En las últimas semanas, la lentitud o ineficacia de la Oficina Técnica municipal de Teguise ha estado expuesta a la luz pública. Un informe del ingeniero jefe revela que hay 5.000 expedientes atascados, sin resolver. La Concejalía de Urbanismo tramita una encomienda de gestión para reforzar la plantilla con un técnico de Gesplan, aunque esta solución aún no se ha puesto en marcha y la alcaldesa, Olivia Duque, amenaza con hacerse con la gestión de este área, que está en manos del Partido Popular, mientras el PSOE presenta una moción proponiendo diversas acciones para intentar desatascar la situación.

En Teguise hay retrasos para obtener licencias, segregaciones, informes, certificaciones, comunicaciones y otros expedientes o documentos. Hay retrasos de varios meses, de un año, de dos..., pero nada comparable a la llamada Unidad de Actuación (UA) 12 de Tahíche, un proyecto urbanístico que se firmó en 2005, se aprobó en 2007 y por el que 30 familias esperan la licencia para construir desde hace 14 años, algunos, y 15 años, otros.

Esta actuación urbanística la desarrolló la constructora Torres CL, ya desaparecida, junto a un socio, Silvano Inversiones, que corrió la misma suerte, en una parcela junto a la Montaña de Tahíche, en la salida del pueblo hacia el norte, en una franja de terreno que abarca los dos lados de la calle Agustín Espinosa, junto a las calles Alfredo Poveda y Eduardo Pondal. Presentaron un proyecto de urbanización y después hicieron una reparcelación en parcelas de 500 metros cuadrados, que vendieron ante notario a compradores que debían hacer su propio proyecto y fabricar su casa unifamiliar.

La sorpresa llegó cuando el primero de ellos, pensando que tenía todos los parabienes legales, solicitó la licencia ante el Ayuntamiento de Teguise y se le denegó porque la urbanización no estaba recepcionada. Había una serie de deficiencias que desde entonces no se han resuelto.

Ni el Ayuntamiento de Teguise ni la notaría advirtieron a los compradores de esa circunstancia: que la urbanización no estaba recepcionada, que los trabajos no habían concluido y el suelo, por tanto, seguía siendo urbano no consolidado.

La cuestión es que poco después todo se fue enredando. Cuando se requirió a la promotora que finalizara las deficiencias en las obras, la empresa ya estaba en fase de disolución y había cambiado de dueños. Nadie se hizo cargo de la situación y el Ayuntamiento fue dejando que pasara el tiempo sin afrontar el problema.

Para empeorar la cosa, los nuevos propietarios, una empresa de Murcia especializada en liquidaciones, lo primero que hicieron fue enviar un burofax a todos los propietarios solicitándoles dinero en concepto de finalización de obra. Tuvieron que ir a juicio y ganaron, pero perdieron un tiempo precioso.

Por otra parte, la capacidad de reacción del Ayuntamiento es más que cuestionable. Los promotores tenían dos parcelas como garantía, que el Ayuntamiento no ejecutó. Tampoco fue ágil para cambiar el sistema de ejecución o para ejercer sus labores de inspección y comprobación previa del estado de las obras.

En marzo de 2019, la Oficina Técnica elaboró un informe jurídico para incoar un expediente de declaración de deberes urbanísticos y cambiar el sistema de ejecución. Ya habían pasado 12 años desde la primera licencia sin que apareciera un solo atisbo de que el asunto se iba a arreglar. Con ese informe, en el que también se aprobaba el cambio del sistema de ejecución, de privado a forzoso, parecía que se iba a solucionar, pero han pasado otros siete años más y la situación no ha cambiado nada.

Proyecto

El proyecto se firmó en noviembre de 2005. El pleno municipal aprobó en enero de 2007 el convenio urbanístico para la Unidad de Actuación, por el que el propietario asumía las obras de urbanización conforme a ese proyecto y tenía cuatro años para su ejecución. En mayo de 2007, tan solo unos días antes de las elecciones municipales, el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, concedió la licencia a las dos promotoras.

Ni la notaría ni el Ayuntamiento de Teguise advirtieron a los compradores

Cinco años después, fuera de plazo, la empresa pidió la recepción de la urbanización, pero la Oficina Técnica elaboró un informe que alertaba de las deficiencias y que, por tanto, no se podía recepcionar. Se le otorgó un periodo extraordinario, pero las deficiencias no fueron subsanadas.

“No se ha procedido a la recepción puesto que nunca se aportó la documentación mínima exigida por la norma para el inicio del procedimiento y no se han finalizado las obras de urbanización, por lo que siguen sin cumplirse los deberes urbanísticos”, decía un informe, que ya hablaba entonces del cambio de sistema al de ejecución forzosa, pero no se tomó esa decisión hasta el año 2019.

Solo unas semanas después de solicitar la recepción, la promotora principal, Construcciones Torres, entró en proceso de disolución.

Informe

En 2013, los nuevos propietarios, aparentemente, reiniciaron las obras de urbanización, para ejecutar o terminar las instalaciones de agua y luz, limpieza y desbroce de la urbanización, el replanteo de la red de pluviales, la zona ajardinada y la conexión de viales. Tras esas obras, pidieron la presencia del técnico municipal para consensuar ese replanteo y “evitar futuras discrepancias entre las partes”.

