El diputado Miguel Ongil, representante de Podemos en la Asamblea de Madrid, señaló este lunes que los datos recabados sobre la contratación del ciclo integral del agua de Lanzarote a Canal de Isabel II espera que les puedan “servir para continuar la lucha en los tribunales como parte personada en la operación Lezo”, en la que la formación morada ejerce la acusación popular y donde se investigan irregularidades en la compañía.

El caso Lezo, que se saldó con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha centrado en las filiales de Canal de Isabel II en Iberoamérica. El diputado de Podemos, que este lunes participó en una mesa de debate para presentar el libro ‘Más claro agua, el plan de saqueo del Canal de Isabel II’, destacó que en 2013, de “forma paralela” a la adjudicación en Lanzarote, se lleva a cabo la compra de la compañía brasileña Emissao, investigada en Lezo y en la que se produjo una presunta malversación de más de 23 millones de euros.

El diputado de Podemos destacó que los “sobreprecios” en la adquisición de empresas y en la planificación de inversiones son “la sota, caballo y rey” en las operaciones que están siendo investigadas por la Justicia. Ongil también resaltó la “opacidad” en Canal de Isabel II, las dificultades para acceder a la información de la compañía a pesar de contar con respaldo judicial, y la extensión de “redes clientelares” con “enchufes” en la empresa pública.

Ongil puso sobre la mesa el papel que varios directivos de Canal de Isabel II tienen en “operaciones” que están bajo sospecha. Así, citó al exgerente de Canal en Lanzarote, Gerardo Díaz, que fue detenido en la operación Tosca, cuando ya estaba destinado en la Isla en el marco de la investigación a otra filial, Hispanagua. El diputado de Podemos destacó que en la investigación a esa filial se revelaron irregularidades en la contabilidad, con prácticas establecidas para “clavar sobrecostes” a Canal.

El diputado de Podemos también citó a Adrián Martín López de las Huertas, que firmó como director general de Canal de Isabel II el contrato en Lanzarote en mayo de 2013, también detenido en el caso Lezo, y a Gaspar Cienfuegos Jovellanos, que está imputado en la investigación sobre la expansión de Canal en América, y de la que el diputado dijo que había sido uno de los “muñidores”. Salió de la empresa en 2008 y pasó al sector privado, aunque “siguió recibiendo contratos” de Canal, añadió Ongil.

En la mesa de debate, coordinada por el periodista Saúl García, se recordó que Cienfuegos es el presidente de Professional Waters and Partners, la consultora que hizo los pliegos de la licitación del ciclo integral del agua en Lanzarote. Podemos ha pedido en la Asamblea de Madrid su comparecencia, además de la de Gerardo Díaz y del actual gerente de Canal en Lanzarote, David González.

En su intervención en la mesa de debate celebrada en la Sociedad Democracia, el diputado Miguel Ongil afirmó que Canal de Isabel II, “una empresa centenaria, era el mayor orgullo” de los madrileños y lamentó que “la compañía pública haya sido un agente privatizador del agua por el mundo”. Con respecto a Lanzarote y al desembolso de más de 100 millones entre canon e inversiones, el diputado señaló que aunque pueda parecer que “los madrileños son unos primos”, al final van a ser los ciudadanos “los que terminen pagando a través de las tarifas”.

Una de las autoras del libro, Liliana Pineda, cuestionó “el mito de la eficiencia privada para justificar la privatización del agua”, y recalcó que “el agua no es una mercancía y se tiene que gestionar sin ánimo de lucro”. “Todo beneficio”, opinó, “tiene que ir a mejorar y garantizar el servicio”. Sin embargo, afirmó que en Canal de Isabel II, “los mal llamados beneficios” se utilizaron para llevar a cabo operaciones de expansión, comprando empresas “a precio de oro”. “Los sobrecostes de la corrupción lo pagamos los ciudadanos”, concluyó.

La mesa de debate la presentaron la secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, y el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, quien recordó que existe “la posibilidad futura, no descartable, de que la gestión del agua” en la Isla vuela a manos públicas, tras la decisión de Canal de concentrar su negocio en Madrid.

Meca también recordó que el “polémico proceso” de adjudicación del ciclo integral del agua a Canal está “de actualidad” por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a revisarlo y que “ha señalado los tratos de favor” a la empresa adjudicataria. También insistió en la “operación de difícil justificación” para Canal al asumir el agua en Lanzarote.