El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, manifestó este jueves que duda que la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja “haya generado beneficio alguno a Canal Gestión Lanzarote debido a las múltiples inversiones que han sido necesarias para la mejora del ciclo integral del agua, a los costes de personal y logística que supuso la modificación de miles de contratos de los usuarios, amén de los gastos de oficina y teléfonos, entre otros”.

En este sentido asegura que “en el caso de que Canal obtuviera beneficios por la gestión de estas instalaciones, el Consorcio le exigiría el pago de un canon especial, no previsto en el pliego de condiciones por cuanto tampoco lo estaba una medida especial, transitoria y cautelar como esta”, y matiza que “fue el Consorcio quien planteó a Canal si estaría en disposición de hacerse con la gestión de la planta, y no al revés”.

San Ginés señala en un comunicado que “el Consejo Insular de Aguas desea devolver cuanto antes esta planta, porque no la necesita, y que bien por parte del Ayuntamiento de Yaiza o bien por parte del propio promotor se acometan de forma inmediata las obras de conexión de la planta a la red general, cosa que ya hemos requerido formalmente tanto a uno como a otro”.

El presidente niega “que haya habido ningún tipo de interés por parte del Consejo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote con la incautación de esta planta”. Por el contrario, afirma, “lo único que nos ha movido es, en primer lugar, atender a los múltiples requerimientos del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común exhortándonos a actuar ante la venta ilegal de agua que nadie ha cuestionado, bajo advertencia de emprender acciones judiciales por inacción; a la vez que poner fin a la discriminación que venían padeciendo los miles de vecinos residentes en el Plan Parcial Montaña Roja, al tener que pagar el agua a un mayor precio que el resto de los lanzaroteños, recibiendo un peor servicio”.

Informe sobre la relación laboral de Calatayud

Por otra parte, Pedro San Ginés indica que, tras el acuerdo plenario aprobado por unanimidad por el Cabildo, por el que se le instaba a informar sobre si el letrado Ignacio Calatayud ha trabajado para Canal Gestión Lanzarote, “pondré sin dilación en conocimiento del juez el informe en virtud del cual, tal como ya me ha adelantado la gerencia de Canal, se explica que sí mantenía una relación laboral”.

Una “circunstancia que me sigue pareciendo irrelevante desde la perspectiva de mi responsabilidad como presidente del Cabildo, del Consorcio y del Consejo, en la medida en que lo verdaderamente importante, bajo mi punto de vista, es que la incautación se llevó a cabo atendiendo a la opinión jurídica del secretario de estas tres entidades”, añade.

San Ginés resalta que la opinión del secretario, Francisco Perdomo, es “coincidente con la del letrado, en lo referente a que se podía realizar la ocupación, a que no era necesaria autorización judicial previa por tratarse de un bien de dominio público, ni tampoco era preceptivo informe jurídico por escrito previo o posterior, si bien final y voluntariamente lo solicité”.