Como se ha argumentado a lo largo del mes pasado (aquí), la reforma del sistema electoral de Canarias pasa por un momento crucial en la búsqueda del ansiado consenso. Se lleva luchando por una mejora desde hace muchos años, con infinidad de ponencias (aquí), estudios (aquí o aquí) y movilizaciones (aquí) que han evidenciado lo perjudicial de este mecanismo de traducción de votos en escaños que, si bien no deja de ser un instrumento, es la base de cualquier sistema democrático. En todo caso, hoy no analizaré los pormenores de tal sistema, ni los efectos que causa. Lo que me he propuesto, en aras de esclarecer el debate en las islas no capitalinas donde creo que aún  existe un desconocimiento palpable sobre este asunto, es intentar cuestionar los principales razonamientos que se han venido utilizando para desacreditar la reforma, los cuales considero meros mitos, leyendas que nada tienen que ver con la realidad.

Primer mito: “Una reducción de los diputados elegidos por las islas no capitalinas menguará la atención pública y/o mediática, las políticas públicas y las inversiones que se pudieran dirimir en el Parlamento de Canarias a favor de las islas no capitalinas”. Nada más lejos de la realidad. Como es sabido, las principales decisiones públicas se toman en los órganos legislativos, o en los gobiernos, que también emanan de los parlamentos. Éstos, si bien se pudiera considerar que formalmente están compuestos por diputados individuales,  se organizan fundamentalmente en torno a los grupos parlamentarios, trasunto de los partidos políticos en las Cámaras representativas. No en vano, el parlamentarismo español se ha tildado de “grupocrático”, por el dominio absoluto que ejercen los grupos parlamentarios en la vida de las Asambleas en detrimento de los parlamentarios individualmente considerados. Los partidos políticos, por tanto, monopolizan la labor legislativa, mediatizando el mandato, la relación representativa establecida entre el ciudadano y el candidato. Por otro lado, una máxima de la teoría de la representación es la prohibición del mandato imperativo, aquel mandato que no deja margen al diputado para tomar sus propias decisiones y en el que los representados pueden impartir instrucciones a su representante. Como esto no ocurre, son otras las dinámicas que se imponen a la hora de decidir los asuntos públicos. Destaca la disciplina que existe en el seno de los grupos parlamentarios, siendo pocos los casos en los que un diputado díscolo se desvía de las directrices de su grupo. No se recuerdan casos en el Parlamento canario en los que diputados de un mismo grupo político hayan votado en un sentido distinto sobre un mismo asunto, en función de su isla de origen. Por consiguiente, afirmar que un número menor de diputados de una determinada isla provocará una menor influencia de ésta es totalmente falso, puesto que con ocho, cinco o tres, la capacidad de tomar decisiones individuales es muy escasa.  

Segundo mito: “La triple paridad es lo que ha determinado la igualdad y la solidaridad entre islas”. No discuto que simbólicamente la triple paridad ha querido solucionar las escisiones territoriales (fragmentación), institucionales (provincias) y políticas (pleitos entre capitales) intentando equipararlas, pero pongo en duda sus efectos en el devenir social, económico y político, no sólo de las islas no capitalinas, sino de Canarias en su conjunto. Fue un elemento necesario para desbloquear los debates preautonómicos, donde los representantes de las islas no capitalinas desconfiaban de los continuos pleitos entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, así como enarbolaron su déficit histórico en comparación con las dos islas más pobladas. El mecanismo que se empleó a tal efecto fue la elaboración de esa triple paridad que, de facto, no ha resuelto los problemas que padecen las islas. Se necesita superar esto si queremos mirarnos igualitariamente, si queremos dejar a un lado las fracturas históricas y los pleitos interinsulares.

