No hay mal que por bien no venga. Es lo que han debido pensar los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife y el grupo de gobierno municipal después de que en junio pasado se anulara el catálogo arquitectónico que protegía un total de 70 bienes.

La intención que se baraja ahora es incrementar en un centenar el número de edificaciones catalogadas, al considerar que el listado anulado por el Tribunal Supremo por un defecto en la forma en la que se tramitó el catálogo, en la etapa en la alcaldía de María Isabel Déniz, no permite la conservación de las muestras arquitectónicas significativas de la capital de la Isla.

Tras las sentencias firmes del Supremo, en principio ha cobrado vigencia el anterior listado de edificios protegidos, incluido en el planeamiento municipal de la década de los noventa del pasado siglo, que apenas recogía 19 bienes, contando edificios públicos como los dos castillos, el Puente de las Bolas, el antiguo Parador de Turismo, el Cabildo viejo o la sede de la Delegación del Gobierno.

Ante las solicitudes de licencias de derribo por parte de varios propietarios de edificios antiguos que habían perdido su protección tras la decisión judicial –desde el antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Plazuela al comercio Alfa de la calle Real-, el Ayuntamiento acordó una suspensión en la concesión de permisos de demolición con el argumento de estar elaborando un nuevo catálogo, advirtiendo con denunciar en la Fiscalía a quien demoliese sin autorización. Los promotores han anunciado que recurrirán la medida por considerarla un “fraude” frente a la anulación del catálogo por la Justicia.

El consejero Domingo Berriel quiere la aprobación inicial en octubre

El Ayuntamiento se autoimpuso un plazo de seis meses para aprobar con carácter inicial el nuevo Plan General de Ordenación. Un acto que, en realidad, llevará a cabo el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, al haber delegado en el Ejecutivo regional la elaboración del nuevo planeamiento de la ciudad. Si bien en el convenio entre ambas instituciones se estableció la condición de que el Ayuntamiento tenía que dar su visto bueno antes de la aprobación.

Las fuentes consultadas apuntan a que el Gobierno tiene intención de aprobar el PGOU “durante el mes de octubre” y, de hecho, el documento ya está siendo analizado por los servicios técnicos del Consistorio. En principio sería elevado al pleno del Ayuntamiento, pero no tendría ni que ser votado.