La acuicultura en Lanzarote lleva años envuelta en la polémica: antes, por la contaminación generada en Playa Quemada, denunciada por el Ayuntamiento de Yaiza y acreditada por estudios ambientales, y ahora por la intención de empezar a ocupar con jaulas el litoral entre Arrecife y Puerto del Carmen, en una lámina de agua con una superficie global de 13,5 millones de metros cuadrados.

El Cabildo ha anunciado acciones legales para impedirlo, pero por ahora el Gobierno de Canarias ha desoído al Ayuntamiento de Tías, que ha llevado el caso a los tribunales, y a la propia Corporación insular. Las primeras jaulas se instalarían a apenas dos kilómetros de tierra, entre El Cable y Playa Honda.

De entrada, 56 jaulas. La intención de la empresa Yaizatún, que forma parte del grupo de origen murciano Ricardo Fuentes e Hijos, es desplegar de entrada 56 jaulas marinas a lo largo de una concesión de casi 1,4 millones de metros cuadrados, entre Arrecife y el aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

Según el proyecto, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, se colocarían 36 jaulas de 30 metros de diámetro, para la cría de dorada y lubina, mientras que las otras 20 jaulas, de 50 metros de diámetro, se destinarían al engorde de atún.

El objetivo del potente grupo empresarial -solo la matriz factura más de 100 millones de euros al año, según las últimas cuentas depositadas- es el “cultivo” de 9.000 toneladas por año de pescado en esta concesión: 4.000 de atún atlántico, 3.300 de lubina y 1.700 de dorada.

Las lubinas y doradas llegarían con un peso de 10 gramos por ejemplar, procedentes de una planta donde se efectuaría un engorde previo para proceder a “descargar” los ejemplares en las instalaciones en el mar, mediante un sistema de bombas, para extraer los peces “de la bodega hacia la jaula”.

La previsión es de un total de 350.000 ejemplares de lubina y 400.000 de dorada por jaula, procedentes tanto de criaderos en España como de Francia o Italia. La alimentación sería manual “inicialmente”, con “pellet del pienso”, y luego se efectuaría automatizada “desde la embarcación de la distribución del pienso”.

Los ejemplares se retirarían de la jaula con unos 450 gramos de peso, tras un periodo de cultivo de 16 meses en el caso de la lubina y de 18 meses en el de la dorada. En el caso del atún, llegarían con un peso inicial de 180 o 200 kilos, con 650 alevines por jaula, y se engordarían hasta que alcanzaran un peso de 300 kilos. Su periodo de cultivo, después de ser capturados mediante la técnica del cerco y llevados a viveros, es de cuatro a cinco meses en las jaulas.

La cuenta de explotación prevista por la empresa para el proyecto arroja unos ingresos de 30,5 millones de euros en el primer año hasta llegar a los 52,5 millones en el quinto ejercicio.

Distancia entre las jaulas y la tierra, según los promotores.

Cronología de la polémica. El Plan regional de ordenación de la acuicultura se aprobó en julio de 2018, en la pasada legislatura, pero se le llevaba dando vueltas desde hacía 15 años. En septiembre de 2003, la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias pide al Cabildo una propuesta para la ordenación insular de este tipo de actividad.

En abril de 2004, el Cabildo responde con una serie de zonas descartadas, entre las que citaba todo el litoral de Arrecife y Puerto del Carmen, que, sin embargo, han terminado habilitándose para las jaulas marinas.

En el trámite oficial del actual planeamiento, que arranca en septiembre de 2008, la Consejería de Turismo del propio Gobierno de Canarias solicitó que se considerasen zonas prohibidas los frentes litorales de las localidades turísticas.

Las jaulas marinas se colocarían a unos 2.000 metros del arenal de Playa Honda

Cinco años después, en el siguiente paso relevante en la tramitación, la Cámara de Comercio de Lanzarote advirtió de que la actividad acuícola genera impactos negativos y que se debería suprimir la posibilidad de desarrollarla frente a los núcleos urbanos más importantes de la Isla. En el Gobierno autonómico, presidido entonces por Fernando Clavijo (CC), no se hizo caso.

La polémica en Lanzarote estalla hace justo dos años: en marzo de 2021, el Ejecutivo regional, ya presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE), aprueba la ordenación detallada de una de las áreas declaradas de interés para la acuicultura, que se extiende a lo largo de 9,2 kilómetros de costa, entre las inmediaciones de las playas del Reducto y de Los Pocillos.

