El Ayuntamiento de Arrecife ha vuelto a ser condenado por la Justicia por no contestar en tiempo y forma a la petición de licencias que afectan a bienes que estaban llamados a formar parte del futuro Catálogo de Patrimonio de la ciudad, que todavía no ha sido aprobado pese a estar en poder del grupo de gobierno formado por PP y CC desde el pasado mes de diciembre.

En este caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas también ha fallado a favor de la constructora Hormiconsa, que el 11 de enero de 2023 solicitó al Consistorio una licencia de demolición de tres inmuebles contiguos, que hacen esquina en las calles El Rubicón y Cabo Juby, en las proximidades de Manolo Millares.

Según el Catastro, uno de los inmuebles tiene 210 metros cuadrados de superficie y está levantado desde 1939, al igual que otra vivienda de 84 metros cuadrados, mientras que el tercer inmueble tiene unos 148 metros cuadrados y data de 1949.

La empresa pidió, al mismo tiempo que el permiso de derribo, una licencia de edificación, ya que su intención era derribar las antiguas viviendas y construir un nuevo edificio en su lugar, de cuatro plantas de altura, 12 pisos y 13 plazas de garaje.

El Ayuntamiento estaba presidido en aquel momento por Ástrid Pérez, en la actualidad presidenta del Parlamento de Canarias y presidenta insular del Partido Popular. Como responsable de Urbanismo, en el pasado mandato ejerció Eduardo Placeres, también del PP. En el actual mandato es asesor municipal, especialista en Hábitos Saludables y Deporte.

Sin respuesta del Ayuntamiento

La Corporación municipal no contestó a la solicitud y la empresa recurrió a los tribunales “contra la desestimación presunta”, es decir, por silencio administrativo, “de las solicitudes formuladas, para la demolición y edificación”.

La constructora solicitó que se declarase la nulidad del silencio municipal, que tenía sentido desfavorable, así como que se reconociese su “derecho” a las licencias. Por su parte, el Ayuntamiento pidió que se desestimara el recurso, “por considerar que no es posible la concesión de las licencias pretendidas, al estar los inmuebles en trámite de protección”.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, el Juzgado recuerda que “la concesión de licencia de obra es un acto de naturaleza rigurosamente reglada, ante el cual la Administración ha de proceder, bien a otorgarlo, bien a denegarlo, según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable”.

La petición de permiso de derribo y licencia de construcción se presentó en el Ayuntamiento en enero de 2023, pero no se dictó “resolución expresa”

“Así, resulta incuestionable que las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones urbanísticas, es decir, atendiendo a si las circunstancias objetivas en función de la obra que se pretende y de la zona donde se va a instalar son las adecuadas, pero, no a otras circunstancias”, añade la magistrada Olimpia del Rosario Palenzuela.

El Juzgado señala que, “en el trámite de la licencia de demolición, obran informes técnicos favorables a su concesión, pero no así en el trámite del expediente de licencia de edificación”. En cualquier caso, el Ayuntamiento capitalino no dictó “resolución expresa en ninguno de los dos expedientes”.

Según la sentencia, el Ayuntamiento sostuvo en el procedimiento judicial “que no era posible la concesión de las licencias interesadas” porque los inmuebles eran “objeto de un expediente de catalogación”.

Sin embargo, el Consistorio no aportó en el procedimiento ante el Juzgado, ya con Yonathan de León en la alcaldía, “ningún documento relativo a esta supuesta catalogación o finalidad de protección”. Tampoco “los informes técnicos que le sirvan de fundamento, ni la resolución definitiva”. “Tan solo constan unas fichas en el expediente administrativo” que no están siquiera “debidamente diligenciadas”, advierte la magistrada.

“Concesión de las licencias pretendidas”

La constructora alegó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había anulado en abril de 2014 un acuerdo del pleno de Arrecife, de agosto del año anterior, que declaraba la vigencia del Catálogo arquitectónico del Plan General de 2003 y suspendía las licencias de demolición y edificación para los bienes incluidos en un proyecto de nuevo catálogo.

El Consistorio solo aportó al Juzgado “unas fichas” del expediente del Catálogo, que no estaban siquiera “debidamente diligenciadas”, advierte la magistrada

El Juzgado resalta que aquel acuerdo municipal era “contrario” a la sentencia de febrero de 2011 que anuló el Catálogo aprobado por el Ayuntamiento de Arrecife en julio de 2008, con el socialista Enrique Pérez Parrilla en la alcaldía capitalina.

En la resolución que afecta a los inmuebles de las calles El Rubicón y Cabo Juby, la magistrada señala que “en ningún caso” se pueden entender adquiridas por silencio administrativo licencias urbanísticas en contra de la normativa y “si no procedía de modo expreso”.

Según su criterio, no se dan en este caso elementos o circunstancias que impidan la concesión de las licencias, por lo que estima el recurso de Hormiconsa, declara la nulidad del silencio administrativo y condena al Ayuntamiento “a la concesión de las licencias pretendidas”. La magistrada apostilló que contra su sentencia cabía recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Otros casos similares

Esta última sentencia no es un caso aislado en el Ayuntamiento de Arrecife. El año pasado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Las Palmas determinó que el silencio del Consistorio para un proyecto de intervención en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil en La Plazuela, uno de los inmuebles antiguos más reconocibles del centro de la ciudad, debía ser considerado positivo a la autorización urbanística.

De forma más reciente, el Juzgado de lo Contencioso número cuatro fallaba también en contra del Ayuntamiento, que había mantenido silencio ante la solicitud de licencia de derribo de dos edificaciones en la calle Luis Morote, también propuestas para ser incluidas en el futuro Catálogo de Patrimonio. En estos dos casos mencionados, al igual que en los inmuebles de las calles El Rubicón y Cabo Juby, la parte demandante ha sido la constructora Hormiconsa.