Ciudadanos ha presentado "una batería de alegaciones" a la convocatoria para la selección y nombramiento del personal de la Red tributaria insular que lidera el Cabildo de Lanzarote, puesto que "tal y cómo están redactadas son un coladero para posibles enchufes a costa de la institución insular".

Así lo ha manifestado el consejero de Ciudadanos en el Cabildo, Benjamín Perdomo, quien ha señalado que, entre otros incumplimientos, "no se ha negociado la Relación de Puestos de Trabajo con los funcionarios de la Corporación", ni se ha justificado o motivado "la necesidad de esas plazas".

Asimismo, tampoco "se ha respetado el derecho a recibir información" que tienen los trabajadores, puesto que "no se ha nombrado, ni hecho público, el nombre del representante sindical que ha de velar por el buen funcionamiento del procedimiento y porque se respete los derechos de los trabajadores".

Además, se ha planteado un "sistema de concurso generalizado que sólo puede usarse para plazas de los grupos A y B", ha indicado el consejero de Ciudadanos, quien ha añadido que por tanto "no es legal que se utilice sólo la valoración de méritos para cubrir las plazas del órgano de gestión tributaria", ya que este sistema "sólo puede usarse de manera excepcional en casos de que sean plazas de grupos A o B, por razón de las funciones y por la tecnificación requerida".

Perdomo considera que "el concurso convocado tampoco respeta los principios de igualdad en el acceso", ya que "excluye a los funcionarios de carrera e interinos". Además, "es llamativo que no se valore las titulaciones superiores, ni otros cursos de capacitación que no sean de materia tributaria", ha señalado este lunes.

El consejero de Ciudadanos ha indicado también que la convocatoria tiene "visos de no respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en otros aspectos relativos a la valoración de méritos y al acceso a los puestos ofertados".

Por último, el representante de Ciudadanos ha alertado de que "se va a incumplir los plazos legales establecidos para presentar subsanación de errores", puesto que "se ha fijado para ello un plazo de cinco días naturales, cuando por ley ha de ser de 10 días".

Al respecto, Perdomo ha indicado que "no se ha declarado la urgencia para acordar la reducción de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario", por lo que "ha de respetarse el plazo establecido en el artículo 68 de la Ley de Régimen Común".