El promotor Luis Lleó, para el que la Fiscalía solicita una pena de prisión de seis años de cárcel por un delito de soborno, ha reconocido “de forma expresa” en un escrito dirigido a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial los hechos de los que se le acusa.

El caso Unión, que estalló en 2009, arrancó por una denuncia del entonces consejero Carlos Espino acerca del intento de soborno de Lleó, a través de otro empresario, Fernando Becerra, que sí había reconocido ya el delito.

El objetivo de Lleó era desbloquear la situación de la pieza de suelo conocida como Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca. El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le había concedido licencia para construir mil viviendas, que fue impugnada por el Cabildo en los tribunales y declarada ilegal.

En el escrito dirigido a la Audiencia Provincial, con el que pretende alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y que no se celebre el juicio, Lleó señala admite “los hechos objeto de acusación”, sin perjuicio de que tenga que efectuar una “ratificación personal” ante el órgano judicial.

Como consecuencia de ello, también desiste “de todas y cada una de las cuestiones previas planteadas, así como de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales”. A través de una maraña de procedimientos, Lleó ha intentado durante años, sin éxito, que se anulara la causa.

La situación de Lleó era muy complicada: en la última sentencia del caso Unión, relativa a la trama de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife, la propia Audiencia Provincial había vuelto a validar la instrucción del juez Pamparacuatro y, de forma específica, las grabaciones y la autorización para las intervenciones telefónicas y sus prórrogas.

Además, el otro acusado en esa pieza del caso Unión, el empresario Fernando Becerra, había reconocido con anterioridad los hechos delictivos, por lo que aparte de todas las pruebas en su contra, se contaba en el juicio con la confesión del otro procesado.

“Ante el reconocimiento de hechos se interesa” que “se convoque a las partes a la celebración de una vista, sin necesidad de continuar con la tramitación del proceso y el señalamiento y formación del jurado”, añade Lleó en su escrito, fechado el 1 de octubre.

Además, asume “hacer frente a las responsabilidades pecuniarias” que se le puedan imponer, por lo que “deja anunciado que antes de la celebración de la vista interesada se procede a consignar cantidades económicas”. En principio, la Fiscalía pedía una multa de un millón de euros.