ACAIP-UGT, sindicato mayoritario de prisiones, denuncia el “deterioro” de la sanidad penitenciaria que empieza a tener consecuencias que se visualizan tanto en el interior como en el exterior de las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Según los últimos datos del portal de transparencia el número de facultativos para atender a una población reclusa de casi 500 presos es de dos de los cinco que según la relación de puestos de trabajo debería existir. A nivel nacional el déficit supera el 67 por ciento y una ratio de médico interno de 3,46 por cada mil, que contrasta con los 6,66 por cada mil que tenían las prisiones españolas en 2014.

El sindicato explica que una primera “consecuencia lógica” de este déficit de atención primaria en las prisiones es el aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior, las cuales “consumen gran cantidad de recursos” ya que, para realizarla, es necesaria la coordinación de la prisión con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los servicios sanitarios, de manera que se asegure, tanto el traslado, como el tiempo de permanencia en el hospital asignado, lo que conlleva, a su vez, la priorización de esta atención frente a la de la población en general, independientemente de la gravedad de la misma.

Todo esto, unido a que en el período actual de verano en el que los profesionales penitenciarios, al igual que el resto de la población, disfrutan de períodos vacacionales, deriva en que o bien por la mañana, o por la tarde, en el centro penitenciario “no hay un médico presencial para atender las urgencias”, aseguran.

Esta falta de facultativos, continúan, se traduce también en “problemas en el interior de los centros” donde “el 30 por ciento de los reclusos sufre algún tipo de patología mental y existe un elevado número de enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes o la hepatitis”. La ausencia de una atención adecuada “provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del reo por la falta de médico”.

El sindicato, por último, afirma que la población reclusa tiene necesidades distintas a la población en general que debe ser atendida conforme a la realidad del día a día de los centros penitenciarios. Desde ACIP-UGT “exigimos que se aporten soluciones tanto desde la administración central como desde las distintas autonomías que deberían haber asumido las competencias sanitarias tal y como promulga la Ley de Cohesión sanitaria de 2003”.