La extensa red de desvío de fondos del Gobierno de Guinea Ecuatorial también blanqueó dinero en Lanzarote. Así lo considera la jueza Ana Isabel de Vega, que ha concluido la investigación, aprecia indicios sólidos de que la familia Kokorev canalizó más de 100 millones de euros supuestamente sustraídos de las arcas guineanas y detalla dos movimientos para el presunto blanqueo de capitales que tienen como epicentro un complejo turístico de Costa Teguise.

La jueza destaca que el matrimonio formado por Vladimir Kokorev (al que Anticorrupción solicita ocho años de cárcel) y Julia Maleeva desarrolló entre los años 1991 y 2011 “operaciones ilegales” o “clandestinas” de venta de armas al Gobierno de Guinea Ecuatorial que produjo “un trasvase de dinero de más de 450 millones de euros”.

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El modus operandi consistía en vender por encima de su precio armamento militar al Gobierno de Guinea Ecuatorial y “ocultar los pagos que realizaban a las autoridades militares y funcionarios guineanos, quienes participaban en esos sobrecostes”, aumentando de forma ficticia la facturación en los contratos.

La jueza apunta que tanto funcionarios como altos cargos militares presuntamente cobraban comisiones por “desviar fondos del Estado guineano”, entre los que cita a tres familiares y a un asesor del presidente Teodoro Obiang.

La familia Kokorev, para tratar de ocultar las ganancias de la venta ilegal de armamento y de “inflar el precio realmente pagado” a los fabricantes en Ucrania, utilizó al abogado Juan José Arencibia, que a partir de 2004 “ideó” un “entramado societario” de empresas instrumentales, con compañías “sin actividad real ni empleados” para esconder “la procedencia de esas millonarias ganancias” obtenidas de forma ilícita.

La jueza pone un ejemplo concreto relacionado con el presunto blanqueo en Lanzarote: para “dar legalidad” a la entrada de 4,6 millones de euros, “se aparentó la compra de dos yates” a la empresa SJ Marine, cuando lo que ese dinero “enmascara” es la ganancia obtenida por el contrato militar para construir dos corbetas militares Halcón KA-5000 por un importe total de 23,8 millones de dólares.

Esos fondos, explica la jueza, “finalmente se traspasaron” a la empresa Phase Invest que, en enero de 2006 y representada por Julia Maleeva, “adquirió de la entidad Sands Beach Resort 10 apartamentos”.

“Asimismo”, añade la jueza instructora, “para dar legalidad a esos traspasos de fondos entre las empresas que conformaban el entramado empresarial, se utilizaron ficticios contratos de préstamo entre empresas”.

Préstamo sospechoso

Otra operación que detalla la jueza en el auto es un contrato de préstamo por parte de Sands Beach Resort a la citada Phase Invest, por importe de 2,2 millones de euros. Ese dinero, “previamente”, había sido recibido de la empresa SJ Marine Company, en la cuenta Nordea Bank de Dinamarca, “donde se trasladaban los fondos recibidos del Estado guineano, por la compra del material militar”, que a su vez fue “enmascarado a través de un ficticio acuerdo de consultoría y asistencia técnica” entre la sociedad SJ Marine Company con las empresas Trout Investment y la venta de acciones de Prelang Holding.

La jueza resalta que el entramado de empresas utilizado estaba compuesto, en muchos casos, por sociedades constituidas en territorios con fiscalidad relajada, como Delaware, en Estados Unidos, o las Islas Vírgenes británicas. En el entramado la jueza también incorpora a las mencionadas empresas Phase Invest SL y Sands Beach Resort SL, y a una más (Kuralee Holdings), que guarda relación estrecha con la última de ellas.

De hecho, Kuralee Holdings figura en bases de datos mercantiles como socio único de Sands Beach Resort cuando comienza sus operaciones en el año 2004. En ese mismo año es nombrado apoderado de la empresa el investigado Juan Arencibia Rodríguez, que se mantuvo en el puesto hasta 2008.

Cambio de propiedad

Precisamente en 2008 se produjo un cambio en la administración y en la propiedad, asumida por el conocido empresario turístico Juan Carlos Albuixech y un socio, quienes tuvieron que asumir una deuda con la Agencia Tributaria generada por los anteriores responsables de la compañía. El complejo turístico ubicado en Costa Teguise, junto a la playa de Los Charcos y con una laguna interior, se ha reconvertido en un establecimiento enfocado al turismo deportivo.

La sociedad que la jueza del caso Kokorev vincula a presuntas operaciones para ocultar fondos ilícitos extraídos del Gobierno de Guinea Ecuatorial, antes del cambio de propiedad, se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde junio de 2017.

Desde agosto de ese año, Sands Beach Resort inició el trámite para asumir todo el patrimonio de otra sociedad, SBV Management, que había tenido como administrador una empresa vinculada al abogado Juan Arencibia.

En julio del año pasado, el juez Guillermo Fernández, del Juzgado de lo Mercantil número dos de Las Palmas, dictó “la apertura de la fase de liquidación” de la empresa Sands Beach Resort, su “disolución” y “el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por los administradores concursales”.