La Fiscalía de Las Palmas solicita seis años de prisión para el abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, así como para el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes y para el ex secretario interventor de Yaiza Vicente Bartolomé, y otros cinco años y medio para Antonio Fernández, que sustituía a este último en ocasiones.

El caso, que tramita el Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife y que juzgará la Audiencia provincial, nace como pieza separada del caso Yate. En ese procedimiento, la Fiscalía acusaba a Camero de ser el cerebro de la trama jurídica para conceder licencias a los hoteles, que luego fueron anuladas, mientras que él negó que fuera asesor jurídico del Ayuntamiento y alegaba que sólo cobraba por su asistencia letrada en varios procedimientos.

No obstante, Camero cobraba una cantidad mensual sin justificar, además de las irregularidades que ha detectado la Fiscalía en su contratación para los pleitos. Este abogado, imputado también en el caso Unión, cobró casi un millón de euros de Yaiza, de forma personal o a través de su sociedad Adelfas 24, entre los años 1996 y 2012.

Según el fiscal Ignacio Stampa, el caso supone “una arbitraria expoliación de fondos públicos”, ya que “los acusados crearon la ficticia apariencia de que se prestaban servicios de asesoramiento jurídico por parte del acusado, simulando que se adjudicaban mediante adjudicación directa o contrato menor.

También acusa a José Francisco Reyes, Vicente Bartolomé y Antonio Fernández por malversación de caudales públicos por contratar al abogado sin expediente

Durante todos años no hubo en esos pagos ni expedientes de contratación ni acuerdo escrito para efectuarlos, no se concretó el objeto del contrato o servicio, ni su idoneidad, ni se determinó el beneficiario de dicho supuesto servicio de asesoramiento, ni se fijó la duración del contrato ni las necesidades que se pretendían cubrir, ni la conveniencia de que se contratara a ese abogado y no a otro. Tampoco hubo propuesta de gasto ni retención de créditos. Además, el precio lo fijaba “arbitrariamente” el propio Camero.

También, asegura la Fiscalía, que se fraccionaban los pagos para evitar la libre concurrencia y que la cuantía de los pagos realizados excedía de los límites legales anuales para los contratos menores o por adjudicación directa.

Además, en ningún caso se registraban las minutas pasadas al cobro y que eran abonadas, con el fin de facilitar la opacidad de las operaciones. A todo esto hay que sumar que Camero no podía contratar con el Ayuntamiento de Yaiza, puesto que era incompatible con su cargo de secretario del Ayuntamiento de Arrecife, del que fue destituido precisamente por ejercer la abogacía sin solicitar la compatibilidad.

“Corrupto proceder”

En esta trama, según el fiscal, Camero actuaba “como pleno organizador de tal corrupto proceder en el seno del Ayuntamiento de Yaiza, dando instrucciones a los otros tres acusados sobre la forma, el momento y las cuantías que se le debían abonar, disponiendo por su mero capricho y ansia dineraria de los caudales municipales”.

Por su parte, el ex alcalde José Francisco Reyes firmaba los documentos contables de aprobación del gasto y autorización del pago sin que se acreditara en modo alguno el cumplimento o prestación del ambiguo servicio consignado en las minutas, mientras que Bartolomé y Fernández “incumplían las más básicas obligaciones fiscalizadoras y de control de la legalidad del gasto público, permitiendo en todo caso el cumplimiento de las órdenes del alcalde”.

“Desmedido ánimo económico”

Además del procedimiento anterior, Camero instauró en ese Ayuntamiento “otra forma de satisfacer su desmedido ánimo económico en perjuicio de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Yaiza”, mediante la adjudicación a sí mismo de la dirección letrada en múltiples pleitos. Tampoco se tramitó ningún expediente de contratación para la adjudicación o encomienda “de ni uno solo de los procedimientos judiciales” y se abonaron a Camero “dietas, gastos de asistencia y taxis sin atribución a contrato o servicio concreto facturado”.

Por asesoramiento, Fernández camero cobró unos 230.000 euros, en casi 250 pagos distintos, y por los pleitos, 741.000, todos ellos “sin control fiscalizador alguno, más allá de la consignación de algunos datos a efectos contables”.

El fiscal hace una relación pormenorizada de todos los pagos y considera que los acusados cometieron los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, así como falsedad en documento oficial y mercantil. También pide que indemnicen al Ayuntamiento con 115.00 euros (Fernández), 311.000 (Camero), 726.000 (Bartolomé) y 839.000 (Reyes).