La factura del agua no subirá en Lanzarote... de momento. Después de la última asamblea del Consorcio Insular del Agua, celebrada a principios del mes de mayo, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, anunciaba que no iba a subir el precio del agua. Así lo había decidido la asamblea apoyándose en un informe del Grupo de Trabajo de la Comisión de Precios de Canarias de marzo de este año, aprobado por unanimidad, elevado al pleno de dicha Comisión y que finalmente se tradujo en una resolución del viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno canario, Felipe Afonso El Jaber. Esa resolución rechaza la modificación de las tarifas propuestas por el Consorcio, en base a la petición de Canal Gestión Lanzarote.

La Comisión de Precios es un órgano colegiado integrado en la Consejería de Industria, Comercio y Consumo. Por esa comisión deben pasar obligatoriamente las actualizaciones de precios del agua y de otros servicios públicos, como el taxi. En el caso del agua de Lanzarote, Canal Gestión propone la subida, el Consorcio la eleva a la Comisión y esta la acepta, o no, como acaba de ocurrir. La cláusula quinta del contrato firmado entre Canal y el Consorcio en 2013 dice lo siguiente: “El precio de este contrato será objeto de revisión en el cuarto año de concesión (2016). La fórmula de revisión de precios será: IPC (Índice de Precios al Consumo) más uno por ciento”. Eso es todo. No dice más.

Desde la firma del contrato no se ha aplicado nunca. No ha habido subida. El Consorcio del Agua de Lanzarote, bajo la presidencia de CC, tenía que haber iniciado esa actualización de las tarifas en el año 2017. Pospuso la decisión, inició el proceso en 2018 y lo retiró unos meses más tarde, en pleno año electoral, alegando “razones de oportunidad”.

El Consorcio interpretaba que se debían actualizar los precios sobre la base de los costes de producción y no sobre las tarifas, lo que daba como resultado una subida inferior, pero tampoco planteó la subida en base a su propia propuesta. Lo que hizo Canal Gestión fue llevar el asunto a los tribunales, hasta que en 2021 la sentencia, que estima parcialmente su demanda, se hace firme.

El pleito se centraba en las subidas correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 y la sentencia es firme después de que el Tribunal Supremo inadmitiera en enero un recurso de casación presentado por el Consorcio del Agua de Lanzarote. La sentencia da la razón a Canal en cuanto al cómputo de la subida; debe hacerse en función de las tarifas, no de los costes. Pero también da la razón a las acciones llevadas a cabo ahora por el Consorcio.

Canal Gestión ha hecho dos cosas. Por un lado, ha recurrido la resolución administrativa de la Comisión de Precios, y por otro, ha solicitado al Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas que se ejecute la sentencia y se actualicen las tarifas no solo hasta 2019, sino hasta el año 2023. Canal considera que “hasta que no perciba la remuneración pactada, no podrá entenderse como ejecutada la sentencia en sus propios términos”.

En un auto del mes de marzo, dentro de ese incidente de ejecución de sentencia, la jueza no satisface del todo a ninguna de las dos partes. Por un lado señala que la sentencia solo habla de las subidas hasta el año 2019 y por otro dice que la ejecución de la sentencia “exige que la Administración apruebe unas tarifas y que estas sean sometidas a la Comisión de Precios de Canarias, para que exista una cantidad líquida, vencida y exigible, de la que es acreedora la ejecutante, resultando acreditado que se ha remitido comunicación a dicha Comisión, aunque se desconoce su contenido”.

La Comisión deberá analizar cada año y proponer una subida equilibrada

La jueza requiere al Consorcio a que le informe, mensualmente, “del estado de tramitación de la revisión de precios respecto de los ejercicios 2017 a 2019, ambos inclusive, sin perjuicio del derecho de la ejecutante de reclamar por los ejercicios ya vencidos”.

“Lo que hicimos en la asamblea es ejecutar la sentencia, que dice que se han de seguir los pasos que fija el contrato, que es someter los precios a la Comisión de Precios de Canarias”, señala Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote. El caso es que, lo dijera o no el contrato, es un trámite obligatorio, aunque hasta ahora no se había hecho. Además de la actualización de los años 2017 a 2019, el Consorcio le ha planteado ahora a la Comisión de Precios la subida del resto de los años, incluido 2024.

La Comisión deberá analizar cada año por separado y proponer una subida que considere equilibrada entre los ingresos de la compañía de aguas y el precio al que vende el agua a los usuarios. “La subida tiene que estar justificada”, señala Cejas.

Antecedente

Para saber lo que puede pasar se puede echar un vistazo a lo que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, donde el agua también lo gestiona una empresa privada, en este caso Emmasa. La empresa solicitó al Ayuntamiento una subida de las tarifas del ocho por ciento alegando pérdidas y “para reequilibrar la concesión” y el Ayuntamiento trasladó esa petición a la Comisión de Precios de Canarias, que concluyó que con una subida del 2,5 era suficiente.

La Comisión hizo números y concluyó que con esa subida se arrojaría un superávit de 7.295 euros, suficiente para equilibrar el resultado económico previsto. “Parece más lógico considerar, en vez de los costes solo del servicio de abastecimiento, los costes totales de la concesión, valorando también los ingresos que producen los servicios complementarios, y así evitar la asignación más o menos discrecional de determinados costes a cada uno de los servicios; pero valorando también en paralelo los atribuidos exclusivamente al servicio de abastecimiento”, decía la Comisión. Finalmente, en enero de este año, se aplica la subida del 2,5 por ciento.

En este caso puede pasar algo similar, aunque cada año es distinto. Entre 2017 y 2019, el beneficio bruto de explotación de Canal Gestión fue positivo. Ese beneficio no tiene en cuenta los gastos financieros, y Canal Gestión va a sostener que en los cinco primeros años de la concesión gastó más de 100 millones entre el canon y las inversiones, por lo que el resultado no se puede considerar positivo. Con estos números, la Comisión podría concluir que la subida no puede ser muy alta. Sin embargo, cuando empiece a analizar las cuentas a partir de 2020, la conclusión puede ser otra, porque las pérdidas fueron mayores. En las cuentas de 2023, Canal Gestión declaraba una pérdidas de 28 millones en solo dos años.

En una respuesta ante la Asamblea de Madrid, la empresa matriz dice que “las causas de esos malos resultados registrados en los tres últimos ejercicios son coyunturales” y se han debido fundamentalmente a tres circunstancias: la crisis derivada del Covid con la consiguiente reducción de turistas en la Isla, el aumento del coste de la energía eléctrica y el hecho de que no se haya aplicado la subida de las tarifas pactada cuando se otorgó la concesión a la empresa en el año 2013.   

Canal también solicitaba en su demanda una compensación por el posible desequilibrio económico de la concesión y, según sus cálculos, la subida para 2017 debía haber sido del 2,3 por ciento, en 2018 del 2,1; en 2019 del 2,4: en 2020 del 1,4; en 2021 del 0,9 y en 2022 del 6,8 por ciento.

Papel mojado

Con estos mimbres, si la subida finalmente la marca la Comisión de Precios y depende del equilibrio con las ganancias de la adjudicataria, la actualización pactada entre el Consorcio y Canal sería papel mojado. Pero tampoco es tan fácil. La subida que se firma en 2013 se refiere al “precio del contrato”. No habla del precio de las tarifas ni de lo que pagan los usuarios. Es decir, si la resolución de la Comisión de Precios es inferior a las pretensiones de Canal, la empresa va a seguir peleando por la diferencia defendiendo la subida firmada a su llegada a la Isla. 

Para saber lo que puede pasar se puede echar un vistazo a Santa Cruz de Tenerife

En las cuentas de Canal Gestión Lanzarote de 2022 se refleja una deuda de más de 12 millones a pagar por el Consorcio a Canal por esa sentencia firme sobre las tarifas, a los que habrá que sumar los intereses.

El anterior grupo de gobierno, del PSOE, no llevó a la Comisión de Precios la actualización de las tarifas, pero en 2022 pagó 1,5 millones de euros a Canal Gestión, aunque nunca dio explicaciones públicas de este hecho. El pago era en concepto de “entrega a cuenta del incremento de tarifas reclamado”.

Cejas, el actual consejero, dice que “el anterior grupo de gobierno no quiso llevar la actualización por miedo a que la comisión dijera que había que subir el precio” y que “es increíble es que pagara esa cantidad como reconociendo ya una deuda” cuando la sentencia no contempla ninguna cantidad concreta. También señala que “estaba todo preparado para pagar tres millones más en 2023”, cuyo pago finalmente se frenó  por esa razón, porque la deuda no está fijada.

El caso es que, aunque la cantidad no esté fijada, la sentencia es firme. Canal querrá cobrar, vía tarifas o por pago directo del Consorcio, como el citado abono de 1,5 millones. Esta fórmula no la pagan los ciudadanos de forma directa pero sí de forma indirecta ya que se abonaría o bien con un crédito o bien con fondos de los beneficios que obtiene ahora Inalsa por la explotación de los parques eólicos. Si el Consorcio asume así la deuda, asume la subida de todos los abonados: de los que pagan mucho y de los que pagan poco, del agua doméstica y del agua industrial.

Actualmente, el precio del agua industrial soporta en parte el precio de la doméstica, porque el pago de 0,60 euros que se hace ahora en el primer tramo está por debajo de lo que cuesta la producción y distribución de agua. La subida acumulada en todo este tiempo podría suponer que el precio del agua deberá incrementarse al menos un 25 por ciento respecto a lo que pagan hoy los usuarios.