La operación Jable se centró en dos contratos del Ayuntamiento de Arrecife: el de Urbaser y la construcción del pabellón de deportes de Argana Alta, que lleva diez años cerrado por deficiencias en su estructura.

Según destaca la sentencia de Jable, la entonces alcaldesa Isabel Déniz y Rafael Arrocha, que era el jefe de la Oficina Técnica, solicitaron a la empresa FCC “para que resultara adjudicataria del concurso para el contrato de redacción del proyecto y realización de las obras”, “una comisión dineraria en especie”. En concreto, se trató de un viaje a Marrakech y la contratación de unas obras a ejecutar por la empresa Gamma Install, de la que formaba parte Arrocha.

El presupuesto base de licitación fue de 9,5 millones de euros y participaron tres empresas. Arrocha, como jefe de la Oficina Técnica, informó dentro del expediente administrativo, en febrero de 2003, que la oferta mejor valorada era la que presentaba FCC, que ofrecía realizar las obras por el precio de 8.760.000 euros.

“El informe (de Arrocha) sería el acto determinante de la adjudicación del concurso público, ya que todos los actos posteriores del pleno del Ayuntamiento no hacen sino seguir lo marcado por el técnico, desconocedores del proceder corrupto”, indica la sentencia de la Audiencia Provincial.

“Conforme al plan corrupto y concierto criminal alcanzado de la exigencia económica como motor de la adjudicación a FCC, Arrocha detentaba de facto el poder de decisión pues su informe favorable de valoración respecto de las ofertas presentadas sería determinante y decisivo para la segura adjudicación a FCC”, añade la sentencia.

“Al tiempo”, agrega la Audiencia, el citado técnico municipal “se convertía en el escudo de una aparente y formal tramitación correcta del concurso por parte de la acusada María Isabel Déniz quien también a cambio de la adjudicación exigió su parte con la comisión de un viaje de lujo a Marrakech de ella y de sus familiares directos pagado por la empresa a la que iba adjudicar el contrato”, recalca la Audiencia.

La sentencia destaca que, vulnerando la normativa de los actos reglados que rigen los concursos públicos, se otorgó la adjudicación de un contrato de obras sin la previa elaboración de un proyecto que definiera con precisión el objeto del contrato. Además, no estaba permitida la adjudicación conjunta de la elaboración de los proyectos y la ejecución de las obras, salvo casos excepcionales.

Finalmente, se adjudica el contrato de obras en abril de 2003 sin que exista dicho proyecto. “La licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por la Administración del correspondiente anteproyecto o documento similar y sólo, cuando por causas justificadas fuera conveniente al interés público, podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse”, subraya la sentencia.

Procedimiento simulado

Sin embargo, esto no se hizo. Para dar apariencia de verdadera licitación se simula todo el procedimiento de adjudicación. FCC baja considerablemente, casi un ocho por ciento, el presupuesto máximo de licitación y poco después la dirección facultativa de la obra del pabellón presenta una propuesta para modificar el proyecto.

A cambio del informe favorable del jefe de la Oficina Técnica, FCC contrató a una empresa que pertenecía al funcionario por 136.999 euros

En octubre de 2006, el pleno municipal, con Déniz como alcaldesa, aprueba una modificación al alza en la obra por un importe de 637.344 euros, una cantidad muy similar a la rebaja que habían hecho anteriormente desde la empresa. Arrocha emite informe favorable.

En diciembre de 2006, FCC presenta un presupuesto con una propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación, por el procedimiento negociado sin publicidad, de obras complementarias por un valor de 1,3 millones, que también se aprueba en pleno.

“Esto supone un incremento de un 15 por ciento del precio, todo ello a pesar de no ser procedente el procedimiento negociado ya que se trataba de obras que se podían separar técnica y económicamente sin inconveniente alguno”, resalta la Audiencia. Por otra parte, tampoco se solicitó oferta a empresa alguna, cuando era obligatorio invitar al menos a tres.

Auto contratación y viaje

A cambio del informe favorable de Arrocha, la empresa FCC encarga a la mercantil Gamma Install la redacción del proyecto y la dirección del pabellón deportivo de Arrecife. Las dos empresas firman un contrato en  diciembre de 2004. Por esos trabajos, Gamma Install cobró 136.999 euros.

La exalcaldesa cobró una comisión consistente en la retribución de un viaje a Marruecos en diciembre de 2005, para ella y para su familia

En cuanto a Déniz, cobró una comisión consistente en la retribución de un viaje a Marruecos en diciembre de 2005. El viaje, de ocho noches de duración, lo realizó en compañía de su marido José Domingo Abreut Cabrera, de su hija, de tres de sus hermanos, incluida la jueza Carolina Déniz y de dos de sus parejas.

El viaje lo pagó FCC y costó 17.340 euros, aunque la sentencia señala que en la factura había otros conceptos y Déniz recibió 16.674 euros. El pago fue autorizado por el directivo Enrique Hernández Martín, también condenado en esta pieza a menos de dos años de cárcel.

“Por otro lado –explica la sentencia-  esta forma de seleccionar a esta empresa FCC a la que se le adjudicó el contrato tomando como criterio decisivo el abono de las dádivas solicitadas y no que ofreciesen las mejores condiciones para la Corporación municipal, implicó alterar el precio y el resto de las condiciones en que se prestó este servicio municipal, que habrían de resultar de la libre concurrencia”.

Al final, 15 millones

De los 8,7 millones iniciales que iba a costar, el pabellón acabó costando 13 y otro medio millón más que tuvo que pagar el Ayuntamiento a la empresa constructora, FCC, por sentencia judicial, por retrasos en los pagos.

Ahora, el Ayuntamiento de Arrecife tendrá que pagar de forma directa, de sus arcas públicas, otros 647.194 euros, para destinarlos a las obras de adecuación. Con las obras del proyecto modificado, el pabellón de Argana habrá salido por unos 15 millones de euros y lleva cerrado desde el año 2013.