El técnico dice que, tras comprobar in situ, no puede determinar si realmente se reiniciaron las obras de finalización, además de que no consta ningún acto o documento que lo acredite, y deja constancia de que la instalación ejecutada de agua y luz no coincide con la prevista en el proyecto de urbanización.

De forma resumida, ni la red de alumbrado público, ni la red de baja tensión, ni la de agua potable se ajustan a lo especificado en el proyecto, además de que no hay acta que certifique la limpieza y el desbroce de la urbanización. Tampoco se había ejecutado la red de pluviales ni el replanteo de la conexión de viales.

El Ayuntamiento abandonó su deber como garante del planeamiento

Pero más allá de estas cuestiones, es que ni siquiera está el certificado final firmado por el arquitecto nombrado por el promotor y resulta que la supuesta solicitud de recepción final de las obras tan solo hacía referencia al proyecto de instalación eléctrica y alumbrado.

La constructora sí que ejecutó algunas de esas obras y presentó algunos de esos certificados, aunque insuficientes, como el certificado de instalación de baja tensión, el de instalación eléctrica y mantenimiento preventivo de alumbrado público, así como el de dirección y finalización de obra de este alumbrado.

El informe municipal dice que la red de alumbrado público certificada, sin embargo, tampoco coincide con la que fue aprobada en el proyecto de urbanización, porque deja sin alumbrado el tramo de viario de la UA paralelo a la LZ-1. No consta el documento que acredite el visto bueno de la empresa suministradora ni el de la empresa que realiza el mantenimiento de la red de alumbrado público municipal.

Los incumplimientos son múltiples: en los materiales usados, en los viales, la red de alcantarillado no coincide con la proyectada, no hay arquetas de acometida de aguas residuales a las parcelas y la distribución de energía eléctrica se encontraba en mal estado. No figura la memoria del proyecto de urbanización donde se refleje el estado de las mediciones y el presupuesto previsto para cada una de las partidas. En resumen: la documentación presentada por la constructora justifica menos de un diez por ciento del total de las obras previstas en el proyecto de urbanización.

Garantía

Los técnicos hacen un cálculo de lo que queda por ejecutar y la cifra asciende a 225.000 euros, cuando el presupuesto total era de más de medio millón. Sumando las parcelas puestas como garantía, la cifra alcanza los 150.000 euros, así que las obras por ejecutar no quedan cubiertas por el aval que, por otra parte, se descubre posteriormente que está embargado por otro deudor diferente.

Lo que tampoco consta en el expediente son las actas de control por parte de la administración local durante el desarrollo de las obras, cuando entre las obligaciones del Ayuntamiento se encuentra la labor de control y vigilancia de la ejecución del planeamiento.

Es en 2019 cuando se cambia el sistema a ejecución forzosa, siete años después de la supuesta finalización de las obras. La decisión, de nuevo, coincide con periodo electoral, en este caso mayo de 2019, con Oswaldo Betancort en la alcaldía.

El sistema habilita al Ayuntamiento a ocupar los terrenos, ejecutar la reparcelación forzosa y la distribución de beneficios y cargas en un trámite que iba a durar seis meses y que lleva ya otros siete años.

Hay compradores que adquirieron el terreno sin subrogación de las obligaciones urbanísticas y otros no, así que puede que deban enfrentarse al pago de una parte de los gastos que se generen, aunque tampoco está claro. En sus alegaciones, algunos piden que no les impute ningún gasto añadido porque la promotora no solo no advirtió al vender que la urbanización no estaba recepcionada, sino que el contrato estipulaba que la finca no tenía ningún tipo de carga o gravamen urbanístico ni de ningún otro tipo.

Alegaciones

Entre las alegaciones de los propietarios figura el hecho de que el Ayuntamiento abandonó totalmente su deber como garante del planeamiento. En realidad, el informe jurídico de 2019 recoge unas determinaciones de un informe técnico firmado cuatro años antes, emitido a instancias de los propietarios de las parcelas.

A día de hoy, el Ayuntamiento no ha dado ningún paso más. No ha encomendado a ninguna sociedad la gestión y ejecución de las obras de urbanización ni ha eximido a los propietarios de las cargas. Lo que ha hecho, asumir el plan parcial, lo podía haber hecho ya en el año 2012.

Ahora, según señala a Diario de Lanzarote uno de los propietarios, el Ayuntamiento quiere que las obras ejecutadas o las que se deban ejecutar se adapten a las nuevas normativas aprobadas en los últimos años, lo que retrasará aún más la ejecución porque habrá que redactar un modificado del proyecto.

Los propietarios temen no solo que el Ayuntamiento les pida dinero, sino que tengan que modificar los proyectos para sus viviendas, con el coste añadido. Muchos de ellos, quizá todos, abandonaron hace tiempo la pretensión de levantar ahí su casa y han tenido que buscar otro sitio donde vivir durante todos estos años, aunque algunos puede que mantengan aún una hipoteca sobre el terreno. La última reunión que tuvieron con el Ayuntamiento se produjo hace más de un año.