Tercer mito: “La implementación de una circunscripción regional, que reduzca el peso de las actuales insulares, provocaría un alejamiento entre el elector y su representante, lo que mermaría la rendición de cuentas; por otro lado, se estaría vulnerando la representatividad del territorio”. No existe hoy en día, dentro de la Ciencia Política, un acuerdo concluyente que corrobore que a mayor cercanía del diputado a su territorio, mayor es  la responsabilidad o rendición de cuentas con su electorado. Existen casos donde esta hipótesis puede tener algo de fundamento, como en los sistemas mayoritarios uninominales donde se elige a un diputado por distrito. No obstante, en el caso de las elecciones al Senado español, y concretamente en las islas no capitalinas donde se elige a un senador por cada una de ellas, podemos comprobar cómo no existe esa cercanía entre el senador y la población.  Tampoco parece ser el caso de Ceuta y Melilla en las elecciones al Congreso de los Diputados. No siempre una elección más cercana causa una mejor responsabilidad política. En lo que se refiere a la vulnerabilidad de la representación de los territorios insulares, se parte del hecho de que la Cámara canaria debe representar a los territorios por encima de la población, cuestión errónea en lo que se refiere a la propia génesis del poder legislativo. Los parlamentos son cámaras de representación poblacional donde se representa a los ciudadanos y se intenta que haya congruencia entre la realidad social y la composición parlamentaria. Los parlamentos autonómicos no son, en ningún caso, cámaras territoriales. Para ello, existen las Cámaras altas o los Senados. En el caso de Canarias, son los Cabildos Insulares los que tienen la potestad de representar a sus territorios, son ellos, como primeras instituciones insulares, además de ser órganos de la Comunidad Autónoma, los que persiguen los intereses particulares de su ámbito territorial. Hay que recordar, en este sentido, que en el Parlamento de Canarias estos órganos ya gozan de una presencia importante en la Comisión General de Cabildos Insulares.

Asimismo, una circunscripción regional –o un mecanismo equivalente de ámbito autonómico como la “bolsa o colegio de restos” propuesto por el foro Demócratas para el Cambio–, que cohabite con la insular, además de aumentar la proporcionalidad,  ayudaría a la mejora de una conciencia canaria, concretamente, ayudaría a crear región. Si todas las canarias y canarios votásemos conjuntamente a una lista regional que representase a la totalidad del pueblo, se estaría dando un paso hacia adelante para la elaboración real de una comunidad colectiva, más allá de la actual comunidad cultural pasiva. Con esto me adentro en el cuarto y último mito.

Cuarto mito: “Se debe de mantener la isla como marco de referencia porque existe un sentimiento insular exclusivo”. En mi opinión, es aquí donde radica el problema que ha venido arrastrando Canarias desde su nacimiento como ente político. Está empíricamente comprobado que las dinámicas económicas, sociales y políticas se han estructurado alrededor de la isla como elemento físico incuestionable. Por ejemplo, los partidos políticos, sean del ámbito que sean, elaboran sus campañas electorales específicamente para cada una de las siete islas, encontrando disparidades en los discursos dentro de una misma organización política. También la estructura organizativa de las fuerzas políticas canarias, incluso las de ámbito estatal, responde a este esquema orgánico insular. La cuestión que me planteo es la siguiente: ¿es la insularidad, entendida como sentimiento exclusivo insular, la que hace que los partidos políticos sigan esas dinámicas? O ¿la insularidad es una retórica utilizada por los partidos que les lleva a obtener réditos electorales? Plantearse esto es importante, puesto que no es lo mismo canalizar un sentimiento dado, que crear un discurso político para justificar decisiones políticas. Fernando Estévez lo introdujo de forma excepcional al plantear el reto que suponía estudiar la insularidad en sus formas discursivas o culturales, siendo  de vital importancia el análisis de las distintas formas que pudieran derivarse de tal hecho.

En el marco de mi análisis universitario he intentado corroborar que la identidad insular no se diferencia de la identidad canaria o regional. Para ello les sugiero que se planteen si sienten más identificados con su isla de origen que con canarias en su conjunto, o si se consideran tan de su isla como canario. Las respuestas a estas cuestiones pueden determinar que la identidad exclusiva insular no existe, sino que se ha creado bajo la manta de las retóricas políticas, en muchos casos, excusas para tapar la inoperancia en la gestión pública.

Así las cosas, podríamos seguir enumerando mitos que intentan desacreditar la reforma de nuestro sistema electoral, achacando que esta no tiene en cuenta a las islas no capitalinas. Ciertamente estos mitos vienen de sectores reacios a tal reforma, puesto que el statu quo les beneficia. Es razonable que aquellos partidos que han llegado al poder en base a este sistema, no tengan incentivos para cambiarlo pero, aun siendo esto verdad, ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar en aras de mantener el poder? Los sistemas electorales son los instrumentos más vulnerables del sistema político, puesto que, como ya apuntase el politólogo Giovanni Sartori, son los instrumentos políticos más específicamente manipulables, por lo que los efectos pueden resultar catastróficos para la calidad democrática. Debemos de hacer un ejercicio de responsabilidad, tanto los ciudadanos como los representantes públicos. Cualquier paso para mejorar nuestras estructuras organizacionales e instituciones representativas será beneficioso para el conjunto de Canarias. Si se quiere construir región, empecemos por la base. La reforma del sistema electoral es un buen comienzo.