Los servicios jurídicos del Cabildo analizarán la posibilidad de que el urbanista José María Ezquiaga continúe al frente de la elaboración del Plan Insular de Ordenación (PIO), que se contrató en noviembre de 2007, después de que la Junta consultiva de contratación, que depende del Gobierno de Canarias, no haya resuelto de forma concluyente la consulta de la Corporación insular.

Con la llegada a la Consejería de Política Territorial del socialista Marcos Bergaz, el Cabildo trasladó a la Junta consultiva varias cuestiones para que arrojase luz sobre la vigencia del contrato formalizado con Ezquiaga para la elaboración del Plan Insular, que no ha pasado de la fase de avance.

El contrato del Plan Insular se firmó el 2 de noviembre de 2007 con un plazo de ejecución de 20 meses, y fue prorrogado. Cuando finalizaron las prórrogas, el Plan Insular no se había aprobado y, por tanto, “la prestación” del servicio “no se había ejecutado en su totalidad”.

El Cabildo asume que “la demora en la ejecución no ha sido por causa imputable” a Ezquiaga, sino a “diferentes incidencias”, como “cambios legislativos” que han afectado a la elaboración del planeamiento insular o a “retrasos en el análisis de la documentación presentada por parte del Cabildo”.

Tras analizar la situación, la Junta consultiva señala que “puede concluirse que la legislación de contratación pública no contiene ninguna regulación que sea directamente aplicable a este caso”. De ahí, añade, que haya que “acudir a otras fórmulas” legales “para alcanzar una solución al problema”.

El Cabildo decidirá al final si Ezquiaga puede continuar con la elaboración del PIO o es necesario que vuelva a salir a licitación

El consejero de Política Territorial indicó a Diario de Lanzarote que, tras conocerse el informe de la Junta consultiva de contratación, se reunirán los servicios jurídicos y el departamento de contratación del Cabildo para estudiar una salida y determinar si Ezquiaga puede continuar con la elaboración del PIO o es necesario que la redacción del documento vuelva a salir a licitación.

Las fuentes consultadas explican que la situación del contrato con el equipo redactor del Plan Insular, que también incluye el planeamiento de ordenación de las zonas turísticas, ha derivado en el reparo del departamento de Intervención a abonar el pago de unos 108.000 euros facturados por Ezquiaga. En cualquier caso, el urbanista ha trasladado al Cabildo su intención de culminar el nuevo Plan Insular.

Abanico de posibilidades

Con respecto a la consulta a la Junta consultiva, el Cabildo planteó si se podía considerar que el contrato de servicios continuaba vigente y, si fuera así, si Ezquiaga podía finalizar la elaboración del Plan Insular. También planteaba si el Cabildo podía disponer de una ampliación en la ejecución del contrato, fijando una fecha de finalización.

La Junta consultiva aclara que desconoce las condiciones bajo las que se contrató el Plan Insular en 2007. De la “escasa información” que han manejado para su informe, desde la Junta se apunta que “parece deducirse” que “a pesar de haber expirado el plazo previsto” de 20 meses con sus prórrogas, “la prestación del servicio no ha terminado de ejecutarse”. La Junta esboza diferentes escenarios (consulte el informe):

SIN PRÓRROGA. “Si como parece deducirse”, el “propósito del Cabildo” es que Ezquiaga “continúe la ejecución del contrato, no sería posible prorrogarlo” con la normativa de contratación del sector público, que “exige que la prórroga se acuerde mientras esté vigente el plazo de ejecución pactado”.

“INVIABLE” MODIFICAR EL CONTRATO. La posibilidad de modificar el contrato con el fin de ampliar su periodo de vigencia “plantea algunas objeciones como la dificultad de justificar una modificación dirigida a introducir una prórroga contractual”. Al haberse firmado en 2007, “han trascurrido, en exceso, más de los seis años” de “plazo máximo de duración de los contratos de servicios”, lo que hace “inviable” esa “posibilidad”.

CELEBRAR OTRO “CONTRATO INDEPENDIENTE”. Otra posibilidad pasa por “celebrar un contrato independiente que garantice la prestación del servicio” hasta “la adjudicación de uno nuevo”, bien a través de “un contrato menor puente, bien a través de una licitación por la vía de urgencia”. Un contrato menor tiene limitación del importe y “no pueden concatenarse diversos contratos menores”.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO. “El Cabildo de Lanzarote podría adoptar un acuerdo de continuidad del servicio por el plazo que considerase oportuno hasta la adjudicación del servicio o hasta la formalización de un nuevo contrato”, señala la Junta, que aclara que el Cabildo tendría que adoptar “un acuerdo motivado” con el “consentimiento” de Ezquiaga y justificando “razones imperiosas de interés general”.