La Audiencia provincial de Las Palmas ha archivado de forma definitiva la causa contra el tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco en el caso Montecarlo. El Juzgado de instrucción 4 de Arrecife ya había ordenado el archivo pero la representación procesal del Ayuntamiento de Arrecife había decidido recurrir ese archivo, cuando estaba en la alcaldía el ex alcalde José Montelongo (PSOE), que está imputado en esa misma pieza.

El Ayuntamiento se opuso al sobreseimiento libre y pedía el sobreseimiento parcial argumentado que el perito que elaboró el dictamen en el que se basó la defensa de Montelongo para solicitar la imputación del tesorero no había ratificado su dictamen en esta pieza a través de una declaración en sede judicial.

La Sala, en un auto del magistrado Miguel Ángel Parramón, asume por completo las tesis del juez instructor y estima que las diligencias de instrucción practicadas "permiten descartar con toda seguridad la comisión de ilícito penal alguno" por parte del tesorero. Señala que "la conducta del investigado como tesorero municipal en relación a los pagos efectuados a las empresas Inelcon y Señalcon ha sido total y absolutamente correcta y no merece desde luego reproche alguno", y añade que "nada indica, sino todo lo contrario, que el interventor municipal investigado no cumpliera las obligaciones legales que le incumbían como tal en el desempeño de las funciones propias de su cargo".

El auto desmonta el recurso del Ayuntamiento asegurando que "ninguna de las alegaciones expuestas por el apelante señalan la existencia de error alguno por parte del instructor al acordar el sobreseimiento libre". Califica esas alegaciones como "confusas objeciones" y dice que carecen de base alguna "más allá del legitimo derecho a recurrir pues la imputación inicial del investigado, la falta de ratificación del informe pericial o el archivo provisional y no libre en otra causa por hechos similares no desvirtúa para nada la acertada decisión del instructor".

Reitera el auto que la participación de Cabrera Panasco en los hechos investigados "es conforme a las obligaciones de su cargo y no se detecta irregularidad alguna a él imputable, pues consta que los pagos cuestionados estaban debidamente autorizados y fiscalizados tanto por el Concejal de Hacienda como por el interventor municipal, con lo que el cumplimiento y ejecución efectuados por su parte no admite el menor reparo a su concreta conducta".

Oposición de la Fiscalía

Durante la instrucción, la Fiscalía se opuso en todo momento a la imputación del tesorero , y en este auto, la Audiencia dice que comparte "por completo los argumentos estrictamente jurídicos" en su escrito de oposición, "dejando a un lado la dureza dialéctica del dictamen del Ministerio Fiscal". El fiscal Ignacio Stampa llegó a comparar en este caso la actuación de la representación legal del Ayuntamiento de Arrecife con la actuación del Partido Popular en el caso Gürtel (en la pieza relacionada con los 'papeles de Bárcenas'), donde la Audiencia Nacional expulsó al PP como acusación porque su actuación en el caso coincidía con los criterios de la defensa de Bárcenas.

Stampa decía que había "un paralelismo evidente, salvo por la diferencia notable de que el Ayuntamiento es una institución pública, y que no es presunto responsable como beneficiado, sino al revés, es el presunto perjudicado".

El juez Parramón dice que las alegaciones del abogado del Ayuntamiento, que había recurrido el archivo, son "confusas objeciones" y carecen de base alguna "más allá del legitimo derecho a recurrir"

La Fiscalía señalaba que la representación del Ayuntamiento no había interesado ni una sola diligencia de instrucción, salvo la declaración del perito y para valorar estrictamente la posible responsabilidad del tesorero, además de que no había aportado "ni un solo documento que sirviera para esclarecer los hechos investigados, no ha iniciado ningún procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas en vía administrativa ni de exigencia de responsabilidad disciplinaria o contable contra ningún funcionario o cargo y no ha acudido a muchas de las declaraciones judiciales practicadas tras su personación, y cuando lo ha hecho, no ha formulado preguntas". Se preguntaba la Fiscalía en su recurso si el Ayuntamiento estaba velando realmente por los intereses públicos que tiene encomendados o estaba ejerciendo la defensa de José Montelongo.

De 23 comparecencias de testigos o imputados, el abogado del Ayuntamiento no acudió a trece de ellas y en las otras diez no realizó ni una sola pregunta. La Fiscalía sostiene, en este caso, que Panasco "salvó su responsabilidad en varios casos concretos al advertir de las irregularidades" y que justificó a través de informes "que los documentos o piezas justificativas de los pagos no se remitían a la tesorería a partir de determinada fecha, lo cual fue corroborado por las otras dos tesoreras que declararon como testigos, que se oponía a las órdenes de pago que le daba el entonces concejal de hacienda", José Montelongo, "infringiendo la prelación de pagos".

Aportando documentos

"El Ministerio Fiscal -decía el recurso- ha venido sosteniendo a lo largo de la causa lo que hasta ahora podía ser una mera sospecha, cada vez más notable, hasta convertirse en una evidencia para explicar tal forma de actuar: el tesorero Antonio Cabrera Panasco no es el único funcionario que ha relatado irregularidades en esta causa, pero sí es la única persona que dentro del Ayuntamiento ha 'dado la cara' aportado documentos que incriminan a José Montelongo y a otras personas en los hechos delictivos objeto de investigación".