El expresidente del Cabildo de Lanzarote y portavoz de CC en la Corporación insular, Pedro San Ginés, declaró este martes en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife. Ha negado su responsabilidad y ha apuntado a la expresidenta Manuela Armas, al exvicepresidente Fabián Martín y al exsecretario del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo.

En este caso se investiga la adjudicación de obras por el Consejo Insular de Aguas bajo la situación de emergencia hídrica. El procedimiento se originó a raíz de una denuncia inicial de Alternativa Ciudadana a la que se sumó Ciudadanos. Lo que se investiga es si se pudo utilizar la declaración de emergencia hídrica, sin justificación, para saltarse los trámites necesarios para adjudicar al menos cuatro obras.

En esta pieza se investigan tres contratos. Uno de ellos es del año 2007. Las obras, de sustitución de tuberías, alcanzan un total de 1,8 millones de euros. Bajo la presidencia de Pedro San Ginés se firmaron el de sustitución de la tubería entre Uga y Las Breñas, de junio de 2010, con un coste final de 1,5 millones y que ejecutó la empresa pública Gesplan, y el de la sustitución de una tubería de la red de Inalsa, en agosto de 2012, por 1,2 millones.

“En las dos obras de mayor importe las explicaciones corresponde darlas a Manuela de Armas y Fabián Martín”, afirmó este martes San Ginés, que sostiene que “solo debe responder por la menor de ellas”.

San Ginés, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación popular, ha sostenido tras prestar declaración en el Juzgado que, en la obra relativa a la ampliación del centro de producción de agua desalada en el Sur por 1,8 millones de euros en diciembre de 2007, “la Presidencia del Cabildo, y la del Consorcio si no estuviera delegada, correspondía a la socialista Manuela Armas”.

En la segunda de ellas, la referida a la sustitución de la tubería entre Uga y Las Breñas, adjudicada en 2010 por 1,5 millones de euros a la empresa pública Gesplan, San Ginés aseguró que “aunque sí era presidente del Cabildo, la responsabilidad estaba delegada en el vicepresidente Fabián Martín, que fue quien firmó el decreto de emergencia y adjudicación”. A su juicio, “con los informes técnicos y jurídicos pertinentes”.

En cuanto a la adjudicación de la tercera de las obras, por 1,2 millones de euros y relativa a la sustitución de tuberías de la red de distribución, San Ginés insistió en que la declaración de emergencia hídrica en que se amparó el procedimiento “fue una decisión colegiada y unánime de todas las fuerzas políticas, instituciones, ONGs, patronales y colectivos que conforman el Consejo Insular de Aguas”.

En la misma línea, el expresidente del Cabildo insistió en que “que contó con los informes técnicos y jurídicos favorables tanto de los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua de Lanzarote, como del propio secretario del Consejo”, en referencia a Francisco Perdomo, ya jubilado, quien dictaminó en informe oficial que "tanto el acuerdo de la Junta General del Consejo Insular de Aguas como la propia resolución del presidente, se ajustan a la legalidad vigente y están avaladas por sendos informes técnicos que justifican las actuaciones".

Por otro lado, San Ginés ha esgrimido un escrito remitido al Juzgado por el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas en el marco de las diligencias de investigación, en el que señala que “no apreció la existencia de indicios de responsabilidad penal” en el informe de fiscalización que efectuó el Tribunal de Cuentas sobre el servicio de producción y distribución de agua en Lanzarote entre 2007 y 2011.