El último juicio del caso Unión, el denominado caso Jable, también ha acabado con sentencia condenatoria, como los anteriores. Son nueve las personas condenadas y cuatro de ellas con condenas superiores a los dos años de cárcel, por lo que, si el fallo se convierte en firme, deberán ingresar en prisión.

La Audiencia Provincial ha asumido todos los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía, representada por Javier Ródenas, a la que se había adherido Transparencia Urbanística como acusación popular y el Ayuntamiento de Arrecife como acusación particular.

La sentencia considera probado, respecto al amaño del contrato de Urbaser, que Dimas Martín, como líder del PIL, y María Isabel Déniz, como alcaldesa de Arrecife, se concertaron entre ellos y sumaron a ese concierto tanto a Rafael Arrocha (jefe de la Oficina Técnica) como a Felipe Fernández camero (secretario del Ayuntamiento) “para asegurar la adjudicación en el concurso público” de recogida de basura a la empresa Tecmed, que después fue absorbida por Urbaser. Entre todos “deciden obtener de forma ilícita fondos de esa empresa, solicitándoles el pago de comisiones a cambio de asegurarle la adjudicación y revisión.

El fallo señala que “en fechas anteriores a la convocatoria pública del concurso público, los acusados tuvieron diversos encuentros y reuniones mantenidas con Jacinto Álvarez, gerente de la empresa en la Isla y con los directivos de Madrid, Santiago Alonso y Manuel Andrés Martínez, durante los meses de marzo, mayo, diciembre de 2001 (...) hasta octubre del año 2002”, cuando se firma el contrato. A cambio, los hoy condenados recibieron “dinero en metálico, artículos de lujo, viajes y estancias hoteleras”.

Arrocha debía elaborar los informes técnicos en la valoración de las ofertas y proposiciones económicas del concurso público y los informes de adjudicación de servicios y obras, revisión de precio. Una vez que recibidas las ofertas, Fernández Camero “vulneró de manera grosera su deber de custodiar la documentación íntegra de los expedientes incluidos en el concurso público” y se los facilitó a Arrocha. Este los examinó y transmitió a la alcaldesa que la de Tecmed no era la oferta mejor situada y también se lo dijo a Jacinto Álvarez, que su vez se lo transmitió a los dos directivos y estos ordenaron a un técnico que hiciera unas mejoras gratuitas y otras dos más opcionales.

El amaño

Con esa nueva documentación, que un trabajador de Urbaser entregó a Arrocha en una carpeta azul idéntica a la presentada anteriormente, se dio el ‘cambiazo’ y se introdujeron los nuevos folios en la oferta. Las mejoras consistían en la construcción de nuevas instalaciones para los servicios municipales, con un presupuesto de ejecución de casi cuatro millones (almacén, talleres varios, aparcamiento y oficinas), a pagar en 25 años La opción segunda era similar pero más barata. Las  ofertas “jamás debieron ser valoradas ni consideradas al presentarse fuera de plazo y al no estar previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares”, dice la sentencia.

Sin embargo, Arrocha, en su informe, las consideró “muy necesarias”, “obviando de forma grosera que la cláusula 20 del pliego exigía que la empresa licitadora contara con, al menos, una nave industrial adecuada”. Es decir, que esas instalaciones las tenía que haber pagado la empresa adjudicataria.

Después de la adjudicación llegaron las ampliaciones de los contratos. Urbaser llegó a tener tres contratos en vigor: recogida de residuos, limpieza viaria y parques y jardines. Arrocha informó favorablemente de esas ampliaciones que supusieron un aumento del 254 por ciento del precio inicial de la limpieza y un 305 por ciento más del de parques jardines en la primera ampliación, y un 517 por ciento en la segunda.

Los sobornos

Respecto a este contrato, los acusados obtuvieron dinero y regalos. Dimas Martín cobró 72.000 euros en metálico en tres entregas: una de 6.000, otra de 36.000 y otra de 30.000, esta últimas en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. Después ingresaba una parte en una cuenta corriente de su esposa.

Déniz obtuvo has 141.000 euros, la mayor parte entregada en efectivo por otro directivo de Urbaser,  en sucesivas fechas y en tres pagos. La sentencia dice que “solicitó, pidió y hasta exigió múltiples entregas de dádivas en todo tipo de especie”.

Entre los hechos probados sobre esos pagos en especie están un bolso Loewe, un Rolex cadete que exigió durante una cena en el restaurante Viridiana de Madrid, dos entradas a la ópera, el pago de la empleada del hogar durante nueve meses por 700 euros al mes, un viaje a Granada para la concejal Carmen Ramos, varios viajes a Madrid con alojamiento en el Hotel Hesperia, uno de ellos de 22 días de duración en septiembre de 2005 y un viaje a Kenia y Tanzania.

Ese viaje lo hizo con su marido y con Fernández Camero y su mujer. Para ello, el secretario, que también obtuvo un bolígrafo Mont Blanc de 765 euros, recibió un sobre con 14.000 euros para los gastos, porque Urbaser no pagaba viajes internacionales, y el pago de los enlaces entre Lanzarote y Madrid ida y vuelta. Salieron de la Isla el 15 de enero de 2004, tan solo cinco días después de que Dimas Martín ingresara en prisión cuando ejercía como presidente del Cabildo. 

Por su parte, Arrocha cobró 180.000 euros en metálico, más de veinte viajes a Madrid, una cesta de perfumes, una cámara de fotos, dos relojes y la reforma del despacho de su domicilio que llevó a cabo un trabajador de Urbaser.