Presidió durante veinte años la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Canarias, hasta su jubilación. También ha ejercido como profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente preside la Asociación de Profesionales Jurídico, Laboral, Económico y Social de La Palma.

-Después de toda su experiencia en la jurisdicción de lo social, ¿cuál es el aspecto que debería transformarse radicalmente?

-La jurisdicción social funciona, en general, bien. Tenemos una legislación procesal muy moderna, del año 2012, y el problema principal que hay en estos momentos es la necesidad de que los procedimientos sean ágiles y rápidos. Lo que ha caracterizado históricamente a los Juzgados de lo social es la celeridad, que resolvían el pleito en tres o cuatro meses. Hoy, en muchos sitios, no pasa eso. Es una jurisdicción doméstica y la gente está esperando para comer.

-Es decir, si el problema no se arregla pronto, la justicia ya no es tan justa.

-Eso. En un pleito civil la prisa es distinta, pero si a un señor no le dan el paro, tiene que comer. Y ese es el principal problema que tiene ahora esta jurisdicción, y es que en determinadas capitales no se ha hecho una previsión adecuada, y hay un atraso que hace que no se dé solución a los problemas de los trabajadores.

-Pues debe haber más medios o menos litigios: ¿Qué es más fácil de abordar?

-La más fácil de arreglar es la de los medios, la menor litigiosidad es difícil porque eso depende del funcionamiento de la sociedad. Cuando la sociedad funciona muy bien, la litigiosidad se incrementa porque el trabajador está seguro y pide sus derechos, pero cuando la sociedad entra en crisis también aumenta, aunque sea una litigiosidad muy distinta, por impagos y con muchas reclamaciones de Seguridad Social, que es el colchón de la crisis: el desempleo, pago de subsidios, etc. La solución es poner más medios.

-En esta jurisdicción funciona bien la mediación, que se quiere incorporar a otros ámbitos de la justicia…

-Con todos los respetos, donde verdaderamente funciona la mediación es en la jurisdicción social, que tiene lo que nosotros llamamos la cultura de la conciliación. Si no fuese por el Semac (Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación), los Juzgados estarían desbordados. Les quita más de la mitad de los conflictos. Yo viví una experiencia en Barcelona, cuando pasamos de la dictadura a la democracia y se suprimió la conciliación porque se decía que era un órgano fascista, y todo iba a los Juzgados. En mi Juzgado yo tenía 5.000 asuntos pendientes metidos en los armarios. Entonces el Gobierno democrático creó un órgano nuevo con el mismo nombre, puso a los mismos que estaban resolviendo los conflictos y volvió a ser un colchón que redujo mucho la conflictividad. La conciliación es fundamental en la jurisdicción social. En otras apenas existe, pero en esta es inconcebible que no exista. La gente ve a los abogados hablando antes de un juicio y piensa que parece un mercado, pero es que hay una cultura de la conciliación tremenda y se arregla mucho.

“En los dos últimos años ha habido una diarrea legislativa, con muchas normas”

-¿Hay un exceso de legislación o de complejidad?

-La sociedad se ha hecho mucho más compleja, los pleitos también son más complejos. En los años 80 había una problemática de pleitos muy concreta y hoy esos pleitos ya no existen, se arreglan en el Semac. Los litigios son más complicados, los trabajadores tienen más derechos reconocidos y las empresas exigen a los trabajadores. Lo que sí ha habido en los dos últimos años, permíteme la expresión, es una diarrea legislativa. Se han empezado a sacar normas y normas, y en este momento el panorama es complicadísimo para los profesionales, que no tienen tiempo para ponerse al día con la legislación. Después, el Covid generó más legislación, pero hoy por hoy el Derecho Laboral es mucho más complejo, los profesionales se tienen que formar mucho más, y hay tal proliferación que hace que no podamos estar al día.