Y en noviembre del mismo año aprueba el concurso público para dar la concesión, a instancias de Yaizatún, entre La Bufona y el aeropuerto César Manrique. En aquel momento se descubre que, en realidad, ha sido la propia empresa Yaizatún la que ha elaborado esa ordenación detallada de la zona acuícola.

La compañía tenía vencida desde agosto de 2021 la concesión en Playa Quemada que, además, ahora es zona prohibida. Pese al rechazo institucional y social, el Gobierno de Canarias no ha parado: en agosto de 2022 selecciona al proyecto de Yaizatún como ganador del concurso público y a finales de enero de 2023 abre periodo de alegaciones al proyecto, pero sin publicarlo.

Carta enviada por Dolores Corujo a Ángel Víctor Torres pidiendo las competencias en acuicultura.

Oídos sordos del Gobierno. El Gobierno ha obviado en los dos últimos años las objeciones que se han planteado desde Lanzarote para evitar que el frente marítimo de Arrecife a Puerto del Carmen sea colonizado por jaulas marinas. Hasta el momento, el de Tías ha sido el único ayuntamiento que ha acudido a los tribunales para impugnar las resoluciones de la Consejería regional de Pesca. En vía administrativa, el Gobierno ha rechazado los dos intentos oficiales del Consistorio para que echara el freno.

El Cabildo ha anunciado ahora un requerimiento previo al Ejecutivo autonómico, que es el paso anterior a interponer un pleito judicial. Lo que hace en febrero de 2023 el Cabildo ya lo había hecho Tías, sin éxito, en abril de 2021.

Según la documentación consultada, el presidente Torres ha desoído por conducto oficial la petición de su homóloga en el Cabildo, Dolores Corujo, que en una carta fechada el pasado mes de noviembre le pide que cumpla el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en noviembre de 2018, que atribuye a la Corporación insular, “como institución de la comunidad autónoma”, las “competencias ejecutivas en materia de otorgamiento de concesiones y autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad de acuicultura, la inspección y control de las explotaciones y el ejercicio de la potestad sancionadora”.

Corujo apunta que se trata de “competencias insulares” y añade que el hecho de que el Gobierno de Canarias las ejerza “comporta un grave perjuicio al interés público” de Lanzarote. En aquella comunicación, Corujo solicita a Torres que “adopte las medidas administrativas, organizativas y en su caso normativas” para “garantizar” que el Cabildo “pueda ejercer de forma efectiva las competencias” que le otorga el Estatuto sobre la acuicultura. La respuesta llegó en forma de informe de los servicios jurídicos del Gobierno rechazando la petición de Corujo.

Objeciones legales. La presidenta del Cabildo insiste a mediados de enero con otra carta a Torres. Replica que no vale la excusa de que no se ha producido la “transferencia de medios” del Gobierno a la institución insular.

De lo contrario, “supondría, como de hecho supone hasta este momento, condicionar” lo establecido en el Estatuto de que es el Cabildo el competente para la acuicultura, “constituyendo por tanto una vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada”. Corujo aprovecha para recordar a Torres que la acuicultura “tiene una especial relevancia por su impacto” en Lanzarote y reitera que el Cabildo “mantiene un especial interés en ejercer de forma real y efectiva sus competencias ejecutivas en la materia”, al tiempo que le insta a una efectiva “transferencia de medios” desde la Consejería de Pesca a la institución insular.

Las jaulas entran “en colisión con espacios naturales protegidos”, como el LIC marino

Pocos días después, el Gobierno saca el proyecto de Yaizatún y se convoca una concentración de protesta del sector náutico, desactivada antes de que se llegue a celebrar. Ya en febrero, el Cabildo anuncia un requerimiento previo, que incide en que la competencia sobre la acuicultura es insular, denuncia la “manifiesta lesión de los derechos de las personas” a participar en el proceso de información pública al no hacerse pública la documentación del proyecto de Yaizatún e introduce objeciones de fondo que no habían sido tenidas en cuenta por el Gobierno de Canarias.

Así, resalta que las jaulas entran “en colisión con espacios naturales protegidos”. Explica que el ámbito de la concesión “coincide con la delimitación del Lugar de Importancia Comunitaria” del espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura, de la Red Natura 2000. Falta una “evaluación de repercusiones en el espacio” protegido y “ni tan siquiera se ha tenido en cuenta” su existencia. Las jaulas también se instalarían “en plena zona de sebadales”, lo que “se entiende incompatible” con su protección.