La familia del árbitro Julio Caraballo, que sufrió una muerte súbita en mayo de 2025 y se encuentra desde entonces ingresado en el Hospital José Molina Orosa, ha registrado una solicitud ante la Diputada del Común para que atienda su caso.

El paciente tiene una dependencia casi total pero “ha mostrado cierta mejoría en la espasticidad [un trastorno motor caracterizado por la rigidez del cuerpo] y ha recibido tratamiento de logopedia y fisioterapia, si bien éste ha resultado claramente insuficiente para sus necesidades”.

El SCS le dio el alta hospitalaria en noviembre de 2025, aunque sigue en el Molina Orosa, y la intención es enviar a Julio, de 39 años, a una residencia de mayores

El Servicio Canario de Salud procedió a otorgarle el alta hospitalaria en noviembre de 2025, aunque continúa en el Hospital Doctor José Molina Orosa y propone su derivación a un recurso sociosanitario no especializado, a una residencia de personas mayores en Lanzarote.

La familia entiende que esta propuesta no es adecuada tanto por la edad del paciente, que tiene 39 años, como por la naturaleza de su patología, “al tratarse de un caso de daño cerebral adquirido que requiere atención especializada en neurorehabilitación intensiva”.

En la solicitud destacan que en agosto de 2025, “mediante informe clínico de consultas externas, se reconoce la indicación de rehabilitación neurológica y motora”, quedando el paciente “pendiente de evolución neurológica”.

También señalan que “desde su ingreso, el paciente ha experimentado mejorías espontáneas, lo que evidencia el potencial beneficio de un tratamiento rehabilitador adecuado, pudiendo influir de forma determinante en su evolución funcional y calidad de vida futura” y piden su derivación a un centro especializado en neurorehabilitación de referencia, como el Instituto Guttmann de Badalona.

La familia solicita que se revise la decisión adoptada respecto al alta hospitalaria y el destino asistencial del paciente, y que se le traslade a un centro especializado en neurorehabilitación

La familia solicita que se revise la decisión adoptada respecto al alta hospitalaria y el destino asistencial del paciente, se le traslade a dicho centro especializado en neurorehabilitación y se adopten las medidas necesarias para asegurar una atención sanitaria adecuada “que maximice sus posibilidades de recuperación y calidad de vida”.

Consideran que la derivación a un recurso no especializado no solo resulta inadecuada, sino que podría constituir una vulneración del derecho a la protección de la salud, “al no garantizar la atención que el estado clínico del paciente requiere según criterios médicos”.