-Debe haber un punto medio entre eso y la desregulación total, que es lo que algunos querrían…

-Yo no creo en eso. El mundo laboral debe estar muy regulado porque hay un desequilibrio entre las dos partes. El trabajador no está en la misma situación que el empresario, necesita trabajar porque su familia tiene que comer. El origen histórico del Derecho del Trabajo es establecer una serie de normas para obligar a los empresarios a que respeten unos derechos. El Estatuto de los Trabajadores es una obligación para el empresario, te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Si le das la oportunidad al empresario de decir “paga lo que quieras, las vacaciones que quieras...”, pues volvemos a los años 50, a la ley de la selva. El Derecho del Trabajo debe de ser protector del trabajador. Tenemos un problema añadido, que la Unión Europea va dictando directivas, normas de derecho laboral que tenemos que aplicar y obliga a hacer más leyes.

-¿En Canarias hay mucha litigiosidad porque los empresarios son muy incumplidores, por la composición del mercado laboral? ¿O por otras razones?

-Ha habido históricamente una inercia en el mundo laboral, y es que había mucho incumplimiento y se reclamaba menos o se reclamaban cosas muy simples. Ahora han surgido leyes que reconocen más derechos, se han desarrollado los derechos fundamentales. Hace treinta años se enfermaba un trabajador y lo despedían. Ahora un trabajador se enferma y no lo puedes despedir. Ha habido un cambio tremendo. El problema de la sociedad canaria, que es parecido al del resto de España, es que tenemos pequeñas empresas. Las medianas y grandes empresas cumplen más la legalidad. Las pequeñas empresas hacen lo que pueden y van trampeando y se genera mucho conflicto porque si el empresario no puede llegar, no llega…

“El mundo laboral debe estar muy regulado porque hay un gran desequilibrio”

-¿Cuáles son los sectores más desprotegidos?

-En sentido amplio, hay que diferenciar entre administraciones públicas y empresas privadas. En las administraciones, dicho con todos los respetos, son unos privilegiados. Tienen las mejores retribuciones y la verdadera estabilidad en el empleo. A un funcionario es casi imposible echarlo. Dentro de las privadas, en los sectores importantes como hostelería, metal o construcción, hay más protección. En el mundo agrícola la desprotección es mucho mayor, y hay un sector muy desprotegido, que es el autónomo.

-Da la impresión de que los tribunales corrigen siempre las irregularidades en la contratación de las administraciones...

-Ahora hay un debate sobre los contratos temporales en las administraciones públicas, sobre si duran mucho, etc. La mayoría de los contratos temporales han entrado por la puerta de atrás en la administración. Han tenido la suerte de trabajar, y reivindican quedarse, cosa que es legítima. La  administración pública es la peor empleadora, infringe la ley igual o más que las empresas privadas y quiere tener privilegios, pero está sometida al mismo estatuto y a la misma norma. El problema es que en la administración pública no existe el control por parte del empresario que tienen las empresas privadas. Ahora se trata de acabar con la temporalidad en la administración y fomentar que todas las plazas se saquen, para evitar esa situación de que más de un tercio del personal temporal, y eso es un disparate.

-¿El contrato único simplificaría mucho las cosas? ¿Tendría ventajas para el trabajador?

-Históricamente hemos tenido pocos contratos. Es mentira que haya cincuenta contratos. Tenemos un contrato indefinido, que es el que debe existir, y para determinadas circunstancias, unos contratos temporales, que tampoco hay muchas modalidades. Solo dos, el de sustitución y los eventuales por circunstancias de la producción, además del contrato formativo. No hay más. Los que tienen que existir son el fijo o el fijo discontinuo.

“En los sectores importantes como hostelería, metal o construcción hay más protección”

-¿En Lanzarote y Fuerteventura hay una litigiosidad distinta a las islas capitalinas?

-Es más o menos igual, pero más vinculada con el sector turístico.

-¿Cuál es la mayor barbaridad que vio en estos años respecto a incumplimientos?

-No recuerdo ahora mismo. Siempre me llamó mucho la atención constatar que las principales incumplidoras en la contratación son las administraciones públicas y que lo hacían a conciencia. Sabían que hacían algo ilegal contratando a parientes y todo eso. Eso es lo que me ha parecido peor.