatro años y las 14.000 edificadas en los últimos veinte años.

Volviendo al hecho del desalojo, la obsesión por convertir este tipo de sucesos en show mediático coloca una venda en los ojos que distrae la información sobre otras realidades sociales y económicas asociadas, y picarescas también, que algunos medios de comunicación o no identifican o prefieren soslayar.

Si el 70 por ciento de los afectados del desalojo de referencia se encuentra en situación administrativa irregular o no ha culminado la tramitación de su residencia legal en España, aunque la mayoría manifiesta estar trabajando y tener incluso la capacidad de pagar el alquiler de una vivienda si la hubiere, entonces, ¿cuánto se están ahorrando los empresarios que se aprovechan de esa mano de obra contratada al margen de la ley?

Un cálculo rápido: si son 50 personas trabajando y cobrando en B con un sueldo promedio de 1.200 euros mensuales, el ahorro en coste de Seguridad Social es como mínimo de 454 euros mensuales por trabajador, que para el ejemplo de 50 personas suponen más de 270.000 euros anuales que está dejando de ingresar la Seguridad Social, agravio comparativo para los empresarios que tienen a todos sus trabajadores dados de alta y pagan sus impuestos en tiempo y forma.

¿Qué pasa con la inspección de trabajo? Si no hay denuncia es poco probable que los inspectores acudan a los centros de trabajo o inicien procesos de investigación. Y me informan letrados que aún denunciando y con accidentes laborales de por medio la inspección tarda en ir. En Lanzarote hay tres inspectores y tres subinspectores de trabajo, que a la luz de los acontecimientos, parecen insuficientes. Tarea para el Gobierno de Canarias y tarea de coordinación con el Estado.

Viendo las estadísticas mensuales del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), Lanzarote cerró el mes de diciembre con 7.923 parados. Si hay una evidente tasa de contratación irregular en la Isla, ¿por qué el Gobierno de Canarias tarda en investigar y cuantificar?, si se están yendo chorros de dinero por el sumidero, mientras  escuchamos a empresarios quejándose de falta de trabajadores disponibles o con voluntad de trabajar, ¿qué pasa con esas casi 8.000 personas demandantes de empleo?

¿Qué tanto pesa la falta de cualificación?, 4.749 de los parados solo acreditan estudios primarios, o es que las condiciones de trabajo ofrecidas son exiguas, ¿los salarios son bajos para el coste de vida y el aumento de la inflación?, ¿los demandantes de empleo prefieren cobrar prestaciones por desempleo y no trabajar hasta que las mismas se agotan?, ¿hay seguimiento de esta circunstancia si se diera el caso? o ¿será posible estudiar la regularización de los trabajadores que cobran en B y así constatar que quienes los contratan de verdad desean cumplir con sus obligaciones?

Son muchas las preguntas que necesitan respuestas de las administraciones públicas para no quedarnos con la foto pasajera de un desalojo o la imagen de una cena navideña en un comedor social, porque estoy convencido que importa más el morbo que la desventura ajena.