El Cabildo de Lanzarote ha anunciado la ejecución de obras de restauración en la antigua Casa Cabildo en la Calle Real de Arrecife, también conocida como Casa Amarilla, estando cuantificado el coste de esa intervención  en, aproximadamente, unos ciento noventa y cinco mil euros. Esta inversión se ha adjudicado a la empresa pública TRAGSA para atender principalmente la remodelación de los azulejos y revestimientos deteriorados por el paso del tiempo. Puestos a apelar  al rigor de la información, no es el tiempo transcurrido el responsable de los daños sino la deficiente actuación anterior acometida diez años atrás por el propio Cabildo, lo cual debiera ser de conocimiento de Oswaldo Betancort y María Jesús Tovar, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la institución insular.  En 2023, aparece una partida de unos cincuenta mil euros para intervenir en los azulejos, momento en que debe haberse procedido a colocar un material de protección para evitar la caída de los mismos, lo cual, teóricamente, había sido resuelto en el marco de aquella restauración. Si el engasado del revestimiento cerámico realizado ha costado esa cantidad, podemos adelantar que estamos ante unos costes inasumibles para la intervención realizada.        

El nuevo proyecto se enmarca en el Plan de sostenibilidad Turística en Destino 2023, lo cual no alcanzo a entender qué abarca. Seguramente, un cajón donde cabe de todo y del que sabemos que  los recursos vienen de la Unión Europea. 

En la intervención anterior, atendiendo a la documentación consultada, los trabajos realizados  —que incluyeron las tareas  de recuperación y adaptación del inmueble histórico, así como la adaptación de la planta baja como  espacio expositivo— supusieron una inversión de más de doscientos treinta mil euros. Esta cifra fue financiada a través del Plan de Ampliación de la Estrategia de Mejoras del Espacio Público Turístico del Gobierno de Canarias. Con esa cantidad, se acometió todo el edificio, por fuera y por dentro. Hoy, con una cantidad similar, pretende hacerse sólo parte del revestimiento exterior. Es en este punto donde deberíamos reflexionar de los motivos por  los que el precio de  la obra pública nunca responde al valor real. Hablamos del concepto de PRECIO y del de VALOR y debiendo existir una correspondencia entre ambos, la realidad indica que no viene siendo así. Si fuera acometida por un particular en su casa, es probable que se realizara con un tercio de lo que cuesta esta.

TRAGSA es una empresa pública especializada en proyectos de desarrollo rural, medio ambiente, infraestructuras y servicios técnicos que la administración canaria utiliza para  ejecutar obras y servicios de interés general. En este punto, desconozco si la empresa llega con un proyecto que realiza y presupuesta a instancias propias o si ha sido realizado por el Cabildo. Llevarse doscientos mil euros por alicatar unos metros cuadrados más parece un asalto a la caja, y no sé bien qué seguimiento hace la UE al dinero que se gasta ni a dónde miran nuestros técnicos cuando se ejecuta y se utilizan recursos públicos en ello. Sobre quién fiscaliza a TRAGSA, es una cuestión de sustancial interés, y más cuando sabemos de la existencia de muchas fórmulas para detraer y repartir recursos públicos. Total, el dinero público no es de nadie.