La jueza del Juzgado de lo Social número 1 de Arrecife ha desestimado la declaración de despido nulo que solicitó la defensa del Comité de Empresa de los Centros Turísticos, Antonio Bonilla, que alegó vulneración de derechos fundamentales. La Sala, sin embargo, sí declara improcedente el despido del trabajador de los CACT.

Así, el Juzgado acuerda su readmisión “en su mismo puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, así como al abono de los salarios de tramitación en una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde el 7 de noviembre de 2018, fecha del despido, hasta la notificación de la presente sentencia, a razón de 76,37 euros brutos diarios", o bien que se "le indemnice con la cantidad de 69.592,16 euros brutos”.

La sentencia señala que la decisión sobre una u otra opción se producirá "a elección del trabajador demandante". En el caso de que Bonilla no comunique nada de forma expresa al Juzgado de lo Social, se entenderá que opta por la readmisión. El trabajador ya avanzó su intención de volver a los Centros de Arte, Cultura y Turismo.

El sindicalista, que fue despedido tras compartir datos laborales internos de una trabajadora de los Centros en un grupo de WhatsApp, reclamó en el Juzgado que se considerara nulo su despido y que estuvo motivado por su actividad sindical. No obstante, la jueza recalca que Bonilla no ha aportado “el indicio exigido” para probar esa denuncia. “No se aporta ninguna conexión entre la realización de alguna reivindicación o actuación de contenido sindical con el despido efectuado” por los Centros Turísticos, añade la jueza.

La sentencia del Juzgado señala que la decisión sobre la reincorporación a la empresa o la indemnización es "a elección del trabajador demandante"

Bonilla defendió este martes en rueda de prensa en la sede de los Centros que “lo más importante” del fallo es que se ha demostrado que “tenía razón” y calificó el fallo de “un gran avance”, adelantando que solicitará su reincorporación a su puesto de trabajo. Se espera que la empresa recurra la sentencia. De ratificarse el fallo en instancias superiores, el trabajador habría de recibir igualmente el salario íntegro.

Andrés Barreto, que se ha ocupado de la defensa de su compañero de Intersindical Canaria, explicó, este martes, que está sopesando sugerir a su representado el recurso ante una instancia judicial superior “para generar garantías, ya que seguimos considerando que se han vulnerado derechos fundamentales y preferimos una opinión al respecto de la Sala de lo Social del TSJC”.

Barreto sostuvo que hay “una clara intención correctiva de la empresa hacia un miembro del Comité de Empresa, retirando su nombre del censo electoral sindical sin que hubiera sentencia firme, lo que le priva del derecho a sufragio pasivo”. Asimismo,y aunque admitió que Bonilla compartió datos laborales en el citado chat, “el autor material, quien inició la cadena fue otra persona, que lo ha declarado en el juicio”.

El graduado social explicó el argumento de defensa de la teoría gradualista, basada en la “desproporción” de la sanción aplicada por la empresa a una falta catalogada de 'grave' y no 'muy grave' en el convenio colectivo, “lo que establece una sanción de suspensión de empleo y sueldo de tres a 15 días, o bien la imposibilidad de concurrir a concurso de méritos o traslados, durante tres años, en ningún caso despido”.

Los miembros del Comité de Empresa de los CACT, presentes en la convocatoria para explicar el contenido de la sentencia, dicen haber cogido fuerzas “para seguir luchando por la defensa de lo público y frenar el deterioro al que están siendo sometidos”, en su opinión, los Centros. El propio Bonilla señaló a la dirección de los Centros como “politizada de manera exagerada” y agradeció, por último, “el apoyo que he recibido estos meses” de sus “compañeros y familia”.