Aunque haya llegado tarde, no se asiste todos los días al reconocimiento por parte de varios directivos de grandes empresas de que pagaban sobornos a políticos y técnicos para facilitar su contrato con la Administración. También es la primera vez, por cierto, que Dimas Martín reconoce públicamente que cobró una comisión ilegal. La descripción del modus operandi la completó con detalle el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha.

Los directivos de Urbaser y FCC admitieron los sobornos, aunque el arrepentimiento que manifestaron suena muy forzado. Es cierto que han abonado ya una cantidad considerable de dinero, pero ¿qué otra cosa tiene un directivo de una gran empresa, sino dinero? Si han acabado admitiendo los hechos es por el miedo a una condena mayor que les hiciera entrar en la cárcel, y principalmente, por el peso de las pruebas recabadas durante la instrucción

Es poco creíble el arrepentimiento porque el primer intento fue echarle la culpa al gerente con una denuncia. Jacinto Álvarez era un “gerentillo”, según sus propias palabras, un “camello”, según dijo en su declaración. Y en segundo lugar, porque siguen deslizando esa versión, la que les interesa.

Los directivos de Urbaser y FCC admiten los sobornos pero colocan la iniciativa lejos de su voluntad y ponen este caso como una excepción. Manuel Andrés Martínez, que era el número 2 de la empresa, dijo que el gerente tenía libertad y ellos “daban el consentimiento”. Santiago Álvarez declaró que en Arrecife no se podía trabajar si no se pagaba y que él no participó pero no hizo nada por evitarlo.

Parece una declaración incompleta. Sin desmerecer la insistencia de los otros protagonistas del juicio, el relato parece muy simple: unos malvados lugareños intentan corromper a grandes empresarios. No fue una excepción, es una forma de trabajar.