La sede del Cabildo de Lanzarote ha acogido este viernes por la mañana una sesión ordinaria de la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote, constituida en Junta General de Inalsa, que llevaba tres puntos principales en el orden del día.

El primero era el cumplimiento de la sentencia del año 2021 que daba la razón a Canal Gestión y que obliga al Consorcio a subir las tarifas del agua. El segundo, revocar un acuerdo de la Asamblea del Consorcio de mayo de 2021, por el que se modificaba otro acuerdo de la misma Asamblea de mayo de 2013, “dejando éste en su redacción original”, de conformidad con las advertencias recogidas en un informe de control interno, y el tercero incoar el expediente de modificación de los estatutos del Consorcio para adaptarlos a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Los tres alcaldes del PSOE, Isidro Pérez, de San Bartolomé, José Juan Cruz, de Tías y Alfredo Villalba, de Haría, consideran que las tres son decisiones que afectan al Consorcio del Agua de Lanzarote y que no pueden adoptarse acuerdos con respecto a los mismos por parte de la Junta de Inalsa, porque incurren en “nulidad”.

“Con carácter general y con respecto a los tres puntos señalados, se hace constar que la documentación puesta a disposición de los miembros de la Junta que suscriben el presente escrito no contiene ni la imprescindible propuesta motivada ni los preceptivos informes técnicos y jurídicos”, han hecho constar los tres alcaldes.

Respecto al cumplimiento de la sentencia, señalan que es competencia del Consorcio y que la única documentación que han recibido “consiste en un estudio económico, realizado por un profesional externo, que plantea dos posibles escenarios para la subida de tarifas”, uno con el cálculo con base en la posición mantenida por el Consorcio del Agua de Lanzarote, mientras que en el segundo dicho cálculo se realiza en función de la posición sostenida por Canal Gestión Lanzarote.

“Sin embargo, no se acompaña ninguna propuesta motivada sobre cual de los dos modelos habría de aprobarse e igualmente, no se aportan los correspondientes informes técnicos y jurídicos que permitan justificar la adopción de uno de esos dos escenarios previstos en el informe externo”, añaden.

Respecto al segundo y tercer puntos, dicen que “la documentación puesta a disposición no incluye ninguna propuesta motivada sobre el acuerdo que pretende adoptarse” y que no se aportan los correspondientes informes técnicos y jurídicos que permitan justificarlos.

“Se hace constar de manera expresa la más firme protesta por la ausencia de las imprescindibles propuestas de acuerdo y los informes preceptivos que las respalden en cada uno de los puntos”, señalan los alcaldes.

“Esta manera de actuar contradice frontalmente la exigencia de aportar el contenido mínimo imprescindible para adoptar acuerdos por parte de una administración pública y reviste una especial gravedad si se considera que los miembros de la Junta General de Inalsa no lo son a título individual, sino como representantes de diferentes ayuntamientos, debiendo recabar para conformar el sentido de su voto la imprescindible asistencia de sus propios servicios técnicos y jurídicos”, añaden.

Los citados alcaldes señalan que han advertido de que “se tomarán las medidas oportunas para dejar sin efecto los acuerdos adoptados de manera irregular a pesar de las advertencias realizadas”.