El fiscal Javier Ródenas ha solicitado el archivo de las actuaciones contra 17 imputados en una de las principales piezas del caso Unión, relacionada con las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife y otros negocios y contratos y con la financiación irregular del PIL, según ha avanzado el diario lavozdelanzarote.com.

Los imputados para los que se pide el archivo son Segundo Rodríguez, Dayrán Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Demetrio Rodríguez, José Luis Betancort, María José García Acosta, Jorge Ramón Álvarez, Juan Jesús Acuña Borges, Pedro Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Joel Delgado, Carlos Morales, Víctor Sánchez, José María Pérez y Celso Betancort.

La Fiscalía solicita este archivo ante la ausencia de pruebas y la falta de elementos corroboradores en la investigación. Los indicios para la acusación llegaron de la investigación de la UCO y posteriormente de la declaración de Matías Curbelo, considerado el recaudador en la trama de comisiones ilegales del PIL y el Ayuntamiento.

Señala la Fiscalía que esas operaciones relatadas por Curbelo “con poca precisión e inconexas” respecto de 13 de estos imputados (todos excepto los tres arquitectos y el concejal Joel Delgado) no han podido ser corroboradas por datos externos a su propia declaración y por expedientes concretos de adjudicación de obras.

Sobre Joel Delgado, acusado de intentar influir sobre Ubaldo Becerra para que el Ayuntamiento contratara a su madre, señala el fiscal que no hay sesgo incriminatorio que permita atribuirle un delito por una contratación que finalmente no se produjo.

Sobre los arquitectos Pérez, Sánchez y Morales, a los que, en teoría, se les iba a encargar el Plan General de Arrecife sin concurso, dice que no hay elementos materiales que permitan atribuir un concierto de voluntades entre ellos y la Administración y que no se inició expediente administrativo sobre esto. También señala que el interés de Dimas Martín en influir en Ubaldo Becerra para que se hiciera ese contrato no se trasladó a los imputados.

En el escrito, la Fiscalía destaca que desde el inicio de la instrucción ha venido pidiendo piezas separadas y diligencias instructoras para agilizar la tramitación de un procedimiento “de difícil manejo” y para no eternizar la instrucción y evitar el riesgo de “ingobernabilidad de una causa inmanejable”. Dice que es inútil ordenar nuevas diligencias.

“Decisiva fase”

Ya se ha concluido el estudio-auditoría con 22 dictámenes periciales, realizado por Godoy Consultores, sobre los expedientes en el Ayuntamiento de Arrecife, y pide que se practiquen “diligencias indispensables para enfilar la decisiva fase intermedia para otros 22 imputados”.

Se trata de Dimas Martín, Carlos Sáenz, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Yoana Cabrera, Loyola del Mar Hernández, Luisa Blanco, Elena Martín, Rafael Arrocha, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gónez, Jesús Manuel Martín Brito, Dabiel Cañada, Manuel Reina Fabre, Francisco Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenas, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa y el ex director de la cárcel Joaquín Herrera.

El principal factor de cohesión de los que siguen imputados sería su proximidad al PIL o al Ayuntamiento de Arrecife, bien para obtener contratos a cambio de comisiones o bien por la financiación del